“Ellos están defendiendo a sus clientes y nosotros estamos defendiendo que ninguna persona se quede sin vivienda”, denuncian desde la Unión de Inquilinos de Salta. Piden que tenga perspectiva de género y denuncian que, en dos años, no se implementó adecuadamente.

Mientras se desarrolla en el Congreso la discusión por una nueva Ley de Alquileres, desde Salta advierten que desde el sector inmobiliario se busca apurar el debate para beneficio propio. “Falta mucho debate y dijimos que tanta prisa no nos pueden poner en el día de hoy para derogar ni suspender una ley que nos ha costado cinco años de debate conseguir”, señalaron.

“La gente de poder, que puede tomar decisiones, quiere derogar esta ley que nos ha costado cinco años de debate”, aseveró Natalia Soraire, referenta de la Unión de Inquilinos de Salta, quien afirmó que la misma beneficia a inquilinos. “La gente se deja llevar mucho por los medios de comunicación que desprestigian esta ley, y nosotros creemos que avanzar en un derecho no es malo, sino que es beneficioso para el sector. Hace mucho tiempo nadie lo contemplaba. En la Cámara de Diputados, hace 40 años no se hablaba sobre alquileres”, dijo.

Asimismo, recordó que la actual ley fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, y señaló al respecto: “Cuando nos sentamos a debatir, ellos pusieron cláusulas. Por ejemplo, lo que más nos perjudicó como poner al Banco Central para que se tome el índice (de actualización)”.

“Creemos que este debate tiene que llevar tiempo porque tiene que beneficiar a ambas partes, tanto al sector propietario como al inquilino, sin beneficiar tanto al comercio inmobiliario”, subrayó y agregó: “Cuando hablamos del sector propietario, no hablamos tanto del negocio sector inmobiliaria, porque ellos lo ven como un negocio al acceso a la vivienda”.

“Nosotros lo vemos como un derecho humano- continuó Soraire-, y los propietarios lo ven como un ingreso más a su casa, algunos propietarios que tienen dos viviendas. Son los que están en guerra con la Ley de Alquileres y con Inquilinos”.

En este punto, aclaró: “Eso no pasa con un montón de propietarios que tienen 10 o 15 casas y que se las administra una inmobiliaria. La lucha viene con el tema de las Inmobiliarias, que toman la vivienda como un negocio”. “Las Inmobiliarias administran la vivienda a muchos empresarios y juegan con la necesidad. La Ley no es mala, hay cosas que hay que modificar, pero hay cosas que no queremos retrotraer”, enfatizó.

Con la decisión de “no dar un paso atrás en derechos adquiridos”, las organizaciones de inquilinos buscan mantener firmes puntos como la duración de los contratos. Al respecto, Soraire recordó: “Cuando peleamos esta ley hablamos de 7 años, por lo menos, de contrato, más que nada en ciudades grandes como el conurbano, en donde toda la familia se tiene que mudar de localidad para conseguir un alquiler. No quisieron y se arregló por 3, se subió un año más nada más a los contratos, y está bueno porque al inquilino no le hace pagar cada vez que se renueva el contrato”, detalló y consideró necesario, también, modificar en Salta el pago de la comisión inmobiliaria, hoy a cargo del inquilino.

Perspectiva de género

La representante del sector se refirió también a la necesidad de incorporar perspectiva de género en la ley. “Sé las cuestiones que pasamos las mujeres a la hora de alquilar con infancias. Uno de los requisitos muy grandes es la no aceptación de niños, y para nosotros es una discriminación muy grande”, sostuvo denunciando que también se ven impedidas para acceder a un alquiler quienes integran el colectivo LGBTIQ+ ya que “no les alquilan por su identidad sexual”.

“Las Inmobiliarias se tienen que capacitar con la Ley Micaela porque son un negocio. La Cámara Inmobiliaria maneja mucho poder. Hay muchas personas que debaten y son todos varones, y pasa con eso que tienen el poder de acceso a la vivienda y no tienen la realidad que muchas mujeres pasamos por no cumplir requisitos, porque nos hacemos cargo de la casa solas”, amplió al respecto.

Siguiendo con su análisis, remarcó que “no hubo un organismo de regulación”, y añadió: “Durante estos dos años, el gobierno nacional no implementó bien la Ley de Alquileres, por ejemplo, con los alquileres sociales. Se desprestigia tanto, pero no hay ni organismos que hagan cumplir la ley. Hace dos años hemos presentado un proyecto de una Defensoría de Inquilinos en el Concejo Deliberante, en la Secretaría de Derechos Humanos provincial, y todavía no hemos tenido respuesta. No hay una correcta implementación, ni desde el gobierno nacional ni desde el gobierno provincial”.

“Falta mucho debate y dijimos que tanta prisa no nos pueden poner en el día de hoy para derogar ni suspender una ley que nos ha costado cinco años de debate conseguir”, sostuvo Soraire al tiempo que apuntó: “Creo que están muy apurados desde el sector comercio de viviendas. No les funciona la ley porque beneficia al inquilino. Ellos están más apurados con que se modifique para su propio beneficio”.

“Ellos están defendiendo a sus clientes y nosotros estamos defendiendo que ninguna persona se quede sin vivienda. Todavía en una época en que no se ha terminado la pandemia, la economía no ha mejorado en la Argentina, sigue empeorando, el acceso a la vivienda está imposible, el precio de la vivienda está imposible. Se paga el 60% del salario. No te alcanza para comer, no te alcanza para vivir, es una locura. La canasta mínima, pagando alquiler y demás, tiene que ser de 140 mil pesos por familia”, aseveró la referenta y cerró: “Te ponés a ver todas las locuras que proponen desde el sector comercio y decís ‘no estás contemplando que en la Argentina hay gente que hoy, un gran porcentaje, quizás el 70% de las personas, trabajan en negro’”.

Fuente: Somos Tierra