Una oportunidad para consolidar la democracia ambiental en América Latina y el Caribe.

Desde el 19 y al 21 de abril, Buenos Aires será la sede de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado ambiental que adoptan los países de esta región y tiene como objetivo principal consolidar y potenciar los derechos de la ciudadanía para acceder a la información, participar con igualdad de oportunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan o pueden afectar el ambiente y la calidad de vida y facilitar el acceso a la justicia para la protección del ambiente, derechos que resultan fundamentales para las personas y que permiten la construcción de un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible.

Es además el primer tratado en el mundo que adopta garantías para la protección integral de las personas defensoras del ambiente, que son quienes dedican sus vidas a resguardar la biodiversidad y los ecosistemas, protegen sus territorios de los impactos que generan las actividades extractivas, o simplemente promueven y buscan otras formas posibles de vida y desarrollo. Esta cuestión es fundamentalmente relevante en una región como América Latina y el Caribe, que es la que más riesgo de vida encierra para estas personas a nivel mundial y donde año a año se produce el mayor número de asesinatos de defensores, tal como lo indican los reportes internacionales.

Un instrumento internacional de este tipo resulta de fundamental importancia en momentos en donde nuestro planeta atraviesa, tal como lo ha advertido la ciencia, una crisis climática y ambiental sin precedentes y que impacta de lleno en toda nuestra región. Hasta el momento son 15 países los que han ratificado el Acuerdo de un total de 33, entre los que se encuentra la Argentina, que lo hizo mediante la sanción de la ley N° 27.566.

La Conferencia de las Partes que sesionará en Buenos Aires está dando los primeros pasos para tornar plenamente operativo el acuerdo, y en esta oportunidad tendrá como objetivo elegir a las personas que habrán de desempeñarse como miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que es el órgano encargado de apoyar a los países para que cumplan con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, y a las personas para que puedan ejercer los derechos de acceso que el tratado garantiza.

El Acuerdo de Escazú es el resultado de décadas de construcción de una conciencia global que considera que no hay ni debe haber contradicción entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, y que el desarrollo no puede lograrse sacrificando la vida de personas y sus comunidades y avasallando los derechos humanos. Por ello, representa una gran esperanza para quienes hoy necesitan contar con mecanismos de protección para sus vidas y, al mismo tiempo, les permite volver a creer que sus opiniones cuentan, que la participación institucional no es un ejercicio que siempre cae en un saco roto, y que ninguna actividad podrá prosperar si no cuenta con la necesaria licencia social para operar. Es en definitiva un instrumento orientado a construir una democracia cada vez más participativa.

El principal desafío que enfrenta ahora el Acuerdo de Escazú es lograr que los países logren implementar de manera plena lo establecido en el acuerdo, y que las personas cuentan con más derechos y herramientas legales e institucionales para que puedan acceder a información ambiental, participar e involucrarse cuando se vaya a tomar un decisión que pueda afectar el ambiente y su calidad de vida y puedan acceder fácilmente a la justicia para defenderse ante situaciones que vulneren estos derechos.

Aprovechar la oportunidad de sentar las bases para la construcción de una democracia ambiental en América Latina y el Caribe depende ahora de nosotros.

Fuente: Infobae