Según el Observatorio de Violencia contra la Mujer, en 2020 nacieron 115 bebés de madres menores de 15 años en Salta. El caso de una nena de 11 años que llegó al hospital con trabajo de parto volvió a encender la alarma sobre un drama extendido en el norte argentino.

De tanto en tanto, un caso adquiere visibilización y el drama vuelve a emerger. Para permanecer luego invisibilizado y naturalizado, hasta el próximo hecho rimbombante que llegue a los medios. La semana pasada, conmovió la noticia de una nena de 11 años que fue al Hospital de General Mosconi -municipio del departamento San Martín, en Salta- por fuertes dolores estomacales y el médico detectó que en realidad estaba con trabajo de parto. El bebé nació prematuro, el progenitor de la niña fue denunciado por violación y quedó detenido. Ocurrió en el seno de una familia criolla, algo que sorprendió a las autoridades hospitalarias pero expuso que el drama de las niñas-madres, resultado de abusos y vulneración total de derechos, no sólo se da en las comunidades originarias de la región.

“Es algo que se da no solo en comunidades indígenas. Pero a veces se visibilizan casos de ahí por el nivel de vulnerabilidad en la que viven y de abandono en muchos sentidos, que hace que los desenlaces sean tal vez más fatales. Tenemos niñas que fallecen, que tienen complicaciones porque la accesibilidad al sistema de salud es más difícil en las áreas donde viven poblaciones indígenas, en toda la región del Gran Chaco: Salta, Formosa y el Impenetrable chaqueño, donde vive la mayor cantidad de población wichí de la región, en condiciones de mayor inequidad”, describe desde el territorio Tujuayliya Gea Zamora, médica generalista de origen wichí, graduada en Cuba, hija de la referenta wichí Octorina Zamora.

Pocas horas antes que la niña de 11 años llegara al hospital con trabajo de parto, en la localidad chaqueña de El Sauzalito era hallado el cuerpo de Jorgelina Reynoso, de 16 años. Fue el tercer femicidio de nenas y adolescentes wichí en lo que va del año, después de Pamela y Florencia (por quien hoy se moviliza la comunidad de Pichanal, al cumplirse un mes). Todos los casos daban cuenta de abusos previos. Y Jorgelina, además, tenía un hijo de tres años: había sido madre a los 13.

Según las estadísticas vitales de 2020, publicadas la semana pasada por el Ministerio de Salud de la Nación, ese año hubo 85 nacidos vivos de madres menores de 15 años en Salta y 127 en Chaco. Sin embargo, de acuerdo al Anuario Estadístico de Violencia de Género 2020 elaborado por el Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVCM), ese año fueron 114 las niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron bebés en Salta, además de una nena de 9, según consignó Salta/12.

“Están un poco maquilladas las estadísticas. Creemos, por la percepción en el territorio, que los números son dos o tres veces más amplios de lo que se dice”, asegura Germán Vildoza, cofundandor junto a Florencia Rey Lacoste de De la Mano Por el Mundo, organización que trabaja con talleres y acompañamiento de comunidades originarias salteñas. “Es común que pase esto con las cifras que tienen que ver con las comunidades originarias. Lo mismo pasa con las muertes por desnutrición: una cosa es lo que pasa oficialmente y otra la realidad”, denuncia. Y coincide en que el embarazo infantil y adolescente también se da en familias criollas, sobre todo en zonas rurales y aisladas.

Durante más de cinco años de trabajo en territorio, Vildoza vio cuán extendido está el drama en la zona. Para graficarlo, cuenta que antes de la pandemia regresó con su compañera a una comunidad del Chaco salteño donde habían dado talleres escolares. Les llamó la atención no encontrar a muchas de las niñas con las que habían trabajado. “La directora nos dijo que habían formado familia y se habían ido a otros parajes, en el medio del monte. Armamos una especie de relevamiento con nombre y apellido de las niñas que teníamos en los talleres. Eran alrededor de 10. Empezamos a hacer una búsqueda para detectar en qué situación estaban: 9 de las 10 habían sido madres. Tenían 11, 12 y 13 años”, recuerda.

