El turismo empresario abraza al modelo neoliberal. A través de sus promocionados beneficios, como el ingreso de divisas, la generación de empleo y el atraer inversiones, convenció a estados y organizaciones de su capacidad de generar «desarrollo y crecimiento». Lo que no se cuestiona es a costa de qué y de quiénes se impone una actividad que vulnera derechos. Por Sofía Acotto.

La palabra “extractivismo” no está en el diccionario, según advierte la Real Academia Española. Curiosamente, el término aún no ha llegado a sus oídos, pero sí a los cuerpos. Para muchos se define como un modelo de crecimiento económico basado en la primarización de las exportaciones o la venta al exterior de recursos naturales (con escaso o ningún valor agregado). Para otros, es una asociación directa con poderosas industrias multinacionales que explotan, de forma indiscriminada, los bienes naturales y los territorios, sin garantías de desarrollo, crecimiento ni preservación para las poblaciones y los ambientes explotados. Minería, hidrocarburos, industria forestal, agricultura industrial son las primeras en debatirse o celebrarse, según quien salga perjudicado o beneficiado.

El concepto de extractivismo lleva implícito el hecho de extraer, lo cual no se reduce meramente a una cuestión técnica en la que el impacto ambiental es la consecuencia más evidente. Incluye también una complejidad de orden social. Se trata de la apropiación de bienes comunes que hacen a la identidad de los territorios, sus dinámicas y formas de vida. Con consecuencias sobre lo humano, el término comienza a perder su exclusividad en las actividades primarias y se expande a nuevas “industrias” que encuentran cómodamente su faceta extractivista. El turismo, más silencioso que sus competidores, es una de ellas.

La actividad turística fue bautizada hace muchos años atrás como la “industria sin chimeneas”, haciendo alusión a su capacidad de generar ingresos a gran escala y ofreciendo una especie de salida exitosa para varios países con economías en crisis. Sin embargo, esa forma de turismo de masas no tardó demasiado en mostrar sus costuras.

Grandes inversores extranjeros que obtienen beneficios a costa de las comunidades y sus bienes comunes, la contaminación y sobreexplotación del agua, el aire y el suelo (a pesar de no tener chimeneas), la transformación de las culturas locales, el encarecimiento del costo de vida, la alteración de las relaciones comunitarias, el abandono de las actividades tradicionales (como consecuencia de los nuevos usos de la tierra), son algunas de las consecuencias de un turismo que prometió riqueza y bienestar a las sociedades donde se instaló.

¿Por qué el turismo puede ser extractivista?

Si bien es considerada una economía de servicios, la actividad turística es una práctica socioeconómica que hace usufructo de los “recursos naturales y culturales” para su desenvolvimiento. El aprovechamiento de los territorios que el turismo lleva adelante no está desconectado de las políticas y modelos de desarrollo que se vienen gestando y profundizando en Argentina y la región.

La dinámica extractiva tiene lugar cuando esos bienes naturales y culturales, en su carácter de atractivos turísticos, son en realidad tratados como mercancías, bajo prácticas como la apropiación y sobreexplotación. El fin es común a todo extractivismo: maximizar los beneficios económicos. ¿El medio? Una vez más, los territorios y las personas que los habitan.

Daniela Rodríguez, especialista en turismo y territorios, investigadora de Conicet y de la Universidad Nacional de Comahue (Neuquén) afirma que se están empezando a dar debates en ese sentido, que no son menores en términos de los impactos que se comienzan a visualizar: “Producto de un modelo de turismo que se engrana muy bien con la matriz extractivista de América Latina”.

Bajo esta lógica, el turismo se convierte —como los commodities—, en un nuevo proveedor de divisas, dólares. El objetivo para actores privados y gubernamentales es netamente económico y profundizan líneas de pensamiento relacionadas con la colonización, el racismo, y la desposesión.

Melisa Cabrapan Duarte, antropóloga feminista e integrante del Lof Newen Mapu (Colonia Rural Nueva Esperanza, Neuquén), resume: “El extractivismo es la mercantilización de la naturaleza, llevada a cabo por varones blancos que extraen, toman y usan, incluso con una idea meramente de paisaje”.

