Carteles de reclamo por el acceso al agua

La empresa israelí Mekorot, acusada de violar el derecho al acceso al agua de la comunidad palestina, se instala en Argentina y afianza sus planes de expansión mundial.

En febrero pasado cinco provincias argentinas firmaron convenios de gestión del agua con Mekorot, la compañía estatal del agua de Israel, y se sumaron a las dos que ya lo habían hecho en septiembre de 2022. El objetivo es la implementación de un Plan Maestro del Sector Hídrico que supone el control de este recurso escaso por parte de esta empresa denunciada a nivel mundial por restringir el suministro de agua a las comunidades palestinas, en lo que se ha dado en llamar “apartheid del agua”. Distintas movilizaciones y campañas de presión internacional lograron que empresas de agua pública de Brasil, Holanda y Portugal suspendieran contratos firmados con Mekorot. En 2013, esta empresa israelí debió dar marcha atrás con un contrato previsto para construir una planta potabilizadora en Argentina, donde ahora afianza su presencia.

Viaje a Israel

El 25 de marzo de 2022, durante la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michael Lynk, relator especial para los Territorios Palestinos Ocupados, presentó un informe en el que afirmó que la situación de los palestinos no ha dejado de empeorar en los últimos 55 años y que para lograr mantener la ocupación Israel utiliza diversas estrategias entre las que las que se incluye el acceso al agua.

En abril de 2022, un mes después de que se conociera el informe, una misión de cooperación científico-tecnológica de manejo del agua, encabezada por el ministro del Interior de Argentina, Wado de Pedro, viajó a Israel para conocer de lo que públicamente se vende como una exitosa gestión de uso del agua en un territorio desértico.

De la comitiva participaron otros ministros, representantes de la Embajada de Israel en Argentina, del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y delegados de diez provincias argentinas. El resultado, algunos meses después, fue la firma del Plan Maestro para el Sector Hídrico. En el acto de presentación de los convenios, que tuvo lugar en Buenos Aires en febrero pasado, participaron el embajador de Israel, Eyal Sela, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto. En el acto, De Pedro elogió la forma en la que Israel administra “un recurso natural, vital y estratégico como es el agua”. Unos días más tarde, en declaraciones al diario Clarín, Aharonovich sostuvo: “Hay dos pilares muy firmes en Israel, uno es la seguridad, y el otro, el manejo del agua”. Además, consideró que la eficiencia en el uso del agua reduce la incertidumbre económica y es vital para la vida humana. Aharonovich nació en Jerusalén, fue ministro de Seguridad Interior y de Turismo, y en 2015 fue designado presidente de Mekorot.

No es la primera vez que Mekorot intenta poner un pie en Argentina. En 2011, el por entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, anunció la firma de un contrato por 170 millones de dólares con esta compañía para construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata, que en 2013 tuvo que ser suspendido debido al rechazo social que suscitó. Por esa misma época, Mekorot tuvo problemas con otros contratos. En 2013, la Compañía Holandesa de Agua Vitens canceló un memorando de entendimiento con Mekorot como consecuencia de las formas de operar de la empresa respecto a las comunidades palestinas, evidenciadas en informes de la ONU.

Por su parte, la Empresa Portuguesa das Águas Livres, también se vio obligada a rescindir un contrato (2009) debido a las presiones que recibió por parte de la sociedad civil, y de algunos grupos parlamentarios y del Gobierno, que durante años bregaron por el fin de esa relación denunciando las prácticas de esta empresa respecto al pueblo de Palestina. En 2014, la empresa portuguesa emitió un comunicado en el que señaló que ya no mantenía ningún vínculo comercial con Mekorot. En 2016, nuevamente como respuesta a la presión social, las dos compañías públicas de agua de Bahía (Brasil), Embasa y CERB, anunciaron el fin del acuerdo firmado con Mekorot en 2013.

Mekorot, la fuente

Fundada en 1937, Mekorot —fuente en hebreo— es la compañía nacional de agua de Israel y la principal responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos en este país. Un Estado que en 1982 asumió también la administración de la infraestructura de suministro de agua también en los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde 1967, en la orilla occidental del río Jordán.

