La estrepitosa caída en las PASO del 12 de septiembre aceleró en el Frente “Todos” una orientación que venía mostrando más marcadamente desde la asunción de Juan Zabaleta al frente del ministerio de Desarrollo Social. Ya sin disimulo se clarifica la búsqueda de apuntalar la coalición gobernante sobre la estructura del Partido Justicialista, principalmente gobernadores e intendentes. En un contexto de crecimiento sostenido de la desocupación y con las protestas piqueteras en alza, Alberto Fernández movió las fichas del Ministerio de Seguridad y ubicó al frente de la cartera a Aníbal Fernández. No es la primera vez que acuden al quilmeño como rueda de auxilio de distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Su “pragmatismo” lo llevó a ser parte de gestiones como las de Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sin contar su recorrido en la intendencia de su ciudad en 1991 o por diferentes cargos legislativos (1995 y 2011). De todas formas, no es su acervo al Estado lo más empantanado de su historia política. Por Nicolás Salas.

La estrepitosa caída en las PASO del 12 de septiembre aceleró en el Frente “Todos” una orientación que venía mostrando más marcadamente desde la asunción de Juan Zabaleta al frente del ministerio de Desarrollo Social. Ya sin disimulo se clarifica la búsqueda de apuntalar la coalición gobernante sobre la estructura del Partido Justicialista, principalmente gobernadores e intendentes.

La renovación del gabinete vino con una impronta pejotista y con varias polémicas en los currículums de los nuevos funcionarios. Hay de todo color y estirpe. Desde un Juan Manzur que supo justificar el impedimento para que se aplique la Interrupción legal del Embarazo a una niña de 12 años violada hasta un representante del agronegocio como Julián Domínguez, quien fuera mentor del “plan Agroalimentario 2010-2020”, por el cual se profundizó la extensión de la frontera agrícola con sus consiguientes desmontes, inundaciones y desplazamiento de comunidades rurales y originarias.

Eso no es todo. En un contexto de crecimiento sostenido de la desocupación y con las protestas piqueteras en alza, Alberto Fernández movió las fichas del Ministerio de Seguridad y ubicó al frente de la cartera a Aníbal Fernández.

No es la primera vez que acuden al quilmeño como rueda de auxilio de distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Su “pragmatismo” lo llevó a ser parte de gestiones como las de Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sin contar su recorrido en la intendencia de su ciudad en 1991 o por diferentes cargos legislativos (1995 y 2011). De todas formas, no es su acervo al Estado lo más empantanado de su historia política.

Empieza a tomar vuelo de la mano del entonces gobernador Ruckauf, reconocido dirigente de la derecha peronista que había acompañado con su firma el decreto de Estela Martínez de Perón por el que se definía el “aniquilamiento” de la guerrilla en 1975. Después de un tiempo, Aníbal F. lograba escalar dentro del organigrama estatal llegando a ser ministro de Trabajo provincial. Allí empezaría a interactuar y conocer a las diferentes representaciones de las organizaciones piqueteras.

Su gestión al frente del ministerio quedará marcada por la represión del 3 de agosto de 2001. Ante la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo, el Movimiento Teresa Rodríguez se movilizó a La Plata exigiendo respuestas a la cartera en cuestión. Sin disponibilidad al diálogo, la organización se aprestaba a acampar en las dependencias del organismo, cuando el entonces ministro Fernández convocó a los manifestantes a una reunión para destrabar la situación. Tras llegar a un acuerdo entre las partes, que implicaba dar unos días al gobierno para analizar la situación, las columnas se retiraron del lugar y avanzaron por Avenida 7 hacia la estación de trenes. En plena desconcentración, el MTR es emboscado por las fuerzas de seguridad (infantería, la caballería y grupos especiales) que terminan deteniendo a más de 70 personas, liberando a la brevedad a menores y personas adultas. De todas formas, quedaron presos 59 militantes acusados de daño calificado, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada (entre otras). El grueso de ellos continuará encarcelado hasta el 29 de agosto. Aquella emboscada articulada entre Aníbal F. y las fuerzas de seguridad será continuada con una política represiva focalizada contra la que fuera una de las primeras organizaciones piqueteras surgidas en el conurbano bonaerense:

“A la represión le sucede una campaña de amedrentamiento y difamación por parte de la Intendencia y el PJ, además de una militarización de Florencio Varela cada vez que el Movimiento organiza una marcha por la libertad de los detenidos. Esto produce, otra vez, una baja sensible en nuestras filas. Sin embargo, la militancia y un sector de masas se mantendrán firmes. Paradójicamente esa dura represión, como la ocupación antes del Banco, es lo que nos va a catapultar en la consideración de decenas de activistas, de pequeños grupos locales que comenzarán a buscar contacto con nosotros”.

Nada de esto fue un atenuante, todo lo contrario, para que el dirigente justicialista fuera convocado por Duhalde ni bien asumió el ejecutivo nacional el 1 de enero de 2002. El cargo reservado sería el de secretario de General de la Presidencia, lugar desde donde intervendrá activamente en la “Masacre de Puente Pueyrredón”.

