Denuncia que el padre de su hijo no le permite verlo desde hace un año y la justicia mexicana no resuelve su caso. “Me han castigado desde que llegué por ser actriz, por ser migrante, por querer trabajar, por no ser heterosexual, por ser diferente”, expresó angustiada.

Irene Alejandra Pérez es una actriz y escritora salteña que reside actualmente en México. Contó su historia y denunció el padecimiento que atraviesa hace casi un año por no poder comunicarse con su hijo discapacitado de 10 años. Según afirmó, el padre del menor, su ex pareja, junto a su familia lo mantienen alejado de ella con la complicidad del sistema judicial patriarcal.

Alejandra contó cómo comenzó lo que describe como una “pesadilla”. En 2007 se fue a México, en donde conoció al padre de su hijo. El menor nació en Argentina, posteriormente regresaron a México y en 2013, tras separarse del padre de su hijo, volvió a la Argentina. Por ese entonces, asegura que mantenían una buena relación y desde México le llegaba el dinero para la crianza de su hijo y para sostener su rehabilitación. Sucede que profesionales argentinos le diagnosticaron retraso madurativo.

“Criar en la neurodiversidad es muy difícil”, aclara la mujer para luego relatar que, “como su papá lo extrañaba y quería recuperar el vínculo”, decidió mudarse a México en 2017. Sin embargo, una vez allá, aseguró que el padre del menor dejó de pasarle el dinero que necesitaba. “Hace un abandono total de persona”, denunció.

Remarcó que Argentina, tras haber recibido primeramente su educación en una escuela especial, su hijo, que a la edad de 3 años no hablaba, ya estaba en condiciones de ser derivado a una escuela común. Esto siempre y cuando contara con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario. “Que salga del kínder (como se le conoce al jardín de infantes en México) hablando fue un trabajo de rehabilitación muy fuerte. Cuando llego a México ninguna de esas cosas que necesitaba m hijo para continuar con la rehabilitación estaba contemplado por la familia. Yo me vi en un abandono total y no me podía volver porque necesitaba un permiso de salida de parte del padre”, amplió la mujer.

En estas condiciones, y con un diagnóstico de TDA (trastorno por déficit de atención) realizado por profesionales en México, decidió enviarlo a una escuela especial. Era la única que le garantizaba que su hijo recibiera la atención necesaria para sostener su proceso de rehabilitación. “Los fines de semana se iba con mi papá. Yo vivía muy cerca del DF (Distrito Federal). Los fines de semana íbamos a ver mis obras de teatro a México y en la semana estaba con mi hijo y los cuidados en casa”, contó sobre la manera en que se organizaban por ese entonces.

Denunciada y castigada

“Tenía diálogo con la psicóloga de la escuela especial porque había un neurólogo de México que le quería dar anfetaminas a mi hijo para la rehabilitación”, indicó Alejandra haciendo hincapié en que “en la Argentina tenemos otros paradigmas de rehabilitación”. “Al margen de que mi hijo contaba con otro equipo médico, su rehabilitación más importante era a través del deporte, de la estimulación del lenguaje”, enfatizó explicando que “lo que él necesitaba no era anfetaminas, él necesitaba mucha carga horaria de rehabilitación”.

Narró entonces cómo, en 2018, el padre del menor la denunció al oponerse ella a seguir el tratamiento medicamentoso que sugería uno de los profesionales. “Me pone una denuncia penal por omisión de cuidado, porque no le quería dar a mi hijo anfetaminas, cagándose en todos los diagnósticos de todos los médicos”, manifestó con malestar.

Mientras tanto, su hijo completó el segundo grado en la escuela especial y le comunicaron que estaba listo para concurrir a una escuela común. El padre del menor seguía incumpliendo con el pago de la cuota alimentaria y Alejandra optó por buscar alternativas. Junto a su madre, psicoanalista y maestra especial, y la psicóloga asignada por la Defensoría del Menor tras la denuncia que le habían realizado, inician un plan de trabajo. Este incluía, paralelamente a su educación en la escuela común, asistencia a la psicóloga y actividades como música, natación y ajedrez.

“Mi hijo empieza a integrarse a la lectoescritura. A los 7 años no sabía contar y desde que empieza a tocar el piano empieza a sumar, restar, multiplicar y dividir. En todo ese tiempo yo no quise medicar a mi hijo”, contó con entusiasmo sobre los progresos que manifestaba el menor.