En noviembre de 1967, Israel promulgó la Orden Militar 158, que estableció la prohibición para la población palestina de construir nuevas instalaciones para el abastecimiento de agua sin obtener previamente el permiso de las fuerzas armadas israelíes. A partir de ese momento, la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de cualquier nueva infraestructura hídrica requiere el permiso de Israel, algo prácticamente imposible. Los palestinos tienen prohibido perforar nuevos pozos, ahondar los ya existentes o instalar bombas. Además, Israel les niega el acceso al río Jordán y a las fuentes de agua dulce.

Según Amnistía Internacional, en línea con lo manifestado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Israel controla incluso la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania, y es frecuente que el ejército israelí destruya las cisternas que para este fin poseen las comunidades palestinas. Asimismo, Mekorot vende parte del agua a empresas de suministro de agua palestinas, pero el gobierno israelí decide las cantidades. Las restricciones obligan a muchas comunidades palestinas de Cisjordania a comprar agua que se transporta en camiones a precios muy elevados, lo cual, en las comunidades más pobres, puede significar la mitad de los ingresos mensuales de una familia. Por su parte, los colonos israelíes, que viven junto a los palestinos —en algunos casos solo los separan unos cientos de metros—, no sufren estas restricciones, ni la escasez de agua.

Mientras tanto, en Gaza, entre el 90% y el 95% del suministro de agua está contaminado y no es apto para el consumo humano. Israel no permite el traslado de agua de Cisjordania a Gaza, y el único recurso de agua dulce, el acuífero costero, es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, se está agotando gradualmente debido a la extracción excesiva y está contaminado por aguas residuales y por la infiltración de agua del mar.

Debido a que Israel es un poder de ocupación en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén, la compañía está acusada de saquear los recursos naturales en los territorios ocupados, ya que gran parte del agua que se utiliza en esas zonas proviene de territorios palestinos. Además, la empresa ha construido infraestructuras de agua sin las cuales hubiera sido imposible que se formaran asentamientos israelíes, que por otra parte son ilegales.

Mekorot ha sido denunciada por la ONU, el Comité Nacional Palestino BDS, partidos políticos, grupos parlamentarios, organizaciones sociales, y por diversas asociaciones ecologistas y de cuidado del medioambiente, tanto fuera como dentro de Argentina. La asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), que articula acciones que defienden la vida, el agua y el territorio de esa provincia argentina, hacen hincapié no solo en la falta de información sobre los convenios firmados, sino sobre lo que supone una mercantilización y privatización del agua, y una profundización de un modelo extractivista que, en un contexto de cambio climático y sequía extrema como el actual, no hará más que empeorar las condiciones de vida.

Mekorot en Argentina

Aunque se desconocen los detalles de los acuerdos firmados con las provincias argentinas —San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz—, distintas organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos, ya han comenzado a denunciar y advertir sobre la instalación de una empresa con las características de Mekorot. Asimismo, sobre sus dudas respecto de la mejora del tratamiento y la gestión del agua en provincias donde, sin ir más lejos, la extracción de litio y la megaminería provocan desde hace años graves problemas con este recurso escaso.  El elevado consumo de agua para la obtención de litio vía evaporación es el impacto ambiental más significativo que denuncia el activismo ecológico.

Lo que se sabe, por ahora, es que los acuerdos firmados implican asistencia técnica y asesoramiento, la evaluación de los recursos hídricos disponibles, proyecciones de oferta y demanda, y una planificación a largo plazo, ya que los plazos previstos van de 2030 a 2050. Los planes se basan en cuatro pilares básicos: la medición del agua, la legislación —se habla de adaptar las leyes a los requerimientos del plan—, la gestión —implica pensar tratamientos de reconducción y reutilización, un reordenamiento total de los usos y destinos, y la infraestructura existente— y la financiación. Este último es uno de lo que más preocupa, ya que la empresa aclaró que tiene que ser el propio sector hídrico el que genere su financiamiento, es decir, que muy probablemente los recursos provendrán de los consumidores.

Aunque el gobierno aclaró que los proyectos serán financiados por el Consejo Federal de Inversiones y los recursos de las provincias, existen mecanismos de sobra para trasladar los costos a la población a través de través tarifas más altas y el arancelamiento de todos los servicios de agua. Sin ir más lejos, Diego Berger, que es argentino de origen, pero trabaja en Mekorot desde 1995 y fue clave en las negociaciones con la empresa, fue muy claro: “Si se paga, se cuida más”.

