Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- APDH- repudia el apoyo estatal a las empresas extractivistas y exige que se respeten los principios del Acuerdo Escazú.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos emitieron un comunicado advirtiendo que el gobierno de Río Negro “ha avanzado en los últimos años sobre proyectos extractivistas que de la mano del capital privado y en connivencia con el Poder Judicial, han dejado a la ciudadanía fuera de las decisiones sobre el futuro de sus desarrollos y que van cambiando radicalmente los modelos de producción históricos para sus habitantes”.
Según señalan, “los numerosos pedidos de informes a los que no se les da respuestas, la negativa de abrir espacios públicos de debate, han violado el derecho a la información, comunicación y participación”.
“Las Naciones Unidas han reconocido, ante un panorama desolador en torno al cambio climático, el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible”, agrega el escrito para luego subrayar: “Ante la imperiosa necesidad de proteger el planeta, consideramos el continuo apoyo estatal a las industrias destructivas para el ambiente como un ataque contra los derechos humanos a gran escala”.
Aseveran que “el avance del fracking sobre los valles, destruyendo las economías frutícolas regionales; el avance de mineras de plata, oro y uranio en la meseta, desbaratando suelos y aguas, los proyectos de hidrógeno verde en la zona de la meseta de Somuncura, dan un panorama acabado del extractivismo que acontece en la Provincia de Río Negro”.
Según señalan, el proyecto de mayor peligro es el de YPF, que cruzará de punta a punta la provincia, afectando la mayor cuenca hídrica que tienen, como así también el Golfo San Matías.
En tal sentido, apuntaron contra la legislatura de Río Negro ya que indican que modificó la Ley Provincial N° 3308 sin dar participación a la comunidad, ni informar de la manera adecuada, “ya que no se propició desde el ámbito legislativo estas instancias, pese a que muchos vecinos y organizaciones buscaron reuniones y enviaron mail, a una dirección que se proporcionó, los cuales nunca fueron respondidos”. Este accionar atenta contra convenios firmados por el Gobierno argentino, como lo es el de Escazú”, denunciaron desde la Asamblea.
Siguiendo esta línea, recordaron que el 28 de diciembre 2022, la Multisectorial del Golfo San Matías, integrada por diversas organizaciones especializadas en la temática, presentó un pedido de Inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que aún no tiene respuesta.
Asimismo, advirtieron que este proyecto atenta contra las fuentes de trabajo reales que sostienen el sistema productivo de la zona, como lo son la pesca y el turismo que proporcionan alrededor de 50000 puestos de trabajo. que se confronta con lo que ofrece el proyecto que son un total de 2500 fuentes de trabajo, 2400 con carácter temporal y específico que es el de la instalación de la infraestructura y solo 100 serán las fuentes de trabajo reales.
“No se han garantizado espacios de consulta, si se ha mandado a personal de Prefectura de civil a hacer inteligencia en la marcha que se realizó el día 04 de marzo en Las Grutas, como así también distintas trabas en la autorización del espacio público, dando cuenta de una sutil persecución. A 40 años de la Democracia no podemos callar y dejar que estas prácticas sean naturalizadas”, detallaron luego.
Y cierra: “Exigimos al gobierno de la Provincia de Río Negro y al Gobierno Nacional que actúen respetando los principios del Acuerdo Escazú donde se establece la obligatoriedad de la Consulta al Pueblo”.
