El abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz fue secuestrado en 1975 en la ciudad de Salta, a donde había llegado huyendo de la dictadura de Banzer. Ayer, en una inspección ocular en el lugar del secuestro, sus familiares volvieron a pedir información sobre su destino. Operación Cóndor en Salta.

A sus 81 años, y 47 años después de la desaparición de su marido, Zoila Luz Hoyos Aguilera de Medina sigue tratando de dar con algún dato que oriente la búsqueda de los restos de su compañero para devolverlos a su tierra natal, Bolivia.

Zoila, y su hija Mirtza Medina Hoyos, estuvieron ayer en la ciudad de Salta. Zoila fue citada por el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de Salta para participar de una inspección ocular en la casa de la calle Mendoza al 1511, donde vivía la familia el 10 de octubre de 1975, cuando Medina Ortiz fue secuestrado por una patota de seis o siete hombres, al menos uno llevaba uniforme de Gendarmería Nacional; otro, de campera de cuero negro, tenía acento boliviano y otro, de «chaqueta de uniforme de color azul», era el entonces oficial de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray, un represor que ya cuenta con condenas por otros delitos de lesa humanidad en Salta.

Solo Alzugaray está acusado en esta causa, que podría llegar a juicio oral a fines de este año. El adelantamiento de la inspección y de la declaración de Zoila se hizo por un pedido especial, atendiendo a su estado de salud.

«Hasta ahora seguimos buscando. Por lo menos que nos digan dónde están sus restos para llevarlos a su patria», pidió Zoila en el tramo más sentido de su testimonio, si bien era evidente que la embargaba la emoción aún antes de empezar el trámite judicial. Tuvo que pedir que le dieran un momento para poder seguir contando el secuestro de su marido, la presidenta del Tribunal, Gabriela Catalano, se lo concedió rápidamente.

Por fuera la casa tiene pocos cambios, recordaron madre e hija. La puerta principal es la misma de hace casi 50 años, y el cartel con el nombre de la calle y el número sigue tal cual lo recuerdan. Por dentro es otra cosa, ya no es una vivienda. Las habitaciones han sido derruidas, hay maderas y escombros amontonados por todos lados. A pesar de los cambios, cuando el fiscal ah hoc Juan Manuel Sivila le pidió que detallara cómo era la casa, Zoila reconoció el lugar y pudo ubicar cada estancia de la vivienda que alquilaban.

«Desde el 71 vivíamos en esta casa», empezó contando ni bien ingresó. Medina Ortiz era un abogado militante del grupo Espartaco, que integró el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que había llegado exiliado a la Argentina huyendo de la dictadura de Hugo Banzer Suárez (que comenzó en agosto de 1971). Zoila contó que ella misma estuvo detenida en el país vecino y en 1972, perseguida por la dictadura de Banzer, llegó a Argentina con los cinco hijos del matrimonio. Entonces se instalaron en la casa de la calle Mendoza.

Como la dictadura de Bolivia lo perseguía, Medina Ortiz debía presentarse periódicamente en la delegación local de la Policía Federal, donde lo interrogaban sobre la situación en Bolivia y sus contactos con ciudadanos de aquel país, donde generalmente lo convocaban los viernes y lo dejaban encerrado durante todo el fin de semana, recordó su compañera.

Zoila Hoyos Aguilera recordó que un mes antes del secuestro de su marido, la vivienda familiar fue allanada por un grupo encabezado por «ese señor que yo acuso», como se refirió a Alzugaray. Al día siguiente Medina Ortiz debió presentarse en la Federal, donde se encontró al jefe del allanamiento y le hizo una advertencia a su marido: “Yo le aconsejo que se vaya de Salta ya que viene una mano dura para usted”.

