Así lo denunciaron desde la comunidad El Quebracho, en Tartagal. Según indicaron, un hombre atacó a tiros al cacique Isaías Fernández. Anteriormente, el mismo hombre amenazó e intentó atropellar a su padre, Luciano Fernández.

A primera hora del lunes, las comunidades del Pueblo Weenhayek Kyeuhyuk (El Quebracho) y O Ka Pukie (La Troja), ubicadas en el kilómetro 5 de la ruta nacional 86, en el municipio de Tartagal, denunciaron que parte de su territorio había sido alambrada por capataces y peones de una familia que insiste en adjudicarse la propiedad de esa tierra.

La situación se agravó pasadas las 18, cuando una persona disparó contra el cacique de El Quebracho, Isaías Fernández, después de amenazar e intentar atropellar al ex cacique y padre de Isaías, Luciano Fernández.

La esposa de Isaías, Mónica Medina, relató que mientras estaban terminando de sacar los alambres y palos que habían sido colocados días atrás, llegó una persona identificada como el «ingeniero Pablo» y amenazó de muerte al anciano de la comunidad, Luciano Fernández.

Seguidamente, arrancó a toda velocidad la camioneta 4×4 que él mismo llegó manejando. «Lo quería chocar y le erró», aseveró Medina, y agregó conmocionada: «Empecé a gritarle (a don Luciano) que se esquivara. Luego (el conductor) sacó su arma y disparó. Le erró a la cabeza de Isaías Fernández, el cacique». El propio Isaías manifestó sentirse «muy mal» tras la agresión.

La camioneta que utilizó el supuesto ingeniero al momento del ataque. 

Medina dijo que el tal ingeniero Pablo fue visto en el aeroclub de la zona, desde donde despegan las avionetas que fumigan los latifundios donde se siembra soja.

La niyat (cacica) de la comunidad La Troja, Nancy López, también integrante del directorio de la radio La Voz Indígena, destacó la gravedad de lo sucedido. «Le apuntaron con un arma y gracias a Dios la bala no le pegó a Isaías», relató y aseguró que lo único que estaban haciendo era defender el territorio. Señaló que, momentos antes del ataque con el arma de fuego, se había acercado una persona que se identificó como el secretario del ingeniero y les dijo que fue mandado por la «supuesta dueña del campo que está al oeste de la Comunidad» El Quebracho. Esta mujer sería María Monserrat.

López contó que, además de intentar atropellar a Luciano Fernández, el ingeniero quiso hacer lo mismo con Marisa, otra integrante de la Comunidad. La niyat afirmó desconocer cuál es el vínculo del supuesto ingeniero con la familia Monserrat.

Ambas comunidades alertaron en un comunicado sobre el agravamiento del conflicto con criollos que expanden la frontera agropecuaria avanzando sobre territorio indígena. En él, afirmaron que están ante una «situación de extrema gravedad» y que continúan sufriendo intimidaciones, amenazas y el cercado de sus territorios de parte de personas ajenas.

Además, hicieron responsable a los estados nacional, provincial y municipal por los hechos de violencia que vienen sufriendo y los que pudieran ocurrir en adelante.

Recuerdos del desalojo

Estas mismas comunidades atravesaron una situación similar en 2014, cuando sufrieron un desalojo que tuvo como consecuencia el fallecimiento de la madre de Isaías, luego de que sufriera un ACV como consecuencia del padecimiento que significó la violencia ejercida por efectivos policiales.

Pese a todo, después de ese desalojo, pudieron recuperar el territorio. Sin embargo, en ningún momento desistieron las amenazas, afirmó López. Denunció también a los peones y capataces por amenazas contra su persona, hechos que vinculó con su condición de mujer.

Además, las comunidades afirmaron que recientemente les han intimado para que no se acerquen a la zona, y que lo mismo suele ocurrir cuando «los terratenientes vienen en su camioneta con la Policía”.

También denunciaron que los finqueros de la zona siguen sembrando monocultivos tratados con agroquímicos a metros de las viviendas comunitarias, con el riesgo que implica.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Policía de Salta, no brindaron información sobre los hechos denunciados por los miembros de las comunidades.

Fuente: Página/12