Esa tranquilidad, según contó, duraría poco. “Durante la pandemia, un día, el padre me lo sacó y no me lo devolvió más. Yo lo recuperé con la abogada que tenía en ese momento, que estábamos peleando desde el 2018”, narró la mujer, que había logrado entonces obtener la guarda del niño.

En aquel momento, su hijo estaba por pasar a cuarto grado en la escuela común. Sin embargo, según contó, mientras estuvo con su padre durante la pandemia había sido inscripto en primer grado en otra escuela. “Para que mi hijo esté en cuarto grado, como tenía que estar, necesitaba toda la estimulación que él tenía. Él puede leer, puede sumar, puede restar, puede dividir, pero todo a su tiempo- explicó Alejandra-. De repente le ponen una pantalla y él no podía tomar clases que no sean presenciales. Yo lo recupero y, de vuelta, con la psicóloga de la Defensoría del Menor empezamos a trabajar y lo inscribo en una escuela particular”.

Tiempo más tarde, en marzo de 2021, plena pandemia, le comunican que debe dejar el lugar que alquilaba junto a su hijo y decide mudarse a Malinalco, un pueblo a 60 kilómetros de Toluca. “Ya no aguantaba más la violencia de mi ex marido y de su familia”, expresó.

Fue entonces cuando volvieron a separarla de su hijo. “Cuando me estaba mudando para este pueblo con mi hijo, nos venimos unos días a buscar la casa. La familia de mi ex marido se mete donde yo vivía, con ayuda de los vecinos que se conocen en el pueblo, y me roban todas las cosas. Lo vienen a buscar a mi hijo por Semana Santa y no me lo vuelven a entregar”, narró entre lágrimas.

“El año pasado, cuando me pasó eso, quedé devastada. Tenía miedo de hacer una denuncia. Estuve con depresión crónica todo el año pasado y, en diciembre, mi mamá pudo venir a México y me acompañó a hacer las denuncias. Fue en enero, después de la feria judicial”, contó Alejandra quien, ante su precaria situación económica, solo puede acceder a defensores oficiales del sistema judicial mexicano.

Precisamente, relató las últimas respuestas que tuvo: “Hago las denuncias en todos los lugares correspondientes y, hasta el día de hoy, no sé si están procediendo o no. Mi abogada, cuando fue a ver los papeles en los juzgados me dijo que yo todavía tenía la guarda y custodia. Esta semana fue a requerir la entrega con fuerza pública de mi hijo y la jueza le dijo que no me lo puede dar porque otro juez le había dado la custodia al padre”.

A mí no me pasan con mi hijo desde septiembre, no puedo hablar con él. Estoy siendo víctima de toda la impunidad del sistema judicial. Yo ya no sé qué hacer y necesito ayuda. Me han castigado desde que llegué por ser actriz, por querer trabajar, por ser diferente. Yo no soy heterosexual, me juzgan por eso”, denunció Alejandra, que debió dejar su trabajo y apeló a la ayuda de su familia.

Justicia patriarcal

De acuerdo con lo que contó Alejandra, su caso no es el único, y la respuesta de la justicia mexicana, que no difiere mucho de la argentina, tampoco fue diferente. “En el 2020, cuando me pasa por primera vez, entrevistan a una artista mexicana, Leticia Servin- narró la mujer-. Es cantante y a ella también le había secuestrado a su hijo el padre, por casi 4 años. Lo logró meter preso y todo lo demás, pero me dijo ‘Amiga, tenés que ser fuerte y tenés que ser valiente. Tenés que pelear por todos lados porque si esto no se hace viral la justicia mexicana no hace nada” (https://www.lajornadamaya.mx/nacional/126186/a-una-madre-le-niegan-custodia-de-su-hijo-por-ser-musica-y-actriz).

Afirmó que son 2 mil los menores que por día son secuestrados por sus padres por cuestiones de género. “No soy la única, soy migrante y acá no tengo ni voz ni voto”, se lamentó. “El martes tengo que ir a hablar con el juez que determinó esto.Pero necesito ir con una adhesión política porque me dan vueltas como si yo no hubiera hecho las denuncias. En todos lados están las pruebas de que ellos me robaron todas las cosas y acá a nadie le importé. Yo, ahora, pido que por favor los medios de Argentina, de Salta, hagan ruido”, concluyó esperanzada.