Lo señaló Javier Yapura, supervisor de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social. Además de brindar datos duros, sostuvo que la garantía que tiene cada profesional para desempeñar su tarea es la propia ley que regula el acceso las prácticas.

De acuerdo con los datos que brindó, en 2021 hubo en Salta 3110 interrupciones legales del embarazo (ILE) e interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Según sostuvo Yapura, el 7% corresponde a prácticas de ILE mientras que el 93% restante corresponde a prácticas de IVE. Las cifras dan cuenta de una realidad que el movimiento feminista venía denunciando desde hace tiempo.

La mayor cantidad de procedimientos, aseguró el supervisor del área, son solicitados por mujeres y personas gestantes de entre 25 y 29 años, con un 14% de consultas correspondientes a adolescentes. Según las cifras que brindó, el 95% de los casos de ILE se solicitó por razones de salud, mientras que el 5% fue por embarazos producto de violaciones.

Garantías

Consultado sobre la cantidad de médicos no objetores de conciencia en la provincia, es decir, aquellos profesionales que garantizarían el acceso a una IVE e ILE, Yapura señaló que son “aproximadamente 38 a 40 no objetores de conciencia en toda la provincia”.

Si bien aseguró que están logrando brindar respuestas, admitió que “mejor respuesta sería con mayor cantidad de médicos” dado que “la cantidad de solicitudes supera a la cantidad de médicos”. Además, indicó que la mayor parte de los reclamos de la población está referido a la falta de información veraz y adecuada para acceder a la práctica.

Aseguró que se trabaja también en capacitaciones, aunque hizo referencia también a la falta de insumos, entre ellos, de métodos anticonceptivos. Precisamente, reconoció que faltaban implantes subdérmicos, que son distribuidos por la Dirección Nacional de Salud Sexual, pero destacó que la provisión ya se había normalizado.

En medio de la cuestionada causa judicial que avanza en contra de la médica Miranda Ruiz por garantizar el acceso a una interrupción legal del embarazo, el funcionario aseguró que para el desempeño de cada profesional “la garantía es la misma ley”. “Mientras el profesional que realice la práctica se rija a lo que la ley dice, es la protección que le da”, enfatizó.