A doce meses de la asunción del economista libertario en la Casa Rosada, expertos y representantes de organizaciones ambientalistas repasan los hitos que inclinaron aún más la balanza en contra del ambiente.
La llegada del economista Javier Milei a la Presidencia del país ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente en Argentina. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales en el país. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.
“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.
Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.
En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales
El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.
Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental de Argentina cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.
Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.
Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.
Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.
La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.
Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Ahora podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.
En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.
Lo crítico: inversión sobre conservación
Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente. Se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.
Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia patagónica de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste argentino; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.
En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.
“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias argentinas en la frontera con Paraguay, Brasil y Bolivia: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50 % de esos desmontes son ilegales”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz. “Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Peligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.
El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700000 hectáreas más, el equivalente a 3500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires.
Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.
“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.
Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo
En el noroeste de Argentina, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.
Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.
Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.
Mientras tanto en el Golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.
Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.
El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.
Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.
Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.
Lo malo: la parálisis política
Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).
Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento. Sin embargo, votó a favor de la Ley Bases. Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente.
Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costas patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.
“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.
Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.
La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.
Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, (NOTA) en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.
Lo bueno: resistir unidos
“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.
A casi 2000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.
“Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.
Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.
Durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo. “Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.
Tras aquel discurso del Presidente, unas ochenta organizaciones ambientales y sociales se unieron en un comunicado para rechazar las palabras del mandatario. La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.
Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.
Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes. “En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.
Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.
Fuente: Mongabay
