sequía

El año electoral es una oportunidad para reforzar las bases de la democracia y seguir ampliando sus límites. Es necesario actuar en cooperación multilateral y asignar un financiamiento adecuado para abordar la agenda de mitigación y adaptación climática. Por Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y directora de Política Ambiental de FARN.

La sociedad global está enfrentando diversas y severas crisis como nuevos conflictos bélicos en Europa, las consecuencias de la pos-pandemia, y el ascenso de movimientos políticos de extrema derecha. Estos problemas se ven agravados por la crisis ecológica cada vez más profunda, que requiere acción urgente. Sin embargo, el mundo no parece estar preocupado ante la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global y la contaminación, ni por mejorar la cooperación que se necesita para afrontarla.

En Argentina, la crisis climática ya está mostrando sus múltiples impactos: las inundaciones, las sequías extremas y los incendios afectan, sobre todo, a poblaciones vulnerables y generan un significativo costo económico. A la vez, se suman los problemas de contaminación generados por actividades extractivas e industriales, de gestión de residuos, y de pérdida de biodiversidad (bosques, humedales, flora y fauna). Todo esto sucede en un contexto en el que el país enfrenta desafíos de larga data, como altas tasas de pobreza y desigualdad, y la elevada y recurrente deuda externa.

En este complejo y cambiante escenario son necesarias nuevas ideas para pensar horizontes de desarrollo que estén a la altura de los desafíos. La histórica dependencia de los sectores exportadores de naturaleza, que posibilitó en alguna medida cierto grado de bienestar material para la sociedad creó un imaginario de abundancia ilimitada, con tendencia a la sobre-explotación generando no solo el avance sobre la naturaleza y bienes ambientales que no se renuevan, sino también sobre aquellos que se renuevan, pero el ritmo al que se explotan impide su restauración. La conflictividad socioambiental es alta, y la mayor demanda social de integrar los aspectos ambientales reúne a actores y colectivos cada vez más diversos.

Las soluciones que se proponen habitualmente a estas crisis terminan reproduciendo los mismos problemas que nos llevaron a ellas, y nos alejan de los objetivos comunes.  Repitiendo las mismas recetas difícilmente lleguemos a resultados distintos vinculados al bienestar de la sociedad. Más allá de la respuesta a la problemática global, es necesario actuar en cooperación multilateral y asignar un financiamiento adecuado para abordar la agenda de mitigación y adaptación climática, que será crucial para lograr dicho objetivo.

Cada año que pasa sin priorizar las discusiones sobre una transición socioecológica integral, se retrasa la posibilidad de abordar de manera efectiva los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos. Un ejemplo claro es la política energética: la matriz energética argentina es altamente dependiente en combustibles fósiles y la política energética actual continúa haciendo foco en su explotación y uso, incluso cuando significa elevados costos para el Estado, especialmente en materia de subsidios a la oferta. La conversación que se posterga incluso al día de hoy es la de generar más empleo, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y apostar por la producción nacional mediante un sistema de energías alternativas. Abordar esta conversación tiene la ventaja, además, de preparar a la sociedad para un futuro que exigirá más resiliencia dado el contexto de agravamiento de la crisis climática, y de transformar la matriz productiva para que el país gane autonomía.

Formas alternativas de habitar

En esta transición socioecológica no hay un único objetivo a alcanzar, pero hay elementos claves que no podemos dejar de lado. No hay justicia ambiental sin justicia social; para ello necesitamos de un Estado que logre orientar sus esfuerzos para resolver los problemas de las personas y que garantice la vigencia de sus derechos humanos. Existen muchas experiencias que ya nos marcan el camino. Otros saberes, tradicionales, populares y comunitarios, que no forman parte de la ciencia hegemónica, ni llegan al ámbito de las decisiones públicas, son fuentes de conocimiento central para pensar formas de producción, consumo y existencia más respetuosa con la naturaleza.

Para eso, es clave que en la construcción de las políticas se escuchen a las comunidades y grupos sociales que padecen los problemas de la presión extractiva en los territorios y buscan alternativas. Sus prioridades y visiones no pueden seguir siendo decorativas en el momento de definición del rumbo a seguir.

En este sentido, el Acuerdo de Escazú en materia ambiental y de derechos humanos puede ser una oportunidad para tender un puente entre dos visiones de participación diametralmente opuestas. Su implementación plena en un país federal como Argentina es fundamental. Además, el nuevo Marco Mundial Kunming-Montreal de la Biodiversidad por los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en diciembre de 2022, vuelve a poner en el centro de escena el rol de las comunidades en la preservación de los ecosistemas y bienes comunes y a resaltar las formas en que la vida y los ecosistemas tienen que ser protegidos frente a una una economía que no entiende de límites.

Sabemos que la tarea no es sencilla, pero para llegar a soluciones distintas debemos hacerlo todo distinto: imaginar distinto, conversar distinto y decidir distinto. Por ello, resulta central que en un año electoral la agenda socioambiental invada las discusiones y compromisos políticos. La situación económica, el repago de la deuda externa, las persistentes desigualdades socioeconómicas, los elevados impactos ambientales de apostar por extracción intensiva de bienes ambientales detrás de las divisas, son todos aspectos que se sustentan en la naturaleza. Sin embargo la protección de la naturaleza no se debate ni llega a las urnas. Un nuevo año electoral en el aniversario número 40 de democracia, es una oportunidad para reforzar las bases de la democracia y seguir ampliando sus límites.

En la 15ª edición del Informe Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales  más de 40 autores y autoras hicieron el ejercicio de pensar colectivamente en nuevos horizontes de convivencia que coloquen la supervivencia humana y la convivencia con diversas identidades, visiones y trayectorias, y con las especies que sostienen la vida en el centro de la discusión. El informe es una invitación, abierta a todas las personas, a pensar en narrativas deseables y posibles y debatir los «sí», los «no» y los «cómo» de un modelo que busque el bienestar y respete la vida en todas sus formas.

Página/12