El Parlamento Europeo aprobó una ley para limitar la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. De cumplirse la normativa, no podrán ingresar a ese continente las carnes, soja, madera, café y palma provenientes de regiones desmontadas. En Argentina se arrasaron siete millones de hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2022. Por Hernán Giardini, licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Periodista (Radio Autónoma Piuke). Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Tras más de dos años de discusión y con el impulso de organizaciones ecologistas, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una ley que buscará cerrarle la puerta a la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. A partir de esta ley, Europa no aceptará productos que procedan de tierras deforestadas ni que hayan provocado deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
Según la FAO, el consumo de la Unión Europea (UE) representa el diez por ciento de la deforestación mundial. El aceite de palma y la soja constituyen más de dos tercios de esta cifra.
De ahora en más, las empresas tendrán que demostrar que sus productos cumplen la legislación correspondiente del país de origen, incluida la relativa a los derechos humanos, y que al producir se respetaron los derechos de los pueblos indígenas. Las multas por incumplimiento podrán ser de hasta el cuatro por ciento del volumen de negocios anual total que la empresa penada tenga en la UE.
Esta norma contra la “deforestación importada” implica que en el mediano plazo no podrán ingresar a Europa productos realizados en desmontes posteriores a 2020 (ya sean legales o ilegales) tales como ganado, soja, madera, cacao, café, palma, caucho, carbón y papel. La ley también incluye a los derivados de estos productos, como chocolates o muebles.
Las autoridades competentes de la UE deberán tener acceso a información (como las coordenadas de geolocalización) y realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos. Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de “diligencia debida”.
La nueva ley fue aprobada en abril pasado por 552 votos a favor, 44 votos en contra y 43 abstenciones. A partir de su entrada en vigencia, un comité de la Unión Europea clasificará a los países, o a partes de ellos, como de bajo, medio o alto riesgo mediante una evaluación en un plazo de 18 meses. Esto implica que cuanto mayor sea el riesgo deforestación, mayor será el control sobre las empresas para exportar a Europa.
El texto incluye a bosques primarios y secundarios (los primeros se caracterizan por no haber sido transformados o alterados por la actividad industrial). Pero no se logró que la nueva ley proteja a los humedales.
En resumen, las autoridades de la Unión Europea controlarán que las empresas que pretendan venderles sus productos no provoquen deforestación. Esto no es poco. Se trata de un paso muy importante, pero llevará tiempo su correcta implementación. Por otra parte, las exportaciones de soja y ganadería de Sudamérica a China y otros países de Asia seguirán provocando deforestación.
En Argentina ya se perdieron siete millones de hectáreas de bosque nativo
Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables: alimentos, maderas y medicinas. Son territorio y sustento de indígenas y campesinos. Y cumplen un rol clave en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos. La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos y desaparición de especies. Es un ecocidio que debe terminar urgentemente.
Entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en Argentina fue de siete millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Formosa. Las principales causas de la pérdida de bosques son los desmontes para ganadería intensiva y soja (que mayormente se exportan a Asia y Europa). Aproximadamente el 80 por ciento de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica.
Muchas de las familias indígenas y campesinas del Gran Chaco no han obtenido la titularización de las tierras en las que habitan. En las últimas tres décadas, con el avance del agronegocio, aumentaron los conflictos con los empresarios que compran esas fincas. Son cada vez más frecuentes los desalojos y el asesinato de campesinos e indígenas por parte de la policía o de guardias armadas contratadas por los empresarios.
La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. Si bien desde el 2014 se evidencia una disminución de la deforestación (comparado a antes de implementación de la normativa), aún la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.
Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios. Si destruir bosques es un crimen, penalizar su destrucción resulta una herramienta necesaria para complementar las barreras a la “deforestación importada” que Europa está por implementar.
Agencia Tierra Viva
