Ordenaron desalojar a seis familias diaguitas en Salta
La jueza interviniente en el proceso por una familia, ordenó desalojar a otras cinco en Cachi, que no están incluidas en la demanda. El operativo policial en una zona rural se mostró desmesurado frente a la vulnerabilidad de las familias de la comunidad diaguita que vieron azoradas cómo los uniformados sacaban sus pertenencias y las dejaban a la intemperie.
Durante las primeras horas de este 12 de junio, la Policía de Salta desalojó brutalmente a seis familias integrantes de la Comunidad Diaguita Kalchaki Las Pailas. Desde 2010, mantienen disputas judiciales por la titularidad de sus tierras comunitarias. Fueron denunciados por integrantes de la familia Wayar. El gobierno de Sáenz envió dos contingentes de policías para cumplirlo.
La pelea judicial se retrotrae a una sentencia dictada por la justicia salteña en 2012. En la misma, reconoció a Florencia, Carolina y Oscar Wayar la propiedad de cuatro hectáreas que Agustín Mamaní arrendaba. Se trata de una práctica habitual en la provincia, donde personas que habitan y trabajan un terreno no tienen el título de propiedad. En su lugar, son obligadas a pagar a un titular registral para seguir produciendo en el lugar.
En este caso se le exigía a Mamaní que devolviera las cuatro hectáreas por haberse vencido un contrato de arriendo, que se acordaba desde 2001.
Aquella sentencia fue apelada oportunamente. La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, hizo lugar parcialmente, indicando que era necesario establecer si las cuatro hectáreas estaban o no dentro del territorio comunitario de la Comunidad Diaguita Kalchaki Las Pailas. En ese momento, ya contaba con relevamiento territorial otorgado en el marco de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26160 (promulgada en noviembre de 2006).
La carpeta técnica, con la cartografía se entregó formalmente en 2015. Pese a la orden de la Cámara, la medida nunca fue corregida o modificada.
Denuncia
Ulises Yañes, vicepresidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), y primer representante de la comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas, habló sobre el hecho. Explicó que en el caso de la familia de Agustín Mamaní , se tramitaba ante María Alejandra Diez Barrantes, del Juzgado Civil y Comercial 5. Sin embargo, las otras cinco familias a quienes se ordenó desalojar, tramitan causas en el Juzgado Civil y Comercial 10.
Denunció que, una vez en el territorio, los policías “arrasaron con las restantes cinco familias», distribuidas sobre un predio de 45 hectáreas. «Una medida totalmente ilegal”, aseveró.
Hasta la noche del miércoles, la comunidad tenía únicamente conocimiento de que la orden “se limitaba a una fracción de cuatro hectáreas”. Las casas de los otros comuneros y comuneras se distribuyen dentro del catastro 2884. Según consta en la base de datos de la Dirección General de Rentas, está a nombre de María Carolina Wayar Díaz.
El juez de Paz Nicasio Rafael Mamaní fue quien informó que el desalojo previsto primero en cuatro hectáreas se iba a extender a toda la matrícula afectada (2884). El desalojo original alcanzó a un total de seis familias: la de Agustín Mamaní, la de Leoncio Fabián, la de los hijos de Jesús Fabián (f), de Ovalio Cruz, de Conrado Cruz, y la familia Guzmán.
Arrendar para desalojar
La falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas antes de la ley 26160, y del artículo 9º de la Ley provincial 7658 (para evitar el desalojo de campesinos), permitió a titulares registrales hacerse de las tierras como propias a través del cobro de arriendo.
Sin embargo, la ley 26160, que declaraba la emergencia de la propiedad comunitaria indígena, ordenaba un relevamiento catastral y suspendía los desalojos de comunidades indígenas, fue derogada en 2024 por el gobierno de Javier Milei. En tanto, los legisladores provinciales omitieron tratar la prórroga del artículo 9 de la ley provincial en 2025. En este contexto, hay un alto riesgo de desalojos en tierras trabajadas por el campesinado.
Si bien persisten leyes que protegen los derechos indígenas, los administradores y administradoras de la Justicia salteña no suelen mostrar apego por aplicarlas. En cambio, se inclinan a favor de la apropiación de tierras por parte de terratenientes.
Fuente: Salta/12
