Millones de litros de agua con cianuro, cinco ríos contaminados y miles de habitantes de San Juan con miedo, y ningún responsable condenado. El rol de la empresa Barrick Gold, los gobiernos de San Juan y Nacional, y el Poder Judicial. Carolina, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, advirtió sobre las consecuencias de la megaminería y pidió defender el agua, la vida y el territorio.
La noche del 13 de septiembre de 2015 comenzó a circular un mensaje de WhatsApp por los teléfonos celulares de los vecinos de Jáchal, en el norte de San Juan. El texto alertaba sobre “un derrame de 15.000 litros de cianuro y mercurio” de la mina Veladero “directamente al río”. Afirmaba que “los empleados de la mina no pueden decir nada” y que el gobernador José Luis Gioja y la Policía Minera ya tenían conocimiento. El mensaje predecía que “seguramente la población será la última en enterarse” y recomendaba, todo en mayúsculas, no utilizar agua de la canilla.
“Nosotros ya veíamos, desde el momento en que se instaló la Barrick en la mina Veladero. Sosteníamos que se iba a producir contaminación, por los antecedentes de la empresa y porque la megaminería juega con la vida de los pueblos a costa de llevarse todo”, recordó Carolina, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en el programa El camino más largo.
Haciendo alusión al contexto de crisis que atravesaba la Argentina en 2001, con más del 46% de la población bajo la línea de pobreza, cuestionó que “preparan el panorama para que los pueblos dependan únicamente de la megaminería”. “La cosecha de diferentes productos no valía, venía esto como algo nuevo, encandilando con que iba a ser el pleno desarrollo, el pleno empleo. Ese es el discurso con el cual engañan a la gente”, aseveró.
Desde ese momento, señaló, vecinas y vecinos comenzaron a organizarse para advertir a la comunidad sobre las consecuencias que el extractivismo traería a su pueblo. No obstante, el mayor desastre ambiental sobrevino, y había ocurrido el 12 de septiembre de 2015.
La propia empresa Veladero, de las multinacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China), terminó por reconocer el derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada. Sin embargo, un informe firmado por empleados de la propia empresa consigna el vertido de 4.680 metros cúbicos, es decir, 4.680.000 litros de solución con cianuro y mercurio. Como consecuencia, cinco ríos resultaron contaminados: Potrerillos, Jáchal, Blanco, La Palca y Las Taguas, y el dique Cuesta del Viento. Se trató del mayor derrame de efluentes mineros conocido en la historia argentina.
“Era una crónica anunciada que iba a producirse un derrame. Son muy crueles y perversos”, lamentó la integrante de la asamblea al tiempo que subrayó: “Te contaminan el agua a costa de un puestito de trabajo que dura tres meses y, lamentablemente, la contaminación dura para toda la vida”.
Impunidad
Una década después, el hecho sigue impune. Casi siete años pasaron desde que un juez federal elevó a juicio dos causas que involucran a seis funcionarios nacionales. La jueza a cargo, María Servini, nunca fijó fecha para las audiencias, pero sí tuvo tiempo para declarar prescrito el hecho. Hoy, las causas aguardan en otro despacho que se resuelva la apelación. A nivel provincial, otra causa fue dormida y dejó sin comprobación la inocencia o culpabilidad de ocho empleados de la minera. Ni funcionarios provinciales ni autoridades de Barrick Gold quedaron ligados a ninguna causa.
“Nosotros, como asamblea, exigimos los análisis permanentes de agua y hace dos años no los tenemos porque el intendente Matías Espejo, con presupuesto dado por ordenanza municipal para hacer un muestreo de las condiciones del agua que toma Jáchal, no lo quiere hacer”, denunció Carolina. “No les importa nada que la población esté consumiendo agua, sorbo tras sorbo, contaminándose”, aseveró.
Dos juicios en suspenso y siete años de espera
En octubre de 2018, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, elevó a juicio la causa N°10.049/15 que tiene como imputados a Sergio Lorusso (secretario de Ambiente de la Nación al momento del hecho), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería de la Nación). Todos deberán responder por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en una de las dos causas federales por el derrame.
Meses antes, en junio de 2018, el mismo juez había elevado a juicio la causa N°16.156/16, que tiene como imputados a Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso (ex secretarios de Ambiente de la Nación) y Ricardo Villalba (ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales -Ianigla-), por abuso de autoridad al incumplir la Ley Nacional de Glaciares y la Ley General del Ambiente.
Casi siete años después de las elevaciones a juicio, el 30 de mayo de este año, la jueza María Servini, al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, declaró la prescripción de las causas y el consecuente sobreseimiento de los imputados.
El abogado Enrique Viale, que representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca, constituida en querellante, señala que la noticia cayó como un mazazo. La Asamblea de Jáchal denunció en un comunicado que, detrás de la decisión de Servini, está la mano del “lobby de la Barrick Gold, a quien este juicio le molesta mucho porque ahí se ventilarán las ilegalidades que comete la mina Veladero”.
La querella apeló ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal para revertir la medida y sentar en el banquillo a los acusados. Ahora, son los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar quienes deben decidir si las causas llegan finalmente a juicio.
La trampa de la justicia provincial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en mayo de 2016, dividir las causas iniciadas por el derrame de Veladero. Ordenó que el Juzgado Federal investigara a los funcionarios nacionales, mientras que el Poder Judicial provincial debía hacer lo mismo con los funcionarios sanjuaninos y los empleados de la empresa.
Esto determinó que una causa cayera en manos del juez de Jáchal, Pablo Oritja. Aunque su deber era investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y de funcionarios provinciales, la Asamblea de Jáchal denunció que “nunca llamó ni siquiera a declarar a Guillermo Caló (CEO de Barrick), ni al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ni a su ministro de Minería, Felipe Saavedra, ni a su secretario de Ambiente, Raúl Tello”. Ninguno respondió por el hecho.
A cambio, en 2017, el juez procesó a ocho empleados de la minera por negligencia e impericia. Ellos son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortez (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos). También fue procesado el gerente general y máxima autoridad de Veladero, Antonio Adames, pero la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan decidió su sobreseimiento alegando falta de mérito. Nunca se realizó el juicio que, de hecho, estaría prescrito.
Para la Asamblea Jáchal No Se Toca, al dejar la causa en manos del Poder Judicial local, “la Corte Suprema le aseguró la impunidad al CEO de Barrick y a los funcionarios de la provincia de San Juan” e hizo recaer todo el peso de la responsabilidad en “ocho perejiles”.
“Seguimos con una injusticia latente y con un gobierno que va cambiando solamente de color político porque todos tienen el mismo objetivo, políticas extractivistas y muerte para los pueblos”, concluyó Carolina.
Fuente: El camino más largo – Radio Dínamo 100.9 / Agencia Tierra Viva