“A los 10-11-12 años encuentran ‘pareja’ y desertan de la escuela. Se van en busca de mejores oportunidades y a partir de entonces se hacen cargo de las familias. Es una de las razones que hemos detectado. Muchas veces el abusador se las lleva, prácticamente las secuestra y las obliga a que se hagan cargo de la familia en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y también están las violaciones de comunidades criollas a indígenas. Son las dos cosas”, dice al analizar el drama de las niñas-madres.

Para la médica Zamora, al abordar la conformación de ‘parejas’ a tan corta edad “hay que pensar en adolescencias con proyectos de vida en la maternidad. ¿Qué pone el Estado? ¿Qué hay para los chicos además de criar a otros chicos? ¿Hay posibilidades de que accedan al sistema educativo jóvenes indígenas? No hay dispositivos que les garanticen lugar de dispersión. El monte ya se lo talaron, la posibilidad de seguir una vida tradicional en relación con el ambiente ya la modificaron. La culpa recae siempre sobre la familia indígena y se cuestiona a los jóvenes que forman familias desde chicos, pero no se plantea qué posibilidades hay para la juventud, la adolescencia indígena”.

La médica wichí critica que “se culturaliza la situación diciendo que ‘las indígenas se embarazan desde chiquitas’ y ahí se hace un borramiento de todas las responsabilidades alrededor”. Ante este panorama, considera que es necesario un abordaje “intersectorial, interdisciplinario. No tiene que ver solo con la acción que puede o no tener el sistema sanitario. También con educación, desarrollo y con la capacidad de las instituciones de poder pensar que lo comunitario debe estar incluido. Poder pensar estas estrategias con la participación comunitaria, valorizar el conocimiento propio. Sus pautas de cuidado hacia niñas y adolescentes no están valorizadas en el mundo no indígena, verticalista, como si los pueblos ancestralmente no tuvieran políticas de cuidado”.

Zamora por estos días trabaja con embarazadas menores de 15 años en la región de Nueva Pompeya, Chaco. En un proyecto que apunta al “fortalecimiento de la implementación de la hoja de ruta” sobre cómo actuar en esos casos. Implica “abordarlo desde la interculturalidad –que todavía nos falta-, y comprometer a las instituciones en la identificación, la búsqueda activa de estos casos. Para poder garantizar a estas niñas el acceso al conocimiento sobre sus derechos, como saber que una vez detectado el embarazo tienen entre posibilidades la decisión de la interrupción voluntaria (ILE)”.

La injusticia también incide

“La otra parte en este abordaje es poder garantizar justicia en los casos de abuso sexual”, remarca Tujuayliya Gea Zamora. “Y que las instituciones estén alertas para denunciar. Creo que es una gran falla no poder asegurar justicia”, dice y reflota el caso de Juana, nombre ficticio con que se denunció la violación grupal por parte de al menos siete criollos a una niña wichí de 12 años a fines de 2015. Fue emblemático por “todo el reclamo y visibilización que hubo que hacer” para que la justicia al menos comenzara a actuar. Señala también las amenazas que sufrieron las mujeres que en el último tiempo decidieron organizarse para denunciar los abusos que sufrieron por parte de criollos, muchos de los cuales terminaron en embarazos. “Qué difícil es poder llevar adelante un proceso (de denuncia judicial) si no tenés las garantías de protección. Y si es una familia con poder, criollo o indígena, ¿cómo hacemos?”, se pregunta.

Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, también señala el caso de Juana como un punto de inflexión. Porque “pudo visibilizar de manera dramática la situación de otras comunidades que a veces eran silenciadas, no solo por la comunidad sino especialmente por los efectores de salud, los hospitales”. Esa niña, víctima de abuso colectivo, quedó embarazada y la hicieron pasar por siete meses de gestación hasta que accedió a una cesárea, tras negarle el derecho a la interrupción legal del embarazo. El bebé nació anencefálico y murió instantes después.

“Si bien tenemos datos de una realidad que a todo el mundo espanta, no hay políticas públicas que la transformen. La vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes es dramática en Salta. Y mucho más la desidia que se da en las comunidades. Mueren niños y niñas en edades muy chiquitas, muchos por desnutrición. Imaginate cómo son los embarazos. Los que llegan a los hospitales son porque hay un agente sanitario que ha podido detectarlo. Si no, ni llegan. Queda en el ocultamiento”, advierte, y apunta que “falta voluntad política” para que la situación cambie.

Fuente: Tiempo Argentino