Así lo revela un informe que indica que, actualmente, al menos 18 comunidades indígenas enfrentan gravísimas dificultades para acceder al recurso vital.
Un relevamiento realizado por las organizaciones Pata Pila y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), integrantes de la coalición Infancia en Deuda, da cuenta de que, actualmente, hay al menos 18 comunidades indígenas que enfrentan gravísimas dificultades para acceder al agua.
Esta situación afecta directamente los derechos de aproximadamente 4.000 personas, de las cuales 400 son niñas y niños. Frente a ello, advirtieron que “es urgente que el Poder Ejecutivo de la provincia, así como los ministerios con competencia en materia de agua, intervengan y den una solución a esta problemática gravísima de derechos humanos”.
De acuerdo con la investigación “Acceso al agua en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia Banda Norte”, ninguna de las nueve comunidades visitadas durante el relevamiento cuenta con red de agua. Existe solo un proyecto para llevar la infraestructura a tres de ellas y hay demoras injustificadas constantemente.
Es así que las comunidades solo acceden al agua apta para consumo humano mediante camiones cisterna una vez a la semana o cada quince días. Esta situación, denuncian, es irregular e insuficiente, y la seguridad del agua se encuentra comprometida, vulnerando las normas del Código Alimentario Argentino.
Además, las personas de las comunidades coincidieron en que el agua que reciben está contaminada con elevados niveles de arsénico, es salada y su consumo ocasiona enfermedades como diarrea e hinchazón abdominal.
Cabe señalar que el informe afirma que en los tres departamentos declarados en emergencia sociosanitaria, San Martín, Orán y Rivadavia, ocurren situaciones similares. A casi 3 años de declarada la emergencia, la falta de acceso a derechos básicos y la mortalidad infantil siguen afectando a las poblaciones, especialmente en verano.
En cifras
Oficialmente, se sabe que solo en el primer trimestre de 2021, fallecieron 79 niñas y niños menores de 5 años, 44 de los departamentos del norte de la provincia. Y, aunque esta es consecuencia de políticas históricas de exclusión y discriminación, desde el censo del año 2010 que el Estado cuenta con información relevante para abordar la problemática.
El mismo indica que el 10,1% de los pueblos originarios utilizaba agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia, lo que ocurría solamente en un 1,2% a nivel provincial. Asimismo, el 7,1% poseía perforación con bomba a motor frente al 2,8% provincial y el 6,2% realizaba el transporte por cisterna, alternativa que a nivel provincial representa apenas el 0,3%.
Por otra parte, solo el 43,9% de los hogares indígenas cuenta con provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, 32 puntos porcentuales por debajo de la media provincial del 76,5%.
La lucha por el acceso al agua de estos pueblos debería ser un llamado de atención por cuanto reflejan el (mal)trato en materia de derechos humanos que reciben. Desde Infancia en Deuda se presentaron notas al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, ministerios nacionales con competencia en materia de agua y salud, así como a organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para que intervengan de forma urgente y den una solución a esta problemática gravísima de derechos humanos.
Fuente: Infancia en Deuda