El gobierno de Bolivia se ha propuesto intensificar la exploración de hidrocarburos durante este 2023 y para ello ha destinado una inversión de 324 millones de dólares. El anuncio lo hizo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2023, el pasado 28 de abril.
Fue una jornada larga de seis horas en la que el ministro Molina presentó 18 proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, 11 de los cuales están programados para ejecutarse el 2023, a cargo de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Durante la exposición, el ministro también dijo que se necesitaba modificar la Ley de Hidrocarburos —vigente desde Octubre de 2005— entre otros cambios normativos. “Estamos subiendo la calidad y la actividad del sector exploración”, dijo Molina.
La expansión en la búsqueda de hidrocarburos —gas y petróleo— ocurre mientras las reservas gasíferas de Bolivia siguen disminuyendo y el país ha pasado de ser exportador a importador; además que enfrenta una incertidumbre económica que, de acuerdo con el semanario británico The Economist, tiene al país al borde del colapso financiero.
“En Bolivia tenemos una doble dependencia de los hidrocarburos. Por un lado, hay una dependencia energética y por otro una dependencia fiscal. Aproximadamente el 81 % de la energía que consume el país es de fuente fósil. Y desde el punto de vista fiscal, ocurre algo similar, ya que, desde la vigencia de la Ley de Hidrocarburos, en 2005, cerca del 35 % de los ingresos fiscales del gobierno provienen de la explotación de hidrocarburos”, explica Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, institución que desarrolla procesos de investigación, información y formación sociopolítica.
Los pozos en la Amazonía
Velásquez señala que en Bolivia hay “desesperación por encontrar hidrocarburos”, pues la producción de gas natural ha caído en un 37 %, lo que ha llevado al gobierno a renegociar los contratos de exportación con Argentina por menos volúmenes. “Esto ha tenido un impacto fiscal porque ha ocasionado que el Estado reciba menos ingresos”. A esto se debe sumar que el contrato que Bolivia tenía con Brasil terminó en 2019.
En medio de esta reducción de las exportaciones de gas, Bolivia ha decidido expandir su búsqueda de hidrocarburos. Los 11 proyectos exploratorios que se ejecutarán este año, según ha anunciado el gobierno, se ubican en los departamentos de La Paz, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Tres de ellos —Mayaya Centro X1, Yope X1 y Yarará X2— están en etapa de perforación.
“Lo que se ha hecho es incrementar el número de pozos y de zonas exclusivamente para petróleo, antes se priorizaba el gas. Y el segundo componente es que ahora se están orientando los esfuerzos a la Amazonía, por ejemplo, el Mayaya Centro X1 es parte de esta nueva mirada de la Amazonía boliviana y complementa un pozo que se perforó hace un par de años, el Gomero X1”, señala Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Además de estos pozos —continúa Campanini— hay otros dos más que están programados, posiblemente para el siguiente año: el pozo Copoazú X1 y el pozo Castaño, justamente en plena Amazonía. “Están dando continuidad a algo que se había gestado hace algunos años con exploraciones sísmicas y que ahora están complementando con estos pozos. Nos ha llamado la atención la mirada hacia la Amazonía como nueva frontera”.
Campanini agrega que se está definiendo un nuevo panorama muy complicado, en medio de un escenario de múltiple crisis del sector hidrocarburos. Desde el 2015 hay una caída significativa de las reservas y la producción de hidrocarburos que, además, se vincula a la falta de mercados. “Próximamente se termina el contrato con Argentina, mientras que el contrato con Brasil ya concluyó”, añade.
Lo que está haciendo el gobierno —continúa el experto— es ampliar esta lógica de expansión del extractivismo en zonas como la Amazonía, que han sido poco intervenidas, así como otras áreas, por ejemplo, Tariquía. Campanini destaca el conflicto que existe en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, con las comunidades locales por la presencia de la actividad hidrocarburífera.
Entre los años 2016 y 2017 ya se habían realizado exploraciones sísmicas en la Amazonía, como ocurrió en el pozo Nueva Esperanza, que generó un fuerte conflicto socioambiental con los indígenas Tacana, e incluso —menciona Campanini— hubo un evento en el que la empresa que hacía la sísmica se encontró con un pueblo de indígenas que viven en aislamiento voluntario.
“El Mayaya Centro X1 se ubica en la zona de transición entre los Andes a la Amazonía, y todo ese sector, que corresponde a la cuenca geológica del río Madre de Dios, lo están estudiando. En algunos casos se cruzan con territorios indígenas y áreas naturales protegidas como el parque Madidi”, comenta Campanini.
En el año 2015, cuando empezó la caída en la producción de gas, el gobierno del entonces presidente Evo Morales aprobó un decreto para permitir la exploración petrolera en las áreas naturales protegidas.
“El Gobierno optó por flexibilizar la normativa ambiental para ver si de esa forma se podía atraer inversiones en exploración, cosa que no ocurrió porque ya han pasado siete años desde ese decreto y a pesar de ello no se han descubierto nuevas reservas”, señala Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo.
Entrar a parques naturales —agrega Velásquez— pone en riesgo estos ecosistemas y en el caso de Tariquía, en particular, afecta la generación de agua para la capital del departamento de Tarija. “Son medidas centradas solamente en la exploración, sin pensar en la integralidad del sector hidrocarburífero. De haber sido un país exportador de hidrocarburos los últimos 20 años, nos hemos convertido, desde el año 2022, en un país importador. Es decir que lo que gastamos por importar combustibles es más que lo que recibimos por exportar gas natural. La política de hidrocarburos en Bolivia está orientada a la renta y se ha descuidado la sostenibilidad del sector”.
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