Laura Méndez, integrante de Pueblo Kolla-Omaguaca, licenciada en Comunicación Social y docente, explica: “Conviene hablar mejor de extractivismo cultural, en el sentido de cómo las expresiones culturales se ven amenazadas, vulneradas o limitadas por las políticas públicas que llevan a cabo los sectores dominantes y de poder económico”.

“El ejemplo más claro en Jujuy ocurrió en la última celebración del Carnaval, organizado desde el Poder Ejecutivo, en el que las comparsas vieron dificultada su participación ante exigencias como el pago de impuestos, que no se condicen con la esencia misma de la celebración”, señala Méndez.

Turismo y desarrollo inmobiliario: fragmentación y precariedad laboral

Una forma evidente del vínculo entre el turismo y el extractivismo se observa con el desarrollo —y especulación— inmobiliaria en manos de particulares, empresas, instituciones financieras e incluso fundaciones y organizaciones no gubernamentales (generalmente de origen extranjero), que adquieren y concentran tierras mediante diferentes tipos de inversiones que la dinámica capitalista del turismo les proporciona.

Complejos hoteleros, centros de esquí, estancias turísticas, hoteles boutiques y Glampings (neologismo que combina las palabras “glamour” y “camping”) son algunos ejemplos de inversiones que toman el paisaje como mercancía para abastecer un turismo de lujo, que no sólo altera el medioambiente, sino que incumple las promesas de beneficios que debieran «derramar» en las comunidades locales.

En algunos casos, como Bariloche (Río Negro) o San Martín de los Andes (Neuquén), el avance de proyectos edilicios de índole turística significó la modificación de la organización socioeconómica de las familias que habitaban esos territorios. A partir de desalojos o desplazamientos forzados que las obligaron a relocalizarse en zonas más altas y periféricas, debieron abandonar las actividades que eran su sustento económico y su forma de vida, como la agricultura o la ganadería. Eso obligó a los habitantes expulsados a las periferias a luchar para reinsertarse en una economía urbana donde se convierten en mano de obra precarizada.

Porque quienes acceden a los puestos laborales que el turismo genera no son los mismos a los cuales éste desplaza: para ello se requieren estudios formales, preparación y cierta “presencia”. Sino serán empleados para el servicio de limpieza o mantenimiento de aquellos refugios donde otros se relajan.

Los destinos turísticos se convierten en territorios donde habitan paralelamente dos mundos: el diseñado para el turista que hace un paso fugaz y el de aquellos que realmente lo viven cotidianamente. En el medio, los separa la desigualdad que el mismo desarrollo turístico paradójicamente profundiza.

Por un lado, la inequidad aparece cuando se unen la especulación inversionista con una demanda turística que cuenta con ingresos superiores al promedio de los habitantes locales. Esa ecuación genera una modificación de precios que recaen sobre los valores de las tierras, los alquileres, los productos básicos e insumos diarios, encareciéndose para quienes habitan los destinos todo el año.

Por otro lado, esas localidades turísticas que se erigen en torno a las grandes bellezas naturales y patrimonios culturales son, para los locales, lugares inaccesibles y destinados a la mera observación. “Determinadas porciones del territorio empiezan a cobrar una lógica rentística y un valor paisajístico que está dispuesto principalmente a la explotación del capital”, resume Rodríguez.

La empresa que posee la pista de esquí del Cerro Catedral —emblema turístico de Bariloche— ofrece a los residentes locales un pase especial a 94.900 pesos, que no se puede usar durante las semanas de vacaciones de invierno, y la del Cerro Chapelco —en San Martín de Los Andes— ofrece tres días a un precio distintivo de 36.300 pesos, que no incluye los meses de temporada alta de invierno. Esas cifras no se condicen con los salarios ni con las realidades de los trabajadores de las zonas turísticas.

En Neuquén, el premio al salario nominal más bajo del año 2022, se lo llevan las actividades básicas del turismo: gastronomía y alojamiento con 120.000 pesos mensuales. En Bariloche, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) lleva tiempo denunciando que, a pesar del éxito de la temporada de verano, los empresarios gastronómicos y hoteleros han sobrecargado de horas al personal, en condiciones informales e irregulares.

