El Gobierno derogó la ley que declaraba la emergencia en los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas y que suspendía los desalojos en tanto se dictara sentencia sobre los casos. La norma también preveía la continuidad de relevamientos territoriales que para para este año contaban con un presupuesto de $357 millones y de los cuales se ejecutaron solamente $60 millones. Para 2025 el Gobierno pretende disponer de $600 millones.
El proyecto de Presupuesto 2025 que no se trató en el Congreso contemplaba una suma de $603 millones para los relevamientos territoriales de comunidades indígenas previstos en la ley 26.160. Sin embargo, a través del decreto 1083/2024 –firmado por el Presidente y todos sus ministros esta semana– el Gobierno derogó el decreto 805 de 2021, que prorrogaba la vigencia de esa ley.
Así, dio por finalizada “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades originarias del país” prevista en el artículo 1 de esa norma, y “la suspensión dispuesta en el artículo 2”, es decir, de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada”, explicaba la ley derogada. Organizaciones y abogados de comunidades indígenas se preguntan, entonces, cuál será el destino de los fondos, y si los relevamientos continuarán a pesar de la eliminación de la ley.
Esta norma establecía que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debía realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, para lo cual se cuenta con un presupuesto aprobado. En 2024 el programa destinado a estos registros contaba con $442,88 millones que la actual gestión decidió bajar a $357 millones y de los que solamente se ejecutaron $60 millones, es decir, el 16% del total.
“Lo más grave institucionalmente es que el decreto no deja claro qué va a pasar con los relevamientos ya hechos o con los que están en trámite”, afirmó Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena de identidad quechua-kolla de la Asociación Xumek. “Para el año pasado todavía estaban pendientes más de la mitad de los relevamientos, y los que se realizaron quedaron en la etapa técnica”, agregó. “Hay una falta de claridad jurídica y económica, y no se hacen cargo de que hace un año que están en el gobierno y no llevaron adelante ni un solo relevamiento”. La pregunta que surge en este caso es qué sucedió con los casi $300 millones previstos para hacerlos durante este año y que no se ejecutaron. “El oscurantismo es moneda corriente. No tenemos ni idea a dónde están yendo los fondos”, opinó la abogada.
La ley 26.160 fue prorrogada cuatro veces. Las tres primeras prórrogas pasaron por el Congreso, pero la última a través de un decreto de 2021. Desde que se aprobó, en 2006, no todos los años se contó con presupuesto para hacer los relevamientos, por lo que nunca se finalizaron,detalla la especialista.
De acuerdo con el documento que presenta la ley de leyes para 2025, el Gobierno dispondría de más de $600 millones para completar esa tarea. Según se describe, una de las funciones más importantes del INAI para ese año será “culminar con las tareas de relevamiento territorial de las comunidades indígenas de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 26.160 (y sus prórrogas), dado el vencimiento de la misma, que declara la emergencia territorial y ordena al organismo la implementación de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas de la Argentina”. De acuerdo con estos datos, bajo la norma que teóricamente vencía en noviembre de 2025, se realizaron 997 relevamientos, y restan por hacerse 613.
Este trámite no representa un título de propiedad o un reconocimiento de derechos territoriales. La ley solamente protegía a los territorios relevados del desalojo automático mientras duraran los procesos administrativos o judiciales en los que estuvieran involucrados, afirma Alancay. Según la resolución del Gobierno, hay 254 hechos judicializados.
Hasta ahora, explica el abogado Adán Costa, “los desalojos judiciales no podían darse hasta tanto no se concluyera con ese relevamiento catastral y una carpeta técnica que hacía el INAI”.
Costa, que también es docente universitario y presidente de la Comisión de Derecho Indígena Latinoamaricano e Interjuridicidad del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, agregó que “cada comunidad sabe a quién tiene enfrente, cada comunidad sabe quién la está desalojando y el abanico es muy diverso”. Y agregó que “se trata de proyectos inmobiliarios, de turismo de alta gama en la Patagonia, de megaminería en Jujuy y Salta, y de energía en Neuquén y Mendoza”.
Alancay mencionó como ejemplo el proyecto de la sociedad “Malargüe Distrito Minero Occidental”, una iniciativa que, según su página web, comprende una zona con una superficie de 20 mil kilómetros cuadrados. “Es una herramienta desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través de Impulsa Mendoza SA para dar una respuesta al desafío que representa la transición energética para el mundo”, explican en el sitio. El proyecto comprende un estudio detallado del impacto ambiental, pero también del potencial geológico y de infraestructura de la zona para “acortar los tiempos que requiere la exploración de proyectos mineros”. Los primeros estudios ya determinaron que la región “es muy apta” para este tipo de actividad y que “no existe competencia ni por el uso del suelo ni del agua con ninguna otra actividad productiva”.
En esa zona también se encuentra parte de la comunidad mapuche.
Fuente: Perfil
