Ayer, diputados aprobaron el proyecto de ley referente a que la consigna policial sea asignada al agresor en los casos de violencia de género. Mientras las legisladoras Silvia Varg y Jorgelina Juárez alertaban sobre la realidad de la provincia, Andrés Suriani y Gustavo Orozco ostentaban su ignorancia. Godoy les respondió y, de paso, mandó a Suriani a vacunarse contra el covid o a no asistir al recinto. Por Belén Herrera.

Al iniciar el debate por el proyecto, que volvió del Senado con modificaciones, la diputada Silvia Varg alertó sobre los casos de violencia en Salta, enumerando los 13 femicidios denunciados hasta octubre. “La lista de víctimas de violencia de género en la de Salta es excesivamente alta”, sostuvo señalando que la aprobación del proyecto pondrá a disposición de la justicia una herramienta para que los magistrados puedan “optar entre colocarle la custodia a la víctima por protección o al agresor por su peligrosidad”.

“Las mujeres no somos objetos que pertenecemos a nadie, somos personas y tenemos los mismos derechos y las mismas libertades que gozan los varones desde siempre. El reclamo de nuestra libertad, de poder decir que no, de poder tener una vida prolífica, parece ser que molesta a muchos insanos que viven en esta provincia”, aseveró la legisladora, quien recordó que el proyecto fue modificado en el Senado “sacándose el último artículo donde habla de que las víctimas no deben ser revictimizadas mediante ningún medio electrónico por sus ex parejas”.

“Por la gravedad de la situación, necesitamos que esto sea ley”, enfatizó previo a manifestar su voto. Además, recordó que el proyecto se debatió a días de conocerse el caso de un efectivo policial que abusó sexualmente de la persona a quien debía proteger. “Parece ser que va a resultar mejor controlar a los agresores que a las víctimas para volverlas a poner en peligro”, dijo. Así, ante las falencias existentes en la fuerza y la falta de recursos, remarcó: “Necesitamos, realmente, dar soluciones concretas ante hechos concretos, y los femicidios en Salta son una realidad. Esta pandemia mata igual que mata el covid, de manera intempestiva, en cualquier lugar, a cualquier clase social”.

Jorgelina Juárez, a su turno, defendió y acompañó la medida. Llamó la atención a sus pares y a la población ante la emergencia que atraviesa Salta en materia de violencia de género, con una cantidad de denuncias significativamente mayor a la de otros delitos. Conmovida, se detuvo a recordar el caso de Agustina Cruz, la joven de 17 años asesinada en Coronel Moldes, presuntamente por su pareja, que ya tenía denuncias por violencia. “Quizás, si la consigna la tenía quien hoy está acusado de ser el femicida, quizás podíamos haberlo evitado”, dijo.

Asimismo, pidió celeridad al Senado en el tratamiento del proyecto de ley de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia, que busca acompañar y reconocer remunerativamente el trabajo de mujeres en los barrios, que ofician de nexo entre las políticas de Estado y las personas en situación de violencia. “Lo que pasa en la provincia de Salta es aterrador. No podemos seguir dudando de la ESI en las escuelas, de cómo detectar la violencia temprano. Agustina solo tenía 17 años. Y tenía una relación con un chico al que termina denunciando por violencia porque quizá se dio cuenta en un momento. Sin embargo, igual fue tarde”, lamentó.

Mentiras e ignorancia

Al tomar la palabra, el diputado Andrés Suriani reconoció que Salta encabeza los casos de violencia. “Sobre todo, violencia masculina. Violencia de hombres sobre mujeres que tienen que ver con cuestiones culturales, generalmente con mucho machismo. Y después de la muerte de Agustina, todos decimos qué es lo que hay que hacer”, comenzó señalando.

En este punto, y tras anticipar que acompañaría el proyecto, advirtió que en Salta “sigue habiendo una escalada enorme de violencia”. “A mí juicio, la violencia no tiene género, a pesar de que hay realidades muy dolorosas, con mujeres que padecen este machismo. Me gustaría que la justicia tuviera gabinetes psiquiátricos o psicológicos que, ante la denuncia de un agresor, pudieran ser analizados, y eso no sucede”, sostuvo el Diputado.

Como si no le bastara, cuestionó que “no existe la presunción de inocencia cuando se analizan estas situaciones de violencia”, y añadió: “Hay que obligar a convertir la carga de la prueba, porque cualquiera que es denunciado, automáticamente es excluido del hogar, generando nuevas violencias. Me encantaría que podamos analizar profundamente la situación de la violencia”.

Citó declaraciones del gerente del hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione, en relación a las 40 interrupciones de embarazo que se practican en Salta por semana. Se trata de un dato que solo confirma una realidad que pedía de manera urgente políticas públicas para abordarla. Sin embargo, para Suriani, “hay 40 homicidios por semana, producto de la ley genocida del aborto (sic)”. “Mire si el feminismo radicalizado pudiera denunciar también cuántas bebés son muertas en los vientres maternos”, se animó a decir.

Por otra parte, afirmó que “un tercio de la policía de Salta son consignas por estas denuncias, con lo cual hoy hay una situación de inseguridad por todos conocidas y los efectivos policiales no alcanzarían para cumplir con la ley que hoy estamos votando”. Otro error del Diputado si se tiene en cuenta que, en muchos casos, los agresores son denunciados por más de una víctima. Por ello, si la consigna policial se asignara solo al violento, se reduciría el número de efectivos policiales destinados a dicha tarea.