Turismo y extractivismo urbano: la «turistificación»

En el caso de las grandes urbes o ciudades capitales, la actividad turística muestra también su veta extractivista cuando, en el afán de captar más turistas y fomentar el consumo, se llevan a cabo transformaciones que no siempre son bienvenidas por los residentes. El fenómeno, conocido como “turistificación”, convierte los espacios urbanos en espacios totalmente funcionales al turismo.

En los barrios de San Telmo y Monserrat (Ciudad de Buenos Aires), el gobierno porteño inauguró a fines del año pasado una obra de “revalorización del Casco Histórico”, la cual fue rechazada por los vecinos y diferentes asociaciones. El reclamo consistía en que la obra nada tenía que ver con la preservación del patrimonio de barrio, sino más bien con el de crear un polo gastronómico y de entretenimiento a cielo abierto, destinado pura y exclusivamente al turismo.

Se desoyeron los pedidos vecinales, aunque la “revalorización” se muestre como un orgullo en la gestión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Ya es una realidad que genera trabajo y oportunidades para muchos argentinos a través del turismo y la gastronomía”, sostuvo Larreta, quien tiene como eslogan de su gestión en la ciudad “la transformación no para”.

Las consecuencias en los barrios comienzan a verse: hiperpresencia de turistas, pérdida de identidad en pos de adaptar negocios y viviendas a la fórmula turística: el más obvio es el Mercado de San Telmo. Este espacio icónico ha ido perdiendo sus locales históricos vinculados a los alimentos y antigüedades que eran visitados por la gente del barrio, y dándole cada vez más lugar a puestos gastronómicos y de artesanías que se crean al gusto de la demanda del turismo internacional. En paralelo, lo más complejo, es el éxodo de los vecinos que ya no pueden pagar sus alquileres sobrevalorados.

El problema se hace mayor cuando aparecen plataformas digitales propias de una economía globalizada y capitalista. En el caso del turismo, Airbnb, la aplicación de oferta de alojamientos particulares y hoteleros, es la estrella que todos los propietarios persiguen: un departamento que rinde en dólares y un turista low cost que lo avala.

Ya está comprobado que esta plataforma de alquiler temporario desestabiliza el mercado inmobiliario en cada ciudad donde se instala, tal es el caso de la Ciudad de México, París o Barcelona. En Buenos Aires, las consecuencias se reflejan en una oferta inmobiliaria restringida para la población residente. Los dueños de segundas viviendas priorizan su comercialización en el segmento del turismo debido a que éste les habilita ganancias mayores que el segmento local.

Según el informe “Alquileres temporarios en Argentina. Crecimiento acelerado de Airbnb en el contexto de la crisis habitacional”, elaborado por Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), la mitad de las viviendas en alquiler temporario del país se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 15.000 propiedades que podrían abastecer la oferta de alquileres permanentes fueron desplazadas hacia el mercado de alquileres temporarios. En 2019 eran 9.338 unidades: en sólo cuatro años (y pandemia de por medio) creció un 62 por ciento.

El uso turístico de las propiedades se convierte así en un espacio de disputa por el acceso a la vivienda, donde aquellos que poseen los inmuebles son los socios beneficiarios del turismo, y los inquilinos son los marginados y perjudicados.

Estado, Parques Nacionales y extractivismo: el turismo como socio silencioso

A partir de la década de 1930 se sancionaron leyes que dieron a luz los diferentes Parques Nacionales y su órgano de aplicación: la Administración de Parques Nacionales (APN). Comenzó así un proceso de desterritorialización del cual se silencian muchas aristas. Este fue, quizás, el primer indicio de un modo de extractivismo en el que el Estado y el turismo se asociaron para tomar posesión y uso de los bienes comunes en áreas de alto valor natural y cultural.

Si bien el modelo siempre hizo hincapié en la conservación de las bellezas naturales y los paisajes, el turismo fue acoplándose al sistema como una actividad aparentemente benévola y necesaria. Sin embargo, lo que hizo fue sumarse a una dinámica contaminante, discriminatoria y con intereses ocultos que subyacen en el fondo de la cuestión.

Celeste Cañicul, tataranieta de Francisco Cañicul —uno de los primeros habitantes de la zona que comprende el Parque Nacional Lanín— cuenta que con la llegada del APN muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus territorios: “Tenían que pagar por la cantidad de animales, por la siembra. Pero no todos pudieron. Mucha gente que no pudo pagar, los echaban del lugar, les tiraban las casas con lo que tenían o se las prendían fuego. La gente se quedaba sin nada y se tenía que ir”.

