El procurador Pedro García Castiella informó que hubo filtración de información del registro de base de datos de la Policía. Seguridad quiso remover a un funcionario del CIF, finalmente permanecerá en su puesto.

Un oficial principal y un cabo de la policía de Salta fueron detenidos en el marco de una investigación relacionada a estafas que se hacían a través de una financiera ilegal. Ambos están acusados de mantener comunicación directa con una prófuga y de actuar de voceros ante las víctimas para disuadirlos de realizar denuncias. Uno de los detenidos tenía además una financiera informal dedicada a la compra y venta de divisas que funcionaba en el microcentro.

Los allanamientos fueron solicitados por la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos (UDEC), Ana Salinas Odorisio, al Juzgado de Garantías 3 y llevados adelante por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en dos viviendas y una oficina ubicada en el microcentro salteño. Como resultado de los allanamientos fueron secuestrados en el local del microcentro, que pertenecería al oficial principal, 1.659.670 pesos, 15.900 dólares, contratos y papelería de la financiera Ríos y Asociados y un teléfono celular. Por otra parte, del baúl del automóvil del cabo se secuestraron 300.000 pesos.

Luego de otros allanamientos efectuados la semana pasada y la detención de ocho personas, la fiscala continuó con la investigación para encontrar a una mujer, que sería una de las organizadoras de la financiera, y de un hombre que se encuentran prófugxs.

Los investigadores pudieron identificar a dos miembros de la Policía de Salta que, «sin perjuicio de haber originado una inversión propia, habrían adoptado roles de colaboradores que precisaban acciones tendientes a la incitación y/o captación de nuevos, constantes y fluidos inversores, que sirvió a la falsa financiera para acumular un número mayor de víctimas que entregaron sus ahorros», informó el Ministerio Público Fiscal.

Según lo informado, tanto el oficial principal como el cabo mantenían comunicación directa con una de las prófugas y actuaron de voceros ante las víctimas para disuadirlos de realizar denuncias. Los efectivos fueron alojados en la Alcaidía General de la Provincia y, por pedido de la Fiscalía, permanecen incomunicados.

Identidad falsa

Por su parte, la fiscala Salinas Odorisio informó que de oficio hace semanas, hace unas semanas comenzó a investigarse a la firma Ríos & Asociados, que usaba una identidad falsa. La supuesta empresa ofrecía en redes sociales la participación en operaciones de inversión prometiendo importantes ganancias en el corto plazo de 15, 30 y 60 días. Los inversores debían rubricar un contrato de inversión con la financiera, que llevaba el membrete de Ríos & Asociados, número de CUIT y era representada por un abogado.

Según las primeras investigaciones, no existe una empresa con la denominación Ríos & Asociados en Salta y, al investigar el CUIT se lo encontró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre de una empresa dedicada al negocio inmobiliario.

Salinas Odorisio dijo que el objetivo de la investigación «fue desbaratar una banda cuyos integrantes se dedicaban a la captación de dinero y así a la actividad de una financiera absolutamente fuera de la ley». Explicó que esta empresa no se encuentra inscripta en ningún tipo de registro de la actividad, usaba un CUIT perteneciente a una empresa «que nada tiene que ver con esta situación», «Fue un CUIT tomado al azar para así poder atraer a mayores víctimas», y también usaba el nombre de un abogado, «que ha sido también localizado y también es víctima ya que se ha usado sistemáticamente en todos los contratos su nombre. Se trata de una persona que ni siquiera reside o conoce la ciudad de Salta, y por supuesto tomara él las medidas que correspondan», aseveró.

Salinas Odorisio dijo que Inclusive se ha insertado en todos los contratos, «una matrícula profesional que pertenece a un colega salteño ya fallecido».

En la causa se decretó la «reserva de actuaciones» por lo cual la fiscala y el procurador explicaron que no pueden dar mayores detalles sobre la investigación. García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que haya más imputados.

“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas”, afirmó García Castiella.

“No estamos ante un clásico sistema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, sostuvo el procurador.

