Integrantes del Pueblo Lule

Según señaló la comunidad indígena, hubo gente explorando en las nacientes de vertientes de agua y temen que se pretenda usarlas para proveer a un hotel de gran envergadura que se construirá en la zona. También denuncian que no se hizo la consulta libre, previa e informada.

El presidente de la comunidad Lule de Finca Las Costas, David Torres, manifestó preocupación por la construcción de un hotel de la cadena Hilton en la zona de San Lorenzo Chico, anunciada semanas atrás por el gobierno de Salta. Dijo que tuvieron conocimiento de que hubo gente «buscando las nacientes de las vertientes con la intención de proveerle de agua», y adelantó que por este motivo, este lunes requerirán información a la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia.

El 22 de junio pasado, luego de una reunión con inversionistas, el gobierno de Salta dio a conocer que hay en curso cuatro proyectos hoteleros. Uno de éstos es el hotel Hilton Garden Inn en San Lorenzo Chico, colindante con la ciudad de Salta, obra que implicará la inversión de 14 millones de dólares y tendrá 110 habitaciones.

Aunque el anuncio de construcción hotelera fue celebrado por funcionarios gubernamentales, por las proyecciones de creación de fuentes de trabajo y de ampliar la oferta de hospedaje a turistas, ahora es motivo de preocupación para una comunidad indígena de la zona, que asegura que hasta el momento no ha sido convocada ni informada o consultada como lo establecen las normativas vigentes.

Torres dijo que la construcción del Hilton sería «donde hoy está La Aguada», una zona de gran atractivo, «donde hay una serie de countries que tienen agua que sacan de la comunidad, o sea, que sacan de la reserva hídrica. El arroyo Potrero Grande ha perdido más o menos el 80% de su caudal por la toma en estos countries y actualmente solamente un 20% que queda, sirve para regar la parte de la reserva para mantener esa cadena alimenticia que hay, también para sembrar y para agua de consumo de las familias», señaló.

De lo que dejan los countries ya «queda muy poquita agua», insistió Torres y de allí parte su actual preocupación.

«Nos estuvimos enterando que en los últimos días hubo gente buscando la forma o buscando las nacientes de las vertientes», dijo Torres, también dio cuenta de su temor de que la intención de esa exploración sea proveer agua a este hotel que se va instalar en la zona. En caso de que eso pasara, «se estaría llevando gran parte de esa agua. Si bien tenemos conocimiento de que deben realizar sus propias obras. Creo que también están con la pretensión de tomar agua de la Reserva Ecológica», siguió.

Torres además dijo que en toda esa zona «que es un gran emprendimiento inmobiliario» no hay obras de cloaca. «Están largando todos esos desechos a las napas que vuelven otra vez a la reserva y nos preocupa muchísimo porque todos estos permisos que otorga el recurso hídrico, entre otros, bueno, está contaminando la reserva y está desertificando porque cada vez que se lleva esta agua hay una planta menos, un animal menos, un pescadito menos y todo esto va en el desmemedro del ecosistema», sostuvo.

Contó que ante esta situación están organizándose «para conversar, para proponer una salida distinta, para también proveer de agua a nuestros hermanos, porque es la única agua que queda y lamentablemente se está privilegiando el espíritu de los emprendedores por sobre la dignidad de la gente, sobre los derechos humanos de cada uno de los miembros de la comunidad, sobre los derechos indígenas».

El presidente comunal también recalcó que hasta el momento «no se hizo la consulta» libre previa e informada, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es uno de los intrumentos más importantes para el respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

«Vamos a exigir que se cumplan estas instancias que deben cumplir el Estado cuando se trata de comunidades. La ley estipula que debe hacerse una consulta libre, previa e informada, que las comunidades deben participar de la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, volvemos a caer en lo mismo. Salta nunca, o casi nunca, cumple los derechos indígenas», manifestó Torres.

El referente también resalto que, por ese incumplimiento de derechos de los pueblos originarios en Salta, el Estado argentino termina siendo obligado por «los tribunales internacionales» a cumplirlos, «así como está pasando en los lotes 55 y 14».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 6 de febrero de 2020, por una demanda que inició la Asociación Lhaka Honhat, y declaró la responsabilidad internacional del país por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan los lotes identificados con las matrículas catastrales 175 y 5557 del departamento Rivadavia, de Salta, que antes eran denominados “lotes fiscales 14 y 55”.

La Corte IDH determinó que el Estado argentino violó el derecho de propiedad comunitaria; a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. La sentencia del Tribunal Internacional aún se encuentra bajo supervisión.

«Nosotros por un lado vamos a hacer las instancias necesarias para reclamar que el Estado empiece a trabajar con las comunidades o aplique el derecho, algo tan básico como pedir justicia, pero también vamos a organizarnos para que el agua siga sirviendo a la vida, al ecosistema. Vamos a defender eso, vamos a defender nuestra forma de vivir, que hemos modificado el ambiente a través del tiempo y la historia que hemos estado sobre esta tierra. No es que hoy el ecosistema esté así porque nosotros quisiéramos, el Estado ha ido dando permisos, ha ido desertificando la reserva, pero nosotros sabemos que si seguimos así esto va a terminar mal, va a quedar sin agua, miles de animales muertos, miles de plantas muertas», dijo Torres.

El referente originario insistió con que van a «dar batalla en esto, vamos a luchar para que la comunidad conserve el agua, que privilegie la vida antes que los negocios. Porque esto no se trata más que de negocio, el Estado está facilitando las cosas a todo aquel que viene y quiere invertir en Argentina, sin embargo, a los ciudadanos no les reconoce derecho, esto es lamentable».

Torres indicó que se están asesorando y se reúnen en Asamblea «para elaborar un plan, por lo menos de desarrollo y provisión de agua internamente y también este un plan de lucha de ser necesario un plan de reclamo y de propuesta sobre todo porque también creemos que tenemos algunas ideas que podrían ser superadoras a este mero extractivismo de los recursos».

«Hay otras formas de vivir, de convivir con la naturaleza, con los demás. Así que eso será nuestro norte, seguir buscando alguna forma que garantice que no se dañe el ecosistema, que no se dañe el medio ambiente y que la comunidad pueda vivir bien y aquellos que quieran emprender que se sometan a las reglas que establece el derecho indígena, la legislación argentina. Esperamos eso», manifestó.

La comunidad Lule, sin embargo, viene denunciando una discriminación en el marco de los organismos estatales, tanto del ejecutivo como judiciales. El año pasado se realizó una audiencia por un amparo ambiental que impulsa la provincia de Salta en contra de las familias indígenas por «contaminación» y que se tramita ante la jueza civil y comercial María Guadalupe Villagrán.

Torres ya viene señalando que la contaminación es ocasionada por los countries, pero en ese sentido no hay persecución judicial. Aquella vez la Comunidad Lule solicitó que se la incorpore en el expediente como comunidad ancestral indígena y no como particulares y denunció la falta de reconocimiento de sus derechos como pueblo originario.

El gobierno interpuso el amparo ambiental en 2020 y pidió medidas cautelares «prohibiendo toda actividad de la comunidad, de agricultura, de ganadería. Sin nombrarlos como comunidad, invisibilizando una vez más a los pueblos originarios», advirtió la abogada Mara Puntano el año pasado. Detalló que además se les impide construir, o ampliar viviendas e incluso «se les prohíbe reproducirse y vivir en el lugar».

Fuente: Salta/12