María Mercedes Ibarra, presidenta de la Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., dedicada al rubro financiero y de la construcción, es investigada por estafas reiteradas en concurso real. En el procedimiento realizado en tres domicilios, se secuestró dinero y elementos de interés para la causa.
La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, efectuó tres allanamientos y posterior secuestro de dinero en moneda nacional y extranjera. Secuestraron otros elementos que podrían ser útiles a la causa en la que se investiga a la Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., empresa dedicada al rubro financiero y de la construcción.
La Fiscala solicitó también a la jueza de Garantías 8va Nominación, Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la imputada María Mercedes Ibarra. La mujer tiene denuncias por estafas reiteradas (9 hechos), en concurso real.
Ibarra se presentaba como presidente de una financiera solvente y seria, Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones S.A.. Ofrecía a los denunciantes la celebración de operaciones de inversión de sumas de dinero con altas tasas de interés, inclusive su conversión a moneda extranjera (dólares estadounidenses), a sabiendas que no cumpliría con lo prometido.
Según consta en algunas denuncias, a fin de aparentar mayor seriedad del negocio jurídico celebrado y obtener la confianza de los denunciantes, suscribió contratos titulados “Negocio en Participación”. En los mismos, habiendo los damnificados entregado importantes sumas de dinero, la imputada no cumplió con la devolución de lo invertido, ni cumplió con los pagos correspondientes en intereses, perjudicándolos patrimonialmente.
Las medidas sustitutivas se solicitaron a fin de asegurar que la imputada se someta a los designios de la Justicia y que no entorpezca la investigación.
Asimismo, por la gravedad y cantidad de imputaciones, se solicitó la obligación de presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual. También se le prohibió de salir sin autorización del país, y la prestación de una caución adecuada propia, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
El allanamiento se realizó en calle Leguizamón N° 753 (sede de la inversora), como así también en dos viviendas ubicadas en Castellanos, y Villa San Lorenzo, de la ciudad de Salta.
