El Gobierno impulsa en el Congreso una reforma a la Ley de Protección de Glaciares, generando fuerte rechazo de científicos, ambientalistas y comunidades que alertan sobre riesgos para el agua y los ecosistemas.
El Gobierno nacional presentó un proyecto en el Congreso para modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), una normativa que desde 2010 protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La iniciativa será debatida por el Senado en los próximos días y forma parte de la agenda de sesiones extraordinarias legislativas.
¿Qué propone la reforma y por qué genera controversia?
El proyecto busca redefinir algunos conceptos clave de la ley actual, como el alcance del “ambiente periglacial” y la forma en que se determinan las zonas protegidas. Otorga mayor participación a las provincias para identificar qué áreas deben resguardarse y evaluarse para actividades productivas. Según el Gobierno, estas modificaciones permitirían clarificar criterios técnicos e impulsar inversiones en regiones cordilleranas.
Parte del debate gira en torno a la interpretación del alcance de la normativa vigente, que actualmente prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la instalación de obras que puedan alterar el equilibrio hídrico o geomorfológico de los glaciares y sus entornos. La reforma, según sus promotores, ajusta estas definiciones para acomodarlas a la realidad productiva y acelerar el uso de recursos naturales en áreas consideradas estratégicas.
Reacciones de rechazo: científicos, organizaciones y comunidades
La propuesta ha generado un fuerte rechazo de distintos sectores. Organizaciones ambientalistas, científicas y de la sociedad civil advierten que cualquier modificación podría debilitar las protecciones ambientales de la ley vigente y exponer a los glaciares —y con ellos a las cuencas hídricas que alimentan a millones de personas— a mayores riesgos de explotación y degradación. Un documento conjunto firmado por más de 25 organizaciones señala que modificar la normativa sería un retroceso que pondría en riesgo los sistemas que regulan y almacenan agua dulce en las zonas altas de la Cordillera.
En varias localidades, como El Calafate (Santa Cruz), sectores sociales y vecinos realizaron marchas y expresiones de rechazo en espacios públicos. Destacan la importancia de los glaciares no sólo como atractivo turístico, sino como fuente vital de agua y símbolo de patrimonio ambiental.
Diversas voces políticas y sociales
Partidos políticos y representantes de distintos sectores expresaron posturas divergentes. Por ejemplo, desde la Coalición Cívica anunciaron que rechazarán las modificaciones propuestas y buscarán defender la normativa vigente, sosteniendo diálogos con científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para reforzar argumentos técnicos contra los cambios.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina emitió una carta abierta dirigida al Congreso, expresando su “profunda preocupación” por la posibilidad de modificar la Ley de Glaciares y solicitando que se priorice la defensa del agua y los ecosistemas por encima de intereses sectoriales.
En medio de sesiones extraordinarias
La iniciativa se encuentra en agenda en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde también se debaten otras reformas de impacto nacional. El proyecto oficialista que modifica la Ley de Glaciares ya obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado y podría ser tratado en el recinto en los próximos días, en un escenario político tensionado por las múltiples expresiones de rechazo y debate técnico.
Agua, glaciares y futuro
La discusión sobre la Ley de Glaciares pone en el centro uno de los temas ambientales más sensibles de la Argentina: el balance entre protección de recursos naturales estratégicos y las presiones por desarrollo productivo en zonas de montaña. Para muchos expertos y comunidades cordilleranas, cualquier debilitamiento de las protecciones actuales implicaría un riesgo directo para la estabilidad hídrica de vastas regiones, en un contexto de cambio climático y necesidad de políticas ambientales robustas.