El 26 de junio de 2002, un operativo conjunto de cuatro fuerzas de seguridad asesinaba a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, piqueteros de la CTD Aníbal Verón. A pedido de gobernadores, el ejecutivo nacional necesitaba una medida “aleccionadora” contra las organizaciones piqueteras, que junto a ahorristas y otros sectores en lucha, venían poniendo en riesgo una gobernabilidad que desde el 19 y 20 de diciembre no lograba hacer pie y se había cargado varios presidentes.

Tras las muertes, funcionarios de la primera línea del gobierno salieron en fila a objetar que lo sucedido era consecuencia de un enfrentamiento entre los movimientos sociales. Horas después, material fotográfico tiraban por la borda la operación y se confirmaba que las balas habían salido de las armas de un grupo de efectivos de la policía bonaerense encabezados por el comisario Alfredo Franchiotti.

¿Qué rol jugó Aníbal Fernández en aquellos acontecimientos?

El libro “Darío y Maxi, dignidad piquetera”, publicado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón un año después de la masacre confirmaba con precisión las intenciones del gobierno. Allí se analizaba, a partir de las declaraciones mediáticas de funcionarios y datos provenientes de expedientes judiciales, cuál fue la planificación del gobierno y que rol jugó cada uno de los ministros y personalidades con responsabilidad en el ejecutivo nacional.

Con precisión se exponían tres ejes relacionados entre sí y que daban carácter al plan gubernamental; el primero de ellos era realizar los preparativos políticos y logísticos con las fuerzas de seguridad[1] de cara a escenarios abiertamente represivos; el segundo apuntaba a instalar públicamente la hipótesis de que los asesinatos en Avellaneda habían sido obra de los mismos piqueteros[2] que se encontraban portando armas de fuego y; el tercero buscaba ampliar la causa “complot”, expediente judicial que se venía alimentando desde hacía varias semanas y por el cual se quería probar una presunta conspiración de las organizaciones contra el gobierno.

Una declaración de Aníbal Fernández al canal de televisión “América” expondrá su participación en al menos dos de los aspectos de la planificación:

“Conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y 23 en el Estadio Gatica en Villa Domínico una asamblea de piqueteros en las que se iba a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”.

No solo sostenía la hipótesis de que los piqueteros estaban armados y que se habrían asesinado entre ellos, sino que además hace mención a informes de una asamblea sin mencionar dónde había recabado la información o porque esta era fehaciente como para que sea replicada desde el mismo gobierno. Fernández se refería a la “Asamblea Nacional Piquetera” llevada a cabo el 22 y 23 de junio por el Bloque Piquetero Nacional y el MIJD. En el libro en cuestión y como supieron comprobar desde la querella, la SIDE co-dirigida por Carlos Soria y Óscar Rodríguez venía infiltrando los espacios deliberativos de las organizaciones con el objetivo de girar informes que dieran argumentos a la “Causa Complot” por la cual se buscaba encarcelar a la dirección de un sector del movimiento que se mantenía en las calles. El ahora ministro de Seguridad no había citado fuentes porque las fuentes eran los propios servicios de inteligencia del Estado:

“Los informes sobre los piqueteros que la SIDE venía acumulando y que debían sustentar la Causa Complot ya habían sido ´analizados por el propio Duhalde con un grupo de jueces, fiscales, autoridades policiales y por el ministro de Justicia´, como reveló el diario La Nación del viernes 29 de junio, en referencia a la reunión del martes 19 en Casa de Gobierno”.

Una vez conocidas las fotografías del asesinato y desbaratada la planificación, todo el gobierno se alineó detrás de la denuncia contra los policías acusados. Aníbal F. seguirá reciclándose con los años, sumando nuevas manchas a su currículum (ver Aníbal Fernández un largo prontuario contra la protesta social) y uniéndose a las filas del kirchnerismo donde se lo bendijo con el paso por varios ministerios, entre los que se encontraban el de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007), lugar desde donde respondería a un periodista que se preguntaba por la desaparición de Jorge Julio López: «Nosotros trabajamos todas las hipótesis que están flotando, desde que López esté en la casa de su tía hasta la peor de las circunstancias”.

Fuente: ANRed


Notas:

[1] Con la excusa de la lucha contra la inseguridad, desde principio de año el gobierno había avanzado con la idea de unificar el mando de la policía federal, gendarmería y prefectura nacional. Las semanas previas a la masacre, representantes de las tres fuerzas mantuvieron reuniones con Duhalde, con el secretario de Seguridad, Juan José Álvarez y con otros funcionarios del gabinete.

[2] Junto a las declaraciones de ministros, estuvo el accionar del entonces gobernador bonaerense y actual canciller, Felipe Solá, quien ante el llamado de la referente de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, le aseguró que se habían matado entre ellos. No fue lo único, también recibió en su despacho a Franchiotti a quien felicitó por el accionar durante el 26.