Finalmente, el 10 de octubre de 1975, a las 3 o 4 de la mañana, al regreso de un velorio, golpearon a la puerta. «A usted, doctor, lo buscamos», dijo el que los comandaba, que la testiga identifica como Alzugaray. Los hombres ingresaron apenas lo suficiente para sujetar a Medina Ortiz, por ambos brazos. «Yo lo recuerdo siempre a este señor», insistió Zoila sobre Alzugaray. Dijo que lo vió tres veces, en el allanamiento anterior, en la Federal y en el secuestro. Incluso contó que durante el secuestro el de acento boliviano quiso llevarla a ella también, pero Alzugaray se opuso: «No, la señora tiene hijos».

Esa madrugada, Zoila preguntó dónde llevaban a su marido. El jefe le dijo que la sede de Gendarmería en Chachapoyas, en la misma ciudad de Salta, y hasta le encargó que fuera bien temprano con los documentos suyos y los de Medina Ortiz, lo que hizo, solo para que en Gendarmería le negaran todo conocimiento del secuestro.

A pesar de que hizo múltiples trámites para tratar de saber algo de su marido, nunca más tuvo noticias de él, y «hasta ahora seguimos buscando», sostuvo, e insistió en que quieren repatriar sus restos para que descansen en su tierra. De la inspección ayer participó el defensor público de víctimas Nicolás Escandar, que viene asesorando a Zoila y Mirtza.

Tras el secuestro, la familia fue hostigada por extraños que vigilaban y seguían a la hija mayor. Además, Zoila debió enfrentarse a la falta de medios para sustentarse, hasta que la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) la ayudó con la alimtentación. La familia pudo regresar a Bolivia recién después de la dictadura de Banzer, en 1978.

Para la Fiscalía es claro que la desaparición de Manuel Gustavo Medina Ortiz se concretó en el marco de la Operación Cóndor, la colaboración represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

En octubre de 1975 Juan Carlos Alzugaray era inspector en la Delegación Salta de la Policía Federal, puesto que dejó el 18 de noviembre de 1975 para pasar al Servicio Penitenciario de Salta, en calidad de alcaide, «lugar desde el cual continuó inmerso en el accionar represivo, teniendo un papel protagónico en la Masacre de Palomitas”, la matanza de once detenidos por razones políticas cometida el 6 de julio de 1976.

Alzugaray está condenado por la Masacre de Palomitas y por otros actos de represión cometidos como integrante de la Federal, donde ha sido señalado como uno de los que cometió abusos sexuales en perjuicio de detenidas políticas.

La dictadura de Banzer había calificado a Medina Ortiz como «altamente peligroso». En Tarija, donde residía, era abogado laboral y de la Central Obrera Departamental (COD). Cuando sobrevino el golpe de Estado en el país vecino, el abogado ingresó a territorio nacional por la frontera cercana a San Ramón de la Nueva Orán, junto al destacado sacerdote jesuita, investigador y militante de derechos humanos Federico Aguiló. Como habían entrado de manera ilegal, ambos estuvieron detenidos unos días hasta que se les concedió el estatus de refugiados políticos.

Una vez en Salta, Medina Ortiz ejerció la abogacía y siguió en contacto con otros connacionales, con quienes trataban de denunciar la dictadura de Banzer, incluso se reunió con el despuesto presidente Juan José Torres, que a principios de junio de 1976 iba a ser asesinado en Buenos Aires.

Después de su secuestro, la familia nunca más tuvo información sobre su paradero. El único dato le llegó a Zoila Aguilera Hoyos en 1979, ya de regreso en Bolivia, cuando se enteró de que otra vecina de Tarija, Rosa Sempertigue, había informado al padre y a la madre de su marido que en 1976 en un viaje a Tucumán, un militar boliviano de apellido Valenzuela le contó que buscando a su hermano desaparecido supo que en el Hospital Militar de Santa Cruz de la Sierra había tres bolivianos que habían sido detenidos en Argentina. Fue a verlos pensando que quizás alguno podía su hermano, estaban muy golpeados y uno de ellos se identificó como Gustavo Medina, le dijo que vivía en Salta y que había sido secuestrado de su casa.

Salta 12