La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur reactivó un debate que atraviesa a toda América Latina: el vínculo entre comercio internacional, extractivismo y crisis ambiental. Ya hay fuertes advertencias de organizaciones ecologistas sobre sus posibles consecuencias.
El tratado, firmado en enero de 2026 en el marco de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se dio tras más de dos décadas de negociaciones. Conecta a un mercado de cerca de 780 millones de personas y busca liberalizar más del 90% del comercio entre ambos bloques.
Incluye a países del Mercosur como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y apunta a facilitar exportaciones clave como las de carne bovina, soja, bioetanol y minerales.
A cambio, Europa amplía su acceso a mercados para productos industriales, servicios y tecnología.
Alarma ambiental
Organizaciones ecologistas y sectores científicos advierten que el acuerdo podría intensificar la presión sobre ecosistemas estratégicos, especialmente en América del Sur.
Las principales preocupaciones apuntan a un aumento de la deforestación, la expansión de la frontera agropecuaria, una mayor presión sobre territorios indígenas y el incremento de emisiones asociadas al modelo exportador.
El vínculo entre el tratado y estas dinámicas no es nuevo. Distintos análisis señalan que el acuerdo puede incentivar actividades intensivas como la ganadería y el monocultivo de soja.
Un punto crítico: los bosques
Uno de los ejes más sensibles es el impacto sobre los bosques nativos, en particular en regiones como la Amazonía y el Gran Chaco.
El aumento de exportaciones agrícolas podría traducirse en mayor desmontes, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos.
A esto se suma una crítica central: la falta de mecanismos vinculantes que garanticen el cumplimiento de estándares ambientales.
¿Regulación o promesa?
Desde la Unión Europea se sostiene que el acuerdo incorpora cláusulas ambientales y compromisos de sostenibilidad.
Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan su eficacia, señalando que muchas de estas disposiciones no son obligatorias. Además de que los controles dependen de la voluntad política y no existen sanciones claras ante incumplimientos.
Fuente: Mongabay Latam
