bandera Wiphala portada por integrantes de comunidades indígenas

Antonio Suárez vive en Abra Pampa, es parte del “Tercer Malón de la Paz” y de la Nación Kolla. Participa de los cortes de ruta en Jujuy y formó parte de la comitiva que se reunió con el Presidente. Explica por qué se mantienen los bloqueos y asambleas, exige el cumplimiento de los derechos indígenas y reitera el rechazo a la megaminería: “El agua vale más que el litio”. Por Nahuel Lag.

El cruce de las rutas nacionales 52 y 9 en Purmamarca, a 65 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, es el núcleo de la resistencia de los pueblos originarios contra la reforma “inconstitucional” del gobernador Gerardo Morales. El cruce de rutas simboliza el punto de encuentro de las comunidades originarias del oeste  —Olaroz, Susques, Laguna Guayatayoc— y las del norte —La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca—, todas representadas en el Tercer Malón de la Paz. Antonio Suárez es malonero por la Nación Kolla, el 15 de junio llegó al cruce de rutas desde Abra Pampa, marchó hasta la capital el 16, vivió la represión del 17 de junio en Purmamarca y la persecución de los días posteriores. La semana pasada fue parte de la comitiva que viajó a Buenos Aires para alcanzar un petitorio al presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos y este lunes celebró cuando el Concejo Deliberante de Abra Pampa declaró el rechazo a la reforma, algo que ocurrió también en Humahuaca el fin de semana.

“El gobierno de Morales quiere hacernos creer que la reforma es innovadora, que es un beneficio para nosotros, pero nosotros vemos, cada vez más, que va en detrimento de los territorios, de nosotros como pueblos y naciones preexistentes”, advierte Antonio y señala que Jujuy sigue en pie.

El “No a la reforma” retumbó desde el 23 de mayo, cuando juraron los constituyentes, encabezados por Morales, para una convención que resolvió en poco más de tres semanas lo que debía debatir en 90 días. El rechazo por el artículo que limita y criminaliza el derecho a la protesta —que Morales estrenó con un centenar de detenciones arbitrarias— fue lo primero denunciado por comunidades originarias, docentes y organizaciones sociales.

Sin embargo, los pueblos originarios cuestionan la “constitucionalidad” de la reforma en sí misma por incumplir el derecho a consulta, los artículos 36 y 50, sobre propiedad privada y derechos indígena —que el gobernador decidió poner a discusión el mismo día de la jura, de forma unilateral—, y otros que siguen vigentes como los 72, 74 y 75, que dejan en manos del Estado el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua, con un enfoque netamente productivista y la explotación del litio como principal objetivo.

Por eso, en las rutas provinciales continúan, al menos, diez cortes de las comunidades originarias. “La decisión es sostener los cortes, se ha decidido en asamblea, estamos en diferentes rutas y no está dispuesto a salir ningún hermano ni hermana”, asegura en diálogo con Tierra Viva. Cuando habla de la decisión en asamblea se refiere a la que ocurre en cada comunidad, en cada corte y, en particular, la asamblea del Tercer Malón de la Paz que desde el 16 de junio se instaló en el cruce de las rutas 52 y 9, y funciona como referencia. “Hace décadas que no ve en Jujuy una movilización como la que protagonizó el Malón de la Paz”, asegura el comunero de Abra Pampa.

La agenda mediática corrió la mirada de Jujuy luego de la represión. El gobernador Morales consiguió su objetivo de mostrarse como un dirigente de mano dura para ser nombrado como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y lo que queda es “el ninguneo de mostrarnos como piqueteros, de decir que no somos de aquí los que estamos en las rutas, que tenemos relación con Milagro Sala, que tenemos relación con la izquierda o con el kirchnerismo. Eso es un ninguneo y racismo por parte del gobierno provincial y los hermanos se enervan por eso. Si nos hemos sostenido, desde el día que salió la marcha del Malón de la Paz, es gracias a los hermanos y hermanas de las comunidades que nos respaldan”, describe Antonio sobre la profunda raíz comunal que tiene la protesta.

En las últimas horas esa respuesta local se hizo sentir en Humahuaca y en Abra Pampa, donde los Concejo Deliberante votaron una declaración de rechazo a la reforma constitucional por exigencia de la población. En Humahuaca ocurrió el viernes por la noche y fue en medio de un nuevo operativo represivo de la Policía de Jujuy, que volvió a apuntar a la cara de los manifestantes dejando herido en el ojo al joven Joel Paredes, como ocurrió en la jornada represiva del 17 de junio con Mijael Lamas.

