El 23 de julio último, la noticia de un derrame de desechos mineros en Potosí, que podría afectar seriamente la calidad del agua del río Pilcomayo, encendió la alarma en autoridades bolivianas y locales. Pese a ello, a la fecha se desconoce efectivamente la situación del río que sirve como fuente de vida para las comunidades costeras. El fiscal federal Gustavo Gómez habló respecto al abordaje judicial que podría hacerse del caso, de confirmarse la afectación al ambiente y a la salud de la población. Sin embargo, reconoció que implica “una explicación que no se quiere dar”.

Según explicó el fiscal Gómez, es posible abrir una causa penal por el delito de contaminación ambiental, “aun cuando el hecho se haya cometido en otro país”. Citó, a modo de ejemplo, el conflicto en Gualeguaychú en torno a la instalación de la planta de celulosa Botnia, en Uruguay, en 2006. “En aquella época era fiscal general acá. Tuvimos una reunión con varias ONG’s, con Romina Picolotti- ex secretaria de Medio Ambiente condenada por administración fraudulenta agravada- y gente del kirchnerismo. Propuse abrir una causa penal por el delito en grado de tentativa porque la empresa impactaba en el lado argentino”, indicó señalando que la justicia aceptó la denuncia y comenzó a investigar.

“Me sorprendió que aceptaran. Mi postura fue tratar de ver, desde lo sociológico, qué había pasado porque Argentina tenía papeleras que contaminaban mucho más y nunca se abrió una causa penal por el delito de contaminación”, recordó. De acuerdo con su análisis, “la respuesta fue que había un interés político motivado por el interés de la gente, el reclamo ciudadano”. Recordó que el propio Néstor Kirchner se hizo presente y, de alguna forma, alentó a la población a mantener el corte.

En este punto, remarcó la necesidad de que “exista realmente una voluntad política por parte del gobierno para iniciar las causas”. Señaló, asimismo, que la ley 24051, de Residuos Peligrosos, establece que ante un hecho como el ocurrido en Potosí, “el responsable es el presidente del directorio de esta empresa”.

Así, de probarse que se cometió un delito ambiental, a la acción legal podría iniciarla una ONG o cualquier persona. Sin embargo, reiteró: “Si haces una denuncia penal y no hay un interés político fuerte, no vas a encontrar ningún fiscal ni juez federal que le dé impulso a esta causa penal. Van a poner millones de excusas, por ejemplo, que el hecho constitutivo del delito está fuera de nuestro territorio”.

Resaltó que la posibilidad de constituirse en querella coloca al denunciante en una posición de mayor importancia a los efectos de poder avanzar con la causa penal. De este modo, se podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Conociendo las estructuras salteñas, el tema de los delitos ambientales les pasa muy lejos”, reflexionó con pesar, señalando que “dentro del círculo académico de los grandes especialistas del derecho ambiental, el tema no es más que un escollo, una explicación que no se quiere dar”.

Igualmente, si bien el Fiscal cuestionó las demoras en conocerse a la fecha el estado o afectación del río Pilcomayo, opinó que la preocupación “se contradice con que el agua, con o sin el plomo, no es potable porque tiene otros niveles de contaminación mucho más importantes, por ejemplo, los agrotóxicos o todos los líquidos que provienen de río arriba por la falta de tratamiento de los líquidos cloacales”.

“Para activar este tipo de denuncias hay que tener un grado de convicción importante y pensar que va a ser una carrera de largo aliento, no una carrera donde vaya a haber prensa disponible para que esto pueda trascender e impactar en las decisiones del gobierno”, observó Gómez. Para el Fiscal federal, “en definitiva, para avanzar con este tipo de causas se requiere de un fuerte impulso del sistema de administración de justicia, además de la paciencia de avanzar con todas las trabas que tiene”.

Según publica El Tribuno, en los próximos días, y en el marco de un proceso judicial que se sigue contra la empresa minera responsable del derrame, especialistas del vecino país tomarán muestras en el río Pilcomayo, por la zona de la frontera con Argentina. Se sabe que se mantiene la alerta naranja en Villa Montes.