“La tala y la deforestación serían legalizadas”, sostuvo Francisco Calí Tzay, respecto a la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus efectos negativos para la protección de la Amazonía.
El pasado 11 de enero se publicó la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta norma fue aprobada por el Congreso de la República sin respetar los pedidos de reconsideración planteados en diciembre de 2023.
Al respecto, Francisco Calí Tzay, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señaló que la reforma en la legislación forestal afectará negativamente los territorios ancestrales de los pueblos indígenas ya que el texto no fue sometido a un proceso de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado.
Calí Tzay advirtió, además, que las nuevas disposiciones de la ley que clasifica las tierras, así como las normas sobre actividades agropecuarias, permitirían que áreas habitadas por pueblos indígenas y que alguna vez fueron bosques, donde actualmente hay agricultura, sean clasificadas automáticamente como áreas de exclusión agropecuaria.
“Debido a la gran presión sobre los territorios indígenas desprotegidos, la creación de estas áreas de exclusión podría generar impunidad ante crímenes como la tala ilegal, el desbosque y el cambio de uso; debilitando la lucha contra la deforestación y agravando la crisis climática actual”, se lee en el comunicado oficial de la ONU.
Asimismo, resaltó que el Estado peruano todavía tiene obligaciones pendientes por cumplir, en cuanto al reconocimiento legal y la seguridad de los territorios de los pueblos ancestrales.
Un retroceso en la gobernanza forestal de Perú
En el comunicado, el experto advierte que actividades ilícitas como la tala y la deforestación serían legalizadas.
“El fomento de la tala en el Amazonas es especialmente preocupante, dados los altos niveles de deforestación en la Amazonía peruana en los últimos años (…) Esta situación podría aumentar aún más la presión sobre los territorios indígenas, sobre su integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, agregó el relator.
Esto, advierte Calí Tzay, también representa un retroceso en la gobernanza forestal de Perú y da la espalda a los defensores indígenas y ambientales, quienes son asesinados por oponerse a estas actividades ilícitas.
“En los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del Pueblo Kichwa, Quinto Inuma. Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales”, advirtió el representante de la ONU.
“Este vacío es llenado por grupos criminales dedicados a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico, promoviendo economías ilegales que destruyen el tejido social y socavan las instituciones públicas”, concluyó.
Fuente: Actualidad Ambiental