Derechos humanos

Dos informes de la ONU subrayan el uso discriminatorio del agua de Mekorot respecto a la población palestina en territorio ocupado. El primero es de febrero de 2013, y allí se hace explícito que, en el Valle del Jordán, las perforaciones en aguas profundas de Mekorot y Mehadrin —una empresa agroindustrial— han secado pozos y manantiales palestinos, y que un 83% de los recursos hídricos de la zona se destina al consumo de Israel y los asentamientos. El otro informe tiene como fecha el 12 de febrero de 2014 y se titula “Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”. Allí se evidencia que Israel controla todas las fuentes de agua de la Ribera Occidental y que obtiene aproximadamente un tercio del agua que consume del río Jordán, mientras que a los palestinos se les niega el acceso a las riberas. También que, en los meses de verano, Israel reduce considerablemente el suministro de agua a los palestinos con el fin de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos.

Los colonos israelíes consumen una media diaria de 369 litros de agua para uso doméstico, mientras que los palestinos sólo pueden acceder a 70 litros por persona y día. Según la OMS, se considera acceso óptimo a un mínimo de 100 litros diarios por persona. Asimismo, el informe advierte que se han documentado muchos casos de colonos que se han hecho con recursos hídricos palestinos por la fuerza, mediante la violencia, las amenazas y la intimidación. Los colonos también levantan obstáculos físicos, tales como vallas, que impiden a los palestinos acceder a los manantiales.

De acuerdo con las normas del derecho internacional, todos los Estados están obligados a no reconocer la legalidad, ni a cooperar o prestar apoyo y asistencia, en situaciones que califiquen como violaciones de normas imperativas del derecho internacional (Art. 41, Resolución 56/83, de la Asamblea General de las Naciones Unidas). En el mismo sentido, la Resolución 64/292, del 28 de julio de 2010, reconoció el derecho al agua y al saneamiento, como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, reafirmando, al mismo tiempo, la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, considerados como universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados.

Expansión global

Varios países del mundo han recibido asesoramiento de Mekorot: Argentina, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Bosnia, Canadá, Chipre, Grecia, India, Malta, México, Serbia, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. En la región latinoamericana, Mekorot tiene avanzados planes maestros en dos regiones de Chile, Uruguay y México. 

Por otra parte, y tal como lo denuncia el Atlas de Justicia Ambiental —un sitio web elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad de Barcelona (ICTA), que registra un mapa de conflictos ambientales alrededor del mundo desde 1920 hasta la actualidad—, Mekorot también se ha beneficiado del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, que otorga condiciones de negocio preferentes a Israel con 27 miembros de la UE. Como parte de ese acuerdo, se destaca el contrato de 120 millones de euros firmado en diciembre de 2011 entre el Banco Europeo de Inversiones y una subsidiaria de Mekorot, para la construcción de una planta desalinizadora en Israel.

En febrero pasado, al encabezar el acto de la firma de cinco provincias argentinas con Mekorot, De Pedro hizo hincapié en la cuestión de la soberanía. “Estos acuerdos nos hacen pensar la Argentina del futuro, son parte de las soluciones y llegaron para conformar la agenda del futuro. Es el camino que recorreremos los argentinos y las argentinas para ir resolviendo cada uno de los problemas estructurales. Siempre pensando en la soberanía nacional y en la felicidad de cada uno de los y las habitantes de nuestro país”, dijo. Lo paradójico es que desde hace años Argentina promueve, directa o indirectamente, la mercantilización y privatización del agua.

Sin ir más lejos, en la Patagonia argentina son constantes las denuncias por conflictos de tierras, con capitales extranjeros que van desde Joe Lewis, Ted Turner o Luciano Benetton, hasta emires de Qatar o de Emiratos Árabes, que cercan los territorios y, de esta manera, bloquean el acceso a las fuentes de agua a la población de la zona. Para Maren Mantovani, integrante del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino por el Boicot, Desinversión y Sanciones, se trata, por un lado, de dinero público que directamente financia lo que sucede en Palestina y, por el otro, es un impacto directo a lo que significa el derecho al agua en Argentina, ya que lo que está detrás de estos proyectos es la ideología del agua como privilegio de pocos, al contrario de una idea del agua como un derecho para todos.

Fuente: El Salto Diario