Desde la Comunidad Lule de Finca Las Costas manifestaron su rechazo a la cesión de una zona clave del territorio en favor de Tigre Rugby Club, aprobada por Diputados. Pese a un amparo vigente, el Ministerio Público Fiscal avaló la decisión.
El conflicto por Finca Las Costas en Salta suma un nuevo capítulo. Pese a la existencia de un amparo ambiental vigente, avanza el proyecto para otorgar en comodato tierras al Tigres Rugby Club. Todo en medio de reclamos territoriales de la Comunidad Lule y cuestionamientos socioambientales.
Según se conoció, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que el amparo colectivo —vigente desde 2020— no impide el tratamiento del proyecto legislativo. El mismo, ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados provincial.
Un área clave para el agua
Finca Las Costas no es un territorio más. Se trata de una zona estratégica desde el punto de vista ambiental dado que protege la cuenca hídrica que abastece de agua potable a gran parte de la ciudad de Salta y a la localidad de San Lorenzo.
De acuerdo con el informe fiscal, la medida cautelar vigente prohíbe ocupaciones ilegales dentro del área para resguardar estos recursos naturales.
En ese marco, el debate sobre el uso de la tierra excede lo deportivo y se instala en el plano ambiental.
El proyecto en discusión
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados prevé ceder en comodato una fracción del predio al Tigres Rugby Club para la ampliación de sus instalaciones deportivas.
Desde la Unidad Fiscal Ambiental aseguraron que la iniciativa no vulnera derechos individuales ni colectivos. Afirmaron que se encuadra dentro de una gestión considerada “ordenada” del territorio.
Además, sostuvieron que el terreno en cuestión no registra ocupantes actuales en los catastros oficiales.
Reclamos territoriales y tensión social
La comunidad Lule advirtió que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y rechaza la cesión.
De hecho, el territorio está relevado en el marco de la Ley de Emergencia Territorial de la Propiedad Comunitaria Indígena 26.160, derogada por el actual Gobierno nacional.
El hecho reaviva el conflicto derivado de la titularidad de las tierras y el reconocimiento de los derechos indígenas.
Justicia ambiental y límites del desarrollo
Desde la fiscalía también aseguraron que, hasta el momento, no se acreditó legalmente la existencia de actividad comunitaria indígena en el sector específico involucrado en el proyecto.
Además, remarcaron que los reclamos de posesión deberá resolverse por vías judiciales independientes, lo que deja abierta la disputa en el tiempo.
El caso expone una tensión cada vez más presente en Salta: el cruce entre proyectos de desarrollo, protección ambiental y derechos territoriales.
Un conflicto abierto
Mientras el proyecto avanza en el ámbito legislativo, el amparo ambiental continúa vigente y el conflicto territorial sigue sin resolución definitiva.
En una provincia atravesada por disputas sobre el uso del suelo —desde el litio hasta los desmontes—, Finca Las Costas sigue siendo un punto de tensión donde se cruzan intereses ambientales, sociales y políticos.
Fuente: Página/12 – Gente de Salta – Informate Salta