“Hay bastantes ánimos, por lo que manifiestan hermanos y hermanas, de que se pueda replicar en muchas localidades”, asegura Antonio y explica que “es el conjunto de la población en La Quebrada y la Puna, que defiende el conjunto del territorio”. “Esta lucha se está haciendo cada vez más fuerte”, sentencia.

—Desde el inicio de las protestas el gobierno jujeño respondió con detenciones arbitrarias y persecución. ¿Qué garantías tienen hoy en la provincia quienes sostienen la protesta?

—Por parte del Estado y del Gobierno sentimos que no tenemos ninguna garantía. Al contrario, se continúan profundizando las intimidaciones, la persecución a través de contravenciones a los comuneros y a los referentes de la asamblea del Tercer Malón de la Paz en Purmamarca. No hay ninguna garantía. Desde que marchamos a San Salvador de Jujuy se sentía, aunque nosotros no lo tomamos en cuenta porque íbamos, como decíamos, por la paz. Al llegar a la capital ya veíamos más cantidad de policías de civil e infiltrados en nuestro malón. Cuando llegó la represión, muchos ya estábamos identificados, y en el día de la represión, en Purmamarca, iban directo en busca de los referentes. Hicieron búsquedas por los cerros. Muchos decidimos resguardarnos porque había policía de civil infiltrada.

—En los primeros días de represión tuvieron que esconderse por el peligro de sufrir detenciones arbitrarias…

—Cuando marchamos con el Tercer Malón estábamos al resguardo de las mujeres con las que marchábamos. Ellas se pusieron al frente, por decisión, esperando que no las fueran a reprimir, pero ocurrió lo contrario. Los referentes fueron detenidos y golpeados durante la represión y luego en el traslado a Alto Comedero. Desde ese momento, siguió la persecución. En la Quebrada de Humahuaca denunciaron el intento de secuestro de dos comuneros. A referentas comuneras de Abra Pampa, la Policía fue a buscarlas a sus casas e ingresó sin dar explicaciones. No las encontraron porque estaban en Purmamarca, pero ese es el tipo de intimidaciones que viven referentes y sus familias hasta el día de hoy.

—Otra de las denuncias graves contra el gobierno de Morales fue la utilización de camionetas sin identificar para hacer tareas de rastrillaje.

—Cuando viajamos a Buenos Aires algunos hermanos llegaron a la nueva terminal de ómnibus de San Salvador y fueron intimidados por movimientos policiales y camionetas blancas de doble cabina sin patente que pararon ahí. Eso muestra a las claras cómo es el seguimiento que llevan adelante. La persecución continúa hasta el día de hoy. También con intervención de los celulares, el Gobierno abiertamente dice que tiene registro de los contactos de los comuneros con familiares, amigos y periodistas. Además de los inhibidores de señal que existen en Purmamarca, donde está la asamblea, y en los alrededores de la Casa de Gobierno y la Legislatura.

—¿Estas denuncias las llevaron la semana pasada a la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández?

—Desde un primer momento se lo invitó al Presidente a que venga al territorio, que vea el conflicto de primera mano, cómo estamos resistiendo en los territorios y qué es lo que nos ha llevado a movilizarnos. Se elevó la nota con anterioridad y después ocurrió la invitación a la casa de Olivos.

—Tras la reunión que tuvieron en Olivos, el Ministerio de Justicia elevó un pedido a la Corte Suprema para que declara inconstitucional de varios artículos de la reforma, entre ellos, lo que van contra el Convenio 169 de la OIT, de consulta previa e informada, pero en el petitorio que presentaron va más allá. Le exigen al Gobierno que reglamente por decreto el proceso de consulta, en particular para los proyectos de explotación de litio. ¿Por qué?

—Vimos oportuno que el Presidente pueda escucharnos y mostrarle que en Jujuy existen tres protocolos de consulta hechos por las comunidades, que significó un proceso de años para poder elevarlo, pero tanto los gobiernos provincial como nacional y las empresas privadas sobrepasan esos protocolos de consulta en detrimento de los pueblos. A pesar de que la Argentina reconoce constitucionalmente el Convenio 169 de la OIT, queríamos marcar que existe trabajo hecho para reglamentar la consulta, para que pueda hacerse concreto y el gobierno nacional sea parte y se haga cargo.