Las comunidades mapuches que están en el mismo territorio del parque nacional han logrado un sistema de comanejo con APN, donde tienen representación y participación de las actividades que allí se realizan. Sin embargo, el Pueblo Mapuche, aun entendiendo el potencial económico que tiene el turismo, considera que el incremento de la cantidad de personas que llegan al territorio cada año requiere de un control y una planificación que eviten los impactos y alteraciones tanto ambientales como culturales.

“En temporada alta son entre 300 y 500 personas que ascienden al Pijan Mawiza (volcán Lanín) y para nosotros es mucha carga. Mucha demanda para algo que para nosotros demanda cierto equilibrio. No podemos usar nuestra naturaleza solo por el rédito económico y no pensar que le estamos haciendo daño y que, en algún momento, nos va a pasar factura. En algún momento nos va a decir que no más”, advierte Cañicul.

Pasaron décadas desde que los primeros parques nacionales y áreas protegidas aparecieron en la escena gubernamental y avanzaron sobre comunidades y territorios ancestrales. Sin embargo, con el rescate de la biodiversidad como bandera, la creación de nuevos Parques Nacionales trae consigo actores que resultan llamativos. Entre ellos, organizaciones no gubernamentales que representan poderes internacionales, que van adquiriendo en diferentes países miles de hectáreas de gran valor biológico, con el argumento de proteger al planeta.

Los parques nacionales Iberá (Corrientes), El Impenetrable (Chaco) y Patagonia Argentina (Santa Cruz) nacen con Rewilding Argentina, una ONG fundada por el empresario ecologista estadounidense Douglas Tompkins. El Parque Nacional Aconquija (Tucumán) se inicia con Fundación Flora y Fauna Argentina, hoy Rewild. Los más recientes Parque Nacional Ansenuza (Córdoba) e Islote Lobos (Río Negro) son el resultado de la donación de Fundación Wyss, ONG con sede en Estados Unidos y fundada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss.

El mecanismo es el mismo en todos los casos. Compran tierras privadas y luego donan —algunas de ellas— al Estado. Lo que antes decidía un gobierno, ahora lo impulsa un foráneo. El sector turístico aprovecha en silencio y habla en voz alta para convencer de sus beneficios. ¿Cómo negarse a nuevas oportunidades de mercado? Al contrario, se pliega una vez más al conservacionismo, ahora ecológico, que termina en la comercialización del ambiente y el vaciamiento de los territorios.

Estos casos tienen algunas coincidencias curiosas: muchos de estos territorios representan grandes concentraciones de agua o de minerales. Por ese motivo, comunidades como la de Famatina (La Rioja) han rechazado la insistente creación de un Parque Nacional en sus tierras. Quienes resisten la aplicación de parques nacionales argumentan que estas estrategias de patrimonialización son formas de saquear y expoliar los bienes comunes, y ponerlos a disposición de inversiones extranjeras para futuros proyectos mineros.

El turismo, siempre bien acogido y nunca cuestionado, parece tener un lado oculto, donde se esconden tímidamente algunas de esas formas del extractivismo ya conocido. Inversión privada y concentrada, disputas por el suelo, pérdida de identidad, inequidad territorial, apropiación y acceso diferencial a bienes comunes, contaminación, desigualdad social, la naturaleza como proveedora, comunidades en tensión, resurgen en los destinos turísticos cuando la necesidad y el poder de los billetes verdes tocan a sus puertas.

Sin embargo, reconocer esta nueva forma de mercantilizar la naturaleza y la cultura de los pueblos, es una especie de alerta y punto de partida para abrir otras preguntas y plantear ciertos debates, aprovechando esos espacios colectivos —como las asambleas— que ya han gestado otras luchas en defensa el territorio.

Esta vez, el discurso de “la oportunidad de crecimiento” se amplifica en las comunidades en boca del turismo. Recuerda a viejas promesas incumplidas, a historias y experiencias amargas que otras actividades extractivistas, menos obvias, más duras, igual de embaucadoras, ya nos regalaron.

Porque el extractivismo, aún disfrazado de turista, sigue operando. Sin vacaciones, sin descanso.

Fuente: Agencia Tierra Viva