Además, se dispuso no hacer lugar ni al pedido de sobreseimiento de tres de las defensas ni a la oposición a la elevación a juicio. La fiscalía podrá seguir con el tramo de la causa que involucra la posible participación de otras personas en la trama delictiva.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Paula González, elevó a juicio oral la causa contra 14 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los imputados están involucrados en la causa por el homicidio de Lucas González, la tentativa de muerte de sus tres amigos y el procedimiento ilegal para ocultar lo ocurrido. La decisión va en línea con lo que había solicitado el responsable de la Fiscalía Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella.
La magistrada dispuso no hacer lugar ni al pedido de sobreseimiento que habían planteado tres de las defensas ni a la oposición a la elevación a juicio. El tramo que involucra a los 14 policías será sorteado para que se defina el tribunal oral en lo criminal y correccional que intervendrá en el debate. La investigación seguirá a cargo de la fiscalía en lo que involucra a aquellas personas que tienen actualmente falta de mérito y sobre las que corresponde que se profundice al respecto de su responsabilidad.
De acuerdo a la resolución, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -que prestaban funciones en la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- persiguieron desde un auto marca Nissan modelo Tiida a otro vehículo, donde viajaban Lucas González y sus tres amigos la mañana del 17 de noviembre del año pasado.
“En dicha ocasión, los efectivos policiales intentaron interceptar a los adolescentes a los fines de detener su marcha colocando el automóvil frente a ellos para impedirles el paso”, había marcado el fiscal en su requerimiento, tramo que fue resaltado por la jueza. “Posteriormente y sin identificarse, habrían descendido del mismo dirigiéndose hacia los jóvenes, los que presumiblemente sintieron temor ante la posibilidad de que se tratasen de ladrones que intentaban asaltarlos”, se resaltó.
“Tras ello, los cuatro jóvenes avanzaron a bordo del vehículo Suran por la Avenida Iriarte, en tanto los agentes mencionados abrieron fuego contra éstos, efectuando disparos en dirección al vehículo de mención, provocando la muerte de uno de los jóvenes e intentando dar muerte a los restantes tres con alevosía (aprovechando la indefensión de las víctimas y la intención de los autores del hecho de obrar sin riesgos)”, sostuvo la fiscalía al momento de solicitar la elevación a juicio.
Por este motivo, el fiscal Gomez Barbella había considerado que Issasi, López y Nieva debían ir a juicio como coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial, en perjuicio de Lucas González”; y “tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.
Además de repasar las acusaciones contra estos tres efectivos, la jueza González repasó la responsabilidad que se les endilgó a los otros once policías involucrados en el expediente.
El comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar; el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca fueron enviados a juicio como coautores de los delitos de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”. Además, Cueva e Inca fueron acusados como coautores de “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.
“Los nombrados alteraron los rastros y pruebas del delito que cometieron Juan José Nieva, Fabian Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi, en el hecho acaecido en el mencionado procedimiento en la Avenida Iriarte a metros de la Avenida Vélez Sarfield de esta Capital, al arribar inmediatamente e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un ‘enfrentamiento’, colocando para ello un arma de utilería ‘plantada’ en el interior del rodado Volkswagen, modelo Suran”, había marcado el fiscal en su requerimiento que fue repasado por la jueza en su fallo.
Además, se recordó que se los acusa de haber aplicado “tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos” a los adolescentes. A dos de los amigos se los tildó de “villeritos” que “debían recibir un disparo en la cabeza”.
“Los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados, sin intervención judicial alguna y durante más de siete horas entre las 12.30 hs y las 19.40 horas dentro de un patrullero de la Policía de la Ciudad -y en total por más de 10 horas en el sitio del procedimiento sufriendo tratos denigrantes e inhumanos, denotando un significativo odio racial hacia los mismos”, se había indicado.
Los procesamientos de todos los involucrados fueron confirmados por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en distintas intervenciones entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. “La intervención del Superior que avaló las decisiones impone considerar acreditada para esta instancia, al menos con la provisoriedad que la caracteriza tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad que le cupo a los imputados”, resaltó la jueza.
Para la magistrada González, tanto la postura de las defensas como la del Ministerio Público Fiscal y las querellas “deben enfrentarse en la siguiente etapa donde en un juicio guiado por los principios de oralidad, publicidad e inmediatez podrá determinarse el real acontecimiento de lo sucedido, pues hasta aquí la finalidad de las pruebas tenía por objeto acreditar prima facie la existencia del hecho y la responsabilidad de los presuntos autores”.
Además de clausurar esta etapa de la investigación, el juzgado hizo foco en que la fiscalía podrá seguir con el tramo de la causa que involucra la posible participación de otras personas en la trama delictiva.
Fuente: Fiscales.gob.ar
