Así lo indicó el director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Recursos Hídricos, David Le Favi. El 23 de julio último, el colapso de un dique de cola en Potosí, Bolivia, provocó el derrame de materiales pesados en un afluente del río que alimenta a la población de uno de los departamentos más pobres de Salta.
Según indicó el funcionario, tomaron conocimiento de la situación este fin de semana en una reunión a la que se convocó a ministros y legisladores para trabajar de manera conjunta y comunicar a la población. Señaló que iniciaron averiguaciones a través de las vías diplomáticas correspondientes y, al no tener respuestas, se vieron obligados a tomar medidas preventivas.
Posteriormente, autoridades bolivianas pusieron en conocimiento a la Provincia respecto a que se habían realizado análisis de calidad de agua y de sedimentos para la detección de metales pesados. El evento, dijo, produjo un arrastre de metales pesados que habrían quedado a una distancia de 10 kilómetros, en un afluente del río Pilcomayo.
Le Favi aseguró que desde Nación y Provincia monitorean la situación de forma permanente. Para ayer estaba prevista la toma de muestra del agua cuyo resultado se conocería en unos 15 a 18 días. “Hasta que se tengan los resultados, se van a mantener las medidas preventivas”, subrayó en referencia a las prohibiciones de bañarse, pescar o consumir agua del río.
Consultado sobre el tiempo transcurrido desde el derrame y el momento en que se toma la muestra, explicó que “la idea es que, de producirse el ingreso del material, se tiene que interceptar esa llegada”. “Eso está calculado por los especialistas, y las características del río son factores que colaboran”, sostuvo el funcionario
“El informe del Estado Plurinacional de Bolivia es que no se afectó la calidad hídrica del río, que los sedimentos quedaron a 10 kilómetros. Pero no nos podemos quedar con eso, hay que llevarle tranquilidad a la población”, subrayó Le Favi.
“No tenemos derechos”
“Es una preocupación muy grande para nosotros porque esa es nuestra fuente de alimentos”, expresó con preocupación el cacique wichí Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. “Hasta ahora estamos esperando alguna acción inmediata de la gente del Gobierno, que haya estudios de verdad sobre el agua. Hoy por hoy, nuestros hermanos siguen pescando, porque no hay otra manera”, advirtió.
“Nos llegó la noticia a través de las redes sociales que supuestamente el ministro Esteban había mandado un informe que no podían bañarse, ni pescar, ni acercarse al agua”, continuó el referente. Además, negó que las comunidades estén recibiendo la asistencia que anunciaron desde el Gobierno.
Al respecto, aseveró: “Hoy por hoy, todavía no vemos los módulos alimentarios. Yo trato de comunicarme con la doctora Silvina Vargas (Ministra de Desarrollo Social) porque hace casi tres meses que no percibimos los módulos alimentarios, más esto imagínense cómo vamos a vivir. Estamos desamparados, no tenemos derechos”.
