El fallo judicial ordenó al municipio de Lobos garantizar condiciones óptimas en el servicio potable. La comunidad celebra un logro que consideran clave tras años de lucha. Por Juan Manuel Meza
La ciudad de Lobos – una región agropecuaria a 100 km de Buenos Aires – fue escenario de una noticia que trajo alivio para sus vecinos. Tras cinco años de reclamos, marchas, análisis científicos y litigios, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata emitió un fallo que obliga al municipio a garantizar a la comunidad agua potable libre de agrotóxicos y con niveles de arsénico por debajo de los 10 microgramos por litro. La resolución judicial emitida el 22 de julio tiene alcance general y deberá cumplirse antes del 20 de agosto, incluso si el municipio decide apelar.
El camino hasta esta decisión no fue corto ni sencillo. Lo que comenzó como una denuncia vecinal por fumigaciones sin control se transformó en un proceso judicial que visibilizó una problemática que golpea a muchas zonas rurales, tratándose de la contaminación del agua y del ambiente como consecuencia del modelo agroindustrial basado en agrotóxicos.
El caso
“El reclamo comenzó en el 2020 después de un episodio de fumigación en el campo de al lado, que fue bastante traumático”, recordó Florencia Polimeni, una de las vecinas amparistas que desde entonces impulsa este reclamo. “Nosotros vivimos en el campo y somos productores agroecológicos. Frente a esa situación, empezamos a contactarnos con otros vecinos de Lobos que también sufrían fumigaciones”, agregó.
Lo que vino después fue una organización comunitaria que, lejos de quedarse en el plano de la protesta, se propuso generar pruebas. “Decidimos empezar a hacer estudios, análisis de tierra, de agua, de materia orgánica para ver efectivamente cuál era el impacto que esto estaba teniendo en el lugar que habitábamos”, relató.
Los resultados de esos estudios causaron preocupación, debido a que se hallaron 18 tipos de agrotóxicos en el ambiente y niveles preocupantes de arsénico en el agua. “Llovían agroquímicos. Había en la plaza, en el agua de la canilla, en los pozos, en la laguna”, detalló Florencia.
Desoídos por las autoridades municipales, según afirmó Florencia, recurrieron a la Justicia. En 2021 presentaron un amparo con el patrocinio de los abogados Sabrina Ortiz y Fernando Cabaleiro. El tribunal ordenó entregar agua potable a los amparistas y a instituciones públicas, además de realizar análisis periódicos. Pero el municipio no cumplió.
En octubre de 2022, ante la inacción, la Justicia impuso una multa de 25 mil pesos diarios al intendente Jorge Etcheverry de Juntos por el Cambio. Recién tras 13 meses de incumplimiento, comenzaron a distribuir algunos bidones de agua, de acuerdo a la información brindada por los vecinos. Paralelamente, los lobenses promovieron un estudio epidemiológico en 2023 que detectó glifosato en la orina del 15% de los casos analizados. En 2024, otro estudio reveló daño genético en el 20% de esas personas.
Antecedentes
Cabaleiro, especialista en Derecho Ambiental y uno de los abogados que encabeza el reclamo judicial, consideró que el fallo “consolida este planteo que se hace desde los pueblos fumigados y de las asambleas que luchan por el acceso al agua potable”. Destacó también que la sentencia se apoyó en antecedentes similares de otras localidades como Alberti y 9 de Julio, y que abrió la puerta a un nuevo nivel de exigencia judicial: “La responsabilidad legal concreta del municipio es entregar agua a todos los vecinos en un contexto en el que ya venía incumpliendo”.
De persistir el incumplimiento, adelantó, el caso podría escalar a la justicia penal. Además, señaló que los fondos de la multa impuesta al municipio deberían destinarse a construir una planta potabilizadora de pequeña escala. A su vez, anunció que apelarán ante la Suprema Corte para avanzar con el pedido de zona de exclusión de fumigaciones a más de 1.095 metros de los centros poblados.
Salud en riesgo
Nicolás Olalla, biólogo y vecino de Lobos, advirtió sobre la situación de vulnerabilidad de la población. Resaltó que los plaguicidas detectados son disruptores endócrinos, capaces de causar problemas de desarrollo, fertilidad, cáncer y enfermedades autoinmunes. En su análisis, la situación en Lobos configura una verdadera emergencia sanitaria.
Los datos de la investigación del biólogo coinciden con la investigación de la agencia especializada de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que en 2018 manifestó que en muchos países “la mayor fuente de contaminación del agua es la agricultura y no las ciudades o la industria”.
En 2023 otro relevamiento realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la de la Universidad Nacional de Rosario, hizo referencia a una conexión directa entre las fumigaciones con agrotóxicos y el cáncer.
El biólogo, además, alertó sobre el impacto ecológico. “Existen registros de mortandades de peces en la laguna de Lobos. Se observan deformaciones en las hojas de árboles en el casco urbano, síntomas de la deriva de agroquímicos. Es el aire que se respira en cualquier pueblo fumigado”, subrayó y puntualizó sobre esta exposición: “Hay estudios que demuestran que el daño genético se reduce al establecer una distancia de protección de 1095 metros contra las fumigaciones”.
La sentencia judicial puede marcar un antes y un después para Lobos, pero también puede repercutir en otros pueblos de la provincia y del país, según coincidieron Florencia, Nicolás y Fernando. De esta manera, los vecinos de Lobos apuestan a convertir su experiencia en un faro para otras comunidades, porque, como repiten en cada intervención “el agua es un derecho, y la vida no se negocia”.
Fuente: Página/12
