Al menos tres estudiantes habrían sido víctimas del denunciado. Se trata de un profesor de la escuela técnica de la localidad que sigue trabajando en contacto con otros estudiantes, según indicó la abogada querellante. Afirmó que la causa, que inició el 2017, permanece estancada.
La abogada Sandra Domene recordó que la denuncia fue realizada en 2017, aunque “hasta la fecha el avance fue mínimo”, aclarando que no es por falta de pruebas, “sino porque quien tiene la actividad acusatoria no la llevó a cabo hasta mayo de 2021”.
Señaló que mantuvo, en aquel momento, una audiencia con el entonces Procurador General, Abel Cornejo- hoy Ministro de Seguridad y Justicia-, y relató: “Le manifesté esta situación, que no hacía falta que una víctima tuviera un querellante, un abogado que lo represente cuando la justicia debería haber actuado en su momento, en el año 2017”.
Por otra parte, de acuerdo con lo que informó Domene, el caso estaba a cargo del fiscal Armando Cazón, y pasó luego a manos de Lorena Martínez, por cuestiones de jurisdicción. “Cuando hablé con el doctor Cornejo, al otro día quedó detenido el profesor, durante un mes, y nos informaron que se había perdido parte de las actuaciones que llevaba a cabo la fiscalía”, agregó la abogada.
Asimismo, indicó que, durante la audiencia de imputación, la doctora Martínez calificó al caso como estupro, “que no es el delito y es un hecho atípico por la edad de la víctima”. Y es que, retomando sus palabras, “en el estupro, la víctima sí o sí tiene que tener menos de 16 años, y en el momento de la denuncia, la denunciante tenía 17 años, nunca pudo existir estupro”.
“Ante esa atipicidad, el imputado quedó libre”, lamentó Domene al tiempo que remarcó que la fiscala “califica al hecho como estupro porque lo que manifiesta es que no existía una partida de nacimiento, ni copia del DNI de la denunciante para corroborar los hechos y calificarlos”. Igualmente, aclaró que “existía una calificación primaria que era la de abuso sexual con acceso carnal, conforme lo había remitido el fiscal Cazón”.
Así las cosas, lamentó que “más allá de los conflictos que existan entre ambos fiscales, el imputado quedó libre, supuestamente con una a carpeta psiquiátrica”. “Estuvo de licencia con goce de sueldo y, a posterior de ello, vuelve a la institución educativa a cumplir tareas pasivas dentro del sector administrativo de la institución, pero en contacto con jóvenes”, aseveró.
La abogada manifestó desconocer las medidas adoptadas desde el Ministerio de Educación frente a esta situación, respecto a la cual habrían tomado conocimiento a través de los medios.
Cuestionando así el accionar de la justicia, indicó: “Cuando consulto por qué no se había notificado de la denuncia, me respondieron que no tenían el domicilio para notificarlo. La madre fue a hablar cinco veces a la institución para que le dieran el domicilio y lo notificaran al docente de la denuncia. Le dijeron que no sabía dónde vivía. Pero, lo más curioso, es que el hermano del imputado es el único notificador que existe en el Poder Judicial”.
Al menos tres casos
Domene denunció que el docente “cometió dentro de la institución abuso sexual simple agravado por su calidad de educador, porque hacía que los compañeros se retiraran del aula y el la tocaba a la alumna”. Sumado a ello, aseguró que el denunciado habría compartido con estudiantes y docentes de la institución videos de índole sexual, y agregó: “Hay dos alumnos que observaron cómo los docentes, durante el recreo, miraban los videos de la alumna”.
Continuando con su relato, señaló: “(El denunciado) Comenzó como una relación consentida, no sé hasta qué punto. La alumna tenía 16 y él 40. A posterior de eso, la alumna quiere apartarse a los 5, 6 meses porque él tenía otra mujer que era directora de una escuela de Tartagal. Cuando los padres de esta alumna se enteran, plantean la situación ante el supervisor – Oscar- Zambonini, de Tartagal”.
De acuerdo con el relato de la abogada, fue la propia pareja del denunciado quien puso sobre aviso a la denunciante y a su mamá respecto al vínculo que mantenían ella con el docente. A su vez, alertó a la madre de la menor sobre la situación entre su hija y el denunciado. “Así se entera la mamá de esta alumna. Ante esta situación, lo llaman al docente ante el directivo y él niega la situación. A posterior, la reconoce”, expuso.
Además, indicó que el padre de la menor debió viajar con urgencia a la ciudad de Salta, quedando la joven y su hermana en Aguaray, y agregó: “Esa noche aprovecha, a la salida del colegio a las siete de la tarde, la busca, la trae a Tartagal, supuestamente para que hablaran y que nadie los viera. Y la abusa sexualmente”.
“A posterior, la alumna entraba al aula y lo tenía de profesor a él. Por ende, tuvo que dejar la institución. Se tuvo que venir a Salta porque era la única técnica que tenía la misma orientación que la de Aguaray. Ella estaba en quinto o sexto año- continuó Domene-. Lo grave es que el señor Ministro hoy habla de que los directivos tienen que asumir su rol. No solo no lo asumieron los directivos, que se jubilaron, tampoco lo asumió el supervisor. Hay actas firmadas entre el supervisor, el director y la madre de la alumna”.
Según consideró, “hubo una omisión por parte del Ministerio de Educación”, y lamentó que “no solo el imputado, sino todos los otros que tenían la obligación de denunciar, no lo hicieron”.
La abogada, además, aseguró que hay al menos otras dos personas que habrían sufrido abusos por parte del denunciado. “Sabemos, de manera fidedigna, que igual situación vivieron dos alumnas más que hoy son mayores de edad, con familia, y que no quieren quedar expuestas”, contó sobre los casos que no fueron denunciados formalmente. “Por una cuestión que los hechos se consumaron desde el 2017 para atrás. Convengamos que desde el 2017, hasta ahora, era muy difícil que una alumna realice contra un profesor una denuncia”, remarcó.
Y analizó al respecto: “En todo esto de atreverse a hablar fue beneficioso el hecho de la educación sexual que están recibiendo los alumnos en las instituciones educativas. Creo que es lo que les ha brindado las herramientas a los efectos de poder hablar y poder poner límites. Hay como 18 docentes que, evidentemente, están siendo acusados”.
“Creo que todo va a caer por su propio peso, y espero que la fiscalía actúe con la diligencia que requiere, que por cierto no lo está haciendo”, observó la abogada. Aseguró que “desde mayo hasta ahora se han solicitado, se han ofrecido testigos y se fijó una sola audiencia el miércoles pasado”, precisamente, los días en que debe asistir a otra audiencia de debate “por una causa resonante en el norte de narcotráfico”.
“Solicité al señor auxiliar fiscal que fijara una nueva fecha y todavía no sucedió. Pero, además de estar citando como testigo al denunciante, es solicitado porque hay alumnos que han presenciado y saben de la situación de abuso por parte del docente. Se han solicitado pericias para la víctima y no hay fechas. Se han solicitado testimoniales y no se han revisado. Si una víctima no pone un abogado particular para constituirse en querellante, eso se duerme”, concluyó.
Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.