—Uno de los argumentos de Morales para defender la reforma parcial de la Constitución de Jujuy era que venía a incorporar estos acuerdos y convenios internacionales. Y el día de la jura anunció que daba marcha atrás con los artículos 50 y 36, pero desde el Malón de la Paz marcaron que esto era insuficiente y mantienen el reclamo de nulidad de la constitución. ¿Por qué?

—El Convenio 169 de la OIT está ratificado desde 2001 por la Argentina, pero sabemos cómo se lleva a la práctica. El último conflicto fue en la comunidad de Lipán, que integra la cuenca de Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes. Entonces, Morales habló de “consulta”, pero para él “consulta” significa una reunión en la que un comunero y dos o tres familias de la comunidad firmen el acta, aún sin estar de acuerdo. Desde el gobierno provincial eso es suficiente para llevar adelante cualquier emprendimiento, aunque sea violatorio de los protocolos de consulta. La consulta se trata de un proceso más largo, que no puede ser marcado por el gobernador sino por las comunidades afectadas. Nosotros decimos que no hay un “no” o un “sí”, lo que pedimos es que las consultas se lleven adelante y, hasta al momento, no hubo ni hay intención. El gobernador Morales dio marcha atrás en los artículos 36 y 50 como si fueran los únicos artículos que afectan a los pueblos originarios, pero si los pueblos originarios siguen en las rutas es porque el conjunto de la reforma nos afecta.

—¿Cuáles serían los otros artículos?

—Siguen vigentes en la Constitución reformada el artículo que habla de los recursos naturales, el 74 sobre tierras fiscales, el artículo 75 sobre el uso del agua. Entendemos que esos artículos nos afectan de forma integral, sobre todo el del agua, que afecta a los que vivimos en el territorio y los que viven en la ciudad.

—También habla de una afectación al conjunto del territorio y las comunidades.

—Es bueno destacarlo. Por ejemplo, a nosotros como Nación Kolla nos quieren enmarcar dentro de un espacio territorial mínimo: determinado por mapeo, por programas. Pero la relación con el territorio es diferente, hay una relación constante con la urbanidad, con el ir y venir de la comunidad. El kolla está mucho más dolido con esta lucha, porque siente que no afecta solo un territorio sino toda una vida, ya esté en el territorio o en la urbanidad. El Tercer Malón ha fortalecido ese lazo, que el gobierno siempre ha pretendido romper. Es el conjunto de la población en La Quebrada y la Puna, que defiende el conjunto del territorio.

—¿Este lazo del que habla entre quienes viven en el territorio y en la urbanidad se refleja en el lazo que ha unido la lucha de los pueblos originarios con la de los docentes?

—Exacto. A diferencia de lo que pasaba hace veinte o treinta años atrás, tanto en La Quebrada como aún más en la Puna, ahora existen docentes con nuestra piel, de nuestra raza, de nuestra nación. Ahora son muchos, por eso, son los docentes los que se han plantado ante los gremios para marcar que no es solo una discusión salarial, sino que el primer punto tiene que ser la nulidad de la reforma, luego se habla de la paritaria. Hay hermanos con docentes que trabajan en San Salvador de Jujuy, pero todos los fines de semana vuelven al territorio a cuidar sus animales, a sus llamas, no pierden esa relación con el territorio. Por eso esta lucha se está haciendo cada vez más fuerte.

—Morales sostiene que 150 comunidades firmaron a favor de la reforma constitucional, pero desde el Tercer Malón viene advirtiendo irregularidades en el funcionamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en la provincia y de los Consejos de Participación Indígena. ¿Cuál es la situación?

—Los Consejos de Participación Indígena son una figura que ha creado el Estado para hacer el nexo entre las comunidades. Muchos son hermanos o hermanas representantes ante el Gobierno, pero para nosotros no son más que mensajeros, aunque el Estado los tome como representativos de toda una comunidad y algunos se atribuyen esa representatividad. Sabemos que algunos de ellos han tenido reuniones, han dado su aval a favor de la reforma. Por eso, en muchas de las asambleas recientes fueron desenmascarados y han sido sacados por no ser representativos. En la reunión en Olivos se le planteó al INAI que sean removidos de sus cargos, porque hace un tiempo considerable debieron ocurrir nuevas elecciones en los CPI. Respondieron que hasta diciembre no le da tiempo para resolver las nuevas elecciones. Morales habla de 150 comunidades que han firmado, pero pueden tomar como representativo a un hermano o hermano que es mensajero de 30 o 50 comunidades. Realmente no es así.