Choque de poderes

Por otro lado, García Castiella dijo que hubo una disposición del Jefe de Policía de la provincia, Miguel Ceballos, y del ministro de Seguridad, Abel Cornejo, para desplazar al comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda. Pero el procurador anunció que el funcionario permanecerá en el cargo, y para ello dictó una resolución de la Procuración General que se sostiene en los artículos 167 y 168 de la Constitución de la Provincia y convenios preexistentes.

El artículo 167 establece que en «el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público» y el 168 manda que los poderes públicos de la provincia «están obligados a prestar a este Ministerio la colaboración que requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones».

García Castiella señaló también que la medida dispuesta contraviene el convenio rubricado en 2017 entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.

«Esta Procuración ha dictado una resolución que dispone que el comisario Juan Ramón Miranda se queda en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y se solicita, se lo hizo por nota ayer y lo hago públicamente hoy, tanto al jefe de Policía como al ministro de Seguridad que dé marcha atrás con esta pretensión de retirar al comisario Juan Ramón Miranda porque acá lo que hace falta es colaborar con esta investigación, porque hará al bien de la institución judicial y la seguridad de los salteños», sostuvo García Castiella. Ante las preguntas sobre las razones con las cuales se pretende apartar a Miranda, el procurador sostuvo que las respuestas las deben dar el jefe de Policía y el ministro.

Connivencia policial

García Castiella dijo durante la conferencia de prensa que “se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles, algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información de la investigación y dando apoyo, aún en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas”.

El procurador señaló que hubo personas relacionadas a la causa amenazadas, por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.

La fiscala Salinas Odorisio dijo que con la intención de completar esta investigación y encontrar el dinero para que sea restituido a las víctimas, llevaron a cabo procedimientos complejos en dos lugares de la provincia. Señaló que la Fiscalía busca aplicar el derecho penal a la conducta ilícita y también el secuestro del dinero para el resarcimiento a las víctimas.

En el marco de lo señalado, la fiscala advirtió que detectaron la «filtración de información y el anoticiamiento previo a los imputados que permitió que la principal implicada, todos en realidad, se dieran a la fuga antes de los allanamientos. No obstante, se logró localizar a algunos integrantes y procurar su detención e inclusive el secuestro de (una parte del) dinero». La semana pasada se incautaron 16 millones de pesos, un monto «mínimo para el volumen de la estafa», dijo la fiscala.

«Se produjo la fuga de cuatro personas que sabemos que están en esas condiciones con la mayor parte del dinero que pertenece a las víctimas», añadió. Además, destacó que «en situación de fuga, prófugas, con pedido de captura, con todo lo que eso implica, ninguna persona podría circular sin ser alertada justamente por personal policial y en esta circunstancia como es de público conocimiento circulan audios de la propia prófuga», en las que se contacta con víctimas y con «personal policial», «evadiendo a la justicia y teniendo de manera preocupante este contacto, esta connivencia con personal policial».

La fiscala dijo que en la medida que detecten quiénes son las personas que mantienen ese contacto y «colaboran con la situación de fuga y de falta de presencia de los investigados para estar a derecho» van a tomar medidas, se trate o no de personal policial, porque incurren en una «conducta de encubrimiento».

La fiscala sostuvo que están trabajando para cuantificar el daño, y que tienen secuestradas 3 mil carpetas aproximadamente, algunas contienen más de un contrato y muchas tienen origen en la ciudad de Metán, por lo que tienen que ver la cuestión de «competencia» de las fiscalías.

Asimismo, Salinas Odorisio explicó que la investigación busca establecer «qué es lo que ocurrió en el período de vigencia de esta financiera» y también «determinar cronológicamente y por monto, poder explicar quiénes son las víctimas, quiénes oficiaron de captadores».

«Para nosotros son víctimas hasta el momento quienes formulen su denuncia y quienes puedan explicar el dinero que fue invertido de alguna manera medianamente lógica», explicó.

La fiscala dijo que los implicados «están alentando a las personas a no hacer denuncias, la gente obviamente en el afán de recuperar su dinero está en la duda. Sepan que la fiscalía es el ámbito adecuado para tratar esta situación y para poder tomar la situación de cada uno y en la medida que se pueda o el proceso lo permita poder hacer las restituciones de dinero».

Hay siete mujeres detenidas e imputadas por estafas hasta el momento y un octavo detenido en Metán.

Fuente: Página/12