Conectará Orán y Embarcación, y se extenderá por 26 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 50 hasta el empalme con la ruta nacional 34. Por Maira López.
Hace dos semanas que se inició el proceso licitatorio para la construcción de la nueva ruta que conectará la localidad de Orán y Embarcación, al norte de Salta. Sin embargo, las comunidades indígenas del lugar denunciaron que su construcción arrasará con los montes que habitan y que son la materia prima de muchas de sus actividades cotidianas y económicas.
Mirco Jonathan Neuenschwander, secretario de la comisión directiva de la comunidad wichí Misión La Loma, contó que se enteraron de casualidad de las obras pactadas por el gobierno provincial, cuando estaban discutiendo otras problemáticas en la zona. De concretarse efectivamente el proyecto, se afectará a más de 200 familias de los pueblos Wichí, Chorote y Guaraní.
En su perfil de Facebok la comunidad afirmó que la iniciativa afectará gravemente la zona porque “destruirá nuestra amada naturaleza”. Aseguró que se habrá deforestación, inundación y la pérdida de fauna y flora nativa, “todo para ahorrarse unos cuantos minutos”.
De acuerdo a lo que comunicó el gobierno de Salta, la obra se extenderá por 26 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 50 hasta el empalme con la ruta nacional 34. Incluirá la obra básica, obras de arte, ejecución de pavimentación y la construcción de un puente de 300 metros sobre el río Bermejo.
Neuenschwander aseguró que la preocupación crece en las comunidades cuando recuerdan que ese territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entre el 2006 y 2010, en cumplimiento de la Ley N° 26160, de Emergencia Territorial Indígena. No obstante, también denunció que no les entregaron las carpetas técnicas de ese relevamiento.
Por eso también pidió que el Congreso Nacional sancione de manera inmediata la prórroga de la 26160, dado que ordena el relevamiento de la ocupación territorial ancestral de todas las comunidades del país, y hasta tanto no finalice esa labor, suspende la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos que habiliten el desalojo de las tierras de las comunidades indígenas.
“Si ahora nos están haciendo esto, ¿qué nos van a hacer cuando no tengamos ley?, ¿a dónde nos van a llevar?”, manifestó Neuenschwander.
Además, denunció que para la obra proyectada no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Dijo que tuvo adentrarse en el tema por su propia cuenta y pudo confirmar que efectivamente la obra pasaría por la comunidad. Hasta el momento no lograron comunicarse con un representante del gobierno provincial para plantear su preocupación.
“Somos indígenas, vivimos del monte porque allí buscamos nuestra leña y sacamos toda la materia prima para realizar nuestros trabajos. Nos quitan todo, si nos quitan el monte”, denunció. Precisamente, desde hace unos años, se fortaleció la visibilización y comercialización de los trabajos artesanales de varios artistas del lugar.
El secretario contó que Eduardo Álvarez, que se desempeña como “mediador” entre el gobierno y las comunidades, le confirmó la realización del proyecto en el lugar y que, por lo tanto, las familias tendrían que ser reubicadas. No obstante, Álvarez dijo a este medio que no sabía nada más de lo que se difundió en las noticias. “Hasta ahora ‘anuncialismo'”, expresó.
“No nos avisaron nada y ahora nos vienen a decir que nos van a relocalizar”, insistió Neuenschwander. En ese sentido, relató que las comunidades ya sufrieron diferentes reubicaciones desde su fundación en 1910. La primera la tuvieron en 1930, cuando llegó un “europeo” y los corrieron cerca del centro de Embarcación. Pero en 1962 los volvieron a reubicar a 3 kilómetros del pueblo, lugar donde están actualmente.
El secretario adelantó que organizarán una asamblea entre todas las comunidades para “exigir al gobierno provincial que nos brinden los datos del proyecto” porque restan semanas para que finalice el proceso de licitación.
La iniciativa fue proyectada desde el Ejecutivo provincial como una posibilidad de unir y comunicar ambas localidades y a la región por una vía alternativa de paso más directa, algo que se visualiza en la gráfica difundida.
El gobierno aseguró que esa construcción será de gran importancia para potenciar el desarrollo del norte provincial, ya que permitirá incorporar vastas zonas aptas para el desarrollo agrícola ganadero y la creación de nuevas industrias. En sus redes sociales el gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que como el río Bermejo divide la provincia y lo cruza un solo puente carretero, el proyecto se concibe “pensando en garantizar la conectividad en el norte salteño”.
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, dijo semanas atrás que se trata de una obra que “muestra la visión de futuro en la generación de infraestructura para Salta” y que está contemplada en el Plan de Conectividad Vial de la Provincia. Este medio intentó contactar el Ministerio, pero no obtuvo respuestas.
La apertura de sobres licitatorios se realizará el 28 de enero de 2022, con un presupuesto oficial de $3.200 millones de pesos, otorgados por Vialidad Nacional, organismo que tampoco atendió la consulta.
Fuente: Salta/12