—¿Cómo impacta el mal funcionamiento del INAI en la provincia para una de sus tareas fundamentales como el relevamiento de tierras y entrega de títulos?

—Si ha sido difícil durante los gobiernos anteriores, durante el de Morales no se ha entregado ningún título de propiedad comunitaria. Muchos hermanos y hermanas tienen títulos de propiedad individual, mientras que solo el 30 por ciento de las comunidades cuentan con el título de propiedad comunitaria. Si los títulos individuales están en juego con esta reforma, mucho más los de propiedad comunitaria que aún no han sido reconocidos y figuran como tierras fiscales. Contra el gobierno de Morales existen denuncias de manipulación para realizar la entrega de títulos, pedidos para que las comunidades cedan parte de sus territorios, ricos en salares o lagunas, a cambio de conseguir el título. Mientras tanto, las comunidades que desde el gobierno provincial marcan como conflictivas sufren trabas burocráticas impuestas por la Secretaría de Pueblos Indígenas para que los hermanos no puedan llevar adelante sus emprendimientos productivos como, por ejemplo, la producción de lana de vicuña.

—¿Cómo es eso? ¿Podría dar un ejemplo?

—Por ejemplo, a una comunidad de Laguna Guayatayoc le están poniendo trabas burocráticas, para trámites como el de contar con una cuenta bancaria, porque necesitan la certificación de la Secretaría de Pueblos Indígenas. La comunidad cría vicuñas, hizo la esquila y tienen el acopio, pero no puede vender. Son trabas para que sigamos sumisos a un poder, al gobierno o sigamos dependiendo de un Estado. Ese puede ser un ejemplo, como muchos otros, de las trabas que pone el gobierno de Morales para el desarrollo propio de las comunidades. Es el gobierno el que traba los modelos de desarrollo elegidos por las comunidades…

—El ejemplo de Laguna Guayatayoc es significativo, porque en esa cuenca las comunidades resisten el avance de la explotación de litio, mientras que comunidades vecinas en el salar de Olaroz han aceptado que se avance. ¿Cómo evalúa esa situación?

—Han aceptado ocho de diez comunidades en Olaroz. Allí nosotros tampoco creemos que haya ocurrido una consulta real, pero han aceptado. Sin embargo, con la movilización del Malón de la Paz, que sobrepasa el funcionamiento de los CPI y los comuneros, han salido a cortar las rutas en Susques en la propia puerta de la empresa Allkem. Eso visibiliza que no todos estaban tan cercanos a la posición del gobierno sino algunos referentes o dirigentes, no la mayoría de la población.

—Una de las consignas de la lucha contra la reforma constitucional es «vienen por el agua». ¿Cómo explicaría esto a quienes están en las ciudades y ven en el litio una oportunidad económica?

—El agua vale más que el litio. En nuestra Puna siempre ha sido crítica la cuestión de la sequía. El 99 por ciento de las familias en los territorios viven de su ganadería, su vida depende de ello. Es una situación de sobrevivencia: hay zonas en las que se deben recorrer kilómetros y kilómetros para abastecerse de agua. Lo hacen trayendo agua desde lo más alto de los cerros. Hasta ahora, las comunidades regulan el uso del agua, se autogestionan a través de consejos con decisiones asamblearias, con esta nueva reforma está en peligro porque el artículo que regula el recurso del agua habla de licitaciones para el desarrollo de emprendimientos productivos como el litio. El agua viene de arriba, de los cerros, y ha sido cuidada por milenios por nuestros abuelos y queremos seguir cuidándola de la mejor manera. Si un turista puede venir a ver la Quebrada, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, o si puede visitar la Puna y encontrar sus paisajes como han sido históricamente; no es por falta de tecnología ni porque no queramos el desarrollo sino porque creemos que es la mejor manera para conservar el territorio para nuestros hijos. En esos territorios queremos seguir desarrollando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra manera de vivir, nuestra relación con la Pachamama.

Fuente: Agencia Tierra Viva