Hizo hincapié, entonces, en la importancia de la educación, pero no en referencia a la Educación Sexual Integral, una herramienta más que necesaria en un contexto como este. A tono con sus declaraciones anteriores, y con una evidente carencia en sus argumentos, el Diputado sostuvo que “el feminismo radicalizado, en las leyes que se han votado, ha generado esta oposición entre el hombre y la mujer”. “Casi podríamos decir que la lucha de clases es llevada a la lucha de sexos, que es lo que plantea el marxismo cultural”, agregó.

Insistió respecto a las cifras que colocan a Salta a la cabeza en materia de violencia, aunque insistió también en defender su postura con más argumentos infundados. “También hay hombres violentados. A tal punto que he averiguado que el 30% de las denuncias que existen a partir de estas leyes también son falsas y donde, obviamente, no existen, no hay ningún tipo de castigo para aquellas que las hacen”, sostuvo para cerrar: “Voy a solicitar a mis pares que agudicemos la imaginación para que en un mediano y largo plazo tengamos leyes que realmente puedan mitigar estos efectos de la violencia sobre hombres y mujeres de nuestra Salta que queremos vivir en paz”.

Policía en la Cámara

Llegado su turno, el diputado Gustavo Orozco, que lleva consigo una grave imputación por abuso policial y vejaciones, destacó “las buenas intenciones” del proyecto ya que “no es caprichoso tratar de hacer notar algunas falencias de la propia Policía en relación a esto”. Sin embargo, manifestó: “Cuando uno cuida a la víctima, por lo general acuerda cómo va a ser el cuidado, la cuida en su casa, le permiten el acceso a algunos lugares. La víctima sabe que su integridad física está en riesgo, entonces es muy difícil que se quiera escapar. Cuando vos cuidás al victimario, no lo va a dejar ni siquiera ingresar a la casa al policía. Entonces, ¿cómo hace un policía para evitar que el victimario se escape por el fondo de la casa y que el riesgo de la víctima sea menor? Porque no va a haber nadie que la cuide”.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo que señaló la fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, la consigna policial no debe ingresar al hogar que está custodiando.

En este punto, Orozco consideró necesario encontrar “soluciones de fondo que protejan a la víctima rápidamente”. “Ante una denuncia por violencia de género, la justicia debería tener más celeridad. Hay consignas por violencia de género que hace seis años no han sido levantadas. General Güemes, que es una de las ciudades que tiene más consignas por violencia de género en relación a la cantidad de habitantes, llegó a tener consignas de más de seis años. Ya ni los fiscales sabían que existían, eso sucede”, aseguró.

“En cinco días, si se hacen las cosas como corresponden, el fiscal ya debería tener los elementos suficientes para pedir la elevación a juicio. Se le soluciona radical y definitivamente el problema a las personas”, analizó el Diputado y agregó: “Te van a decir ‘che, no podemos meter tantos presos porque no hay espacio en las cárceles’. Pero, qué es más importante ¿las vidas o construir una cárcel?”

Tantas operías juntas

“La verdad que hace mucho no escuchaba tantas operías juntas”, lanzó Santiago Godoy tras escuchar las alocuciones de Suriani y Orozco. “Me hace dar bronca porque es casi un desprestigio a toda la legislatura que alguien explique cómo se va a hacer cuando hay un Código Procesal, hemos cambiado el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, y hemos establecido un sistema de acusación”, aseveró.

“No me gusta contestar estas cosas, pero ya no podemos dejar pasar, porque es como que todos somos cómplices”, expresó el Diputado para cargar luego contra Suriani: “Tampoco podemos pasar que un tipo diga que el 30% de las mujeres mientan, un tipo que es diputado. Yo no creo que haya un 30% de mujeres que mientan para hacer. Esa es una mente que no es solidaria”.

En el mismo tono, remarcó: “Hay un título en el diario que dice que las vacunas se están venciendo, que no se ponen, que el Delta sigue avanzando en Salta. Y aquí nos tenemos que sentar con un hombre al que se le ocurre que el 30% de las mujeres está así, y no está ni vacunado”.

“En una sola cosa le doy la razón- continuó Godoy-. Yo creo que esta ley no es necesaria porque los jueces están autorizados, y los fiscales también. Nada más que no lo hacen, o sí lo hacen. En España, cuando vos amenazás a una mujer vas preso. (…) Esto que se está discutiendo lo puede discutir un juez, y también puede decidir, que eso hubiera sido más lindo. Pensemos que lo metan preso a aquel que amenace, y que haya un gabinete psicológico que empiece a revisar las situaciones. Hasta que ese hombre empiece a mejorar y se lo va soltando”.

“Es una cosa de locos. He visto que el Secretario de Seguridad ha dicho que el 15% está ocupado en cuidar a las víctimas de violencia de género. Habrá que cambiar el sistema”, opinó, aunque luego reiteró que “la justicia está haciendo las cosas que tiene que hacer porque el fiscal es el que imputa y el que investiga”. “Los jueces y los fiscales toman las medidas preventivas del caso. Ahora, que se demoren, es un problema de ellos. Hay buenas leyes. Posiblemente haya que mejorar el presupuesto, pero no es cierto que la culpa sea de las mujeres”, dijo.

“Es increíble que haya un hombre en esta Cámara de Diputados que piensa que el 30%… El que piensa que el 30% de las mujeres, piensa que es cierto que las mujeres provocan a los hombres. Es una cosa increíble, cada una toma las decisiones sobre su cuerpo como quiera”, expresó molesto Godoy. “Hay que ser solidarios con absolutamente todas las cosas. Si dicen ‘todos nos vacunemos para estar sentados aquí’. ¡Vacunate! Sino no vengas, como hace una diputada que no viene porque no se vacuna”, remarcó despertando los aplausos de sus pares.

Enseguida, apuntó: “Tenés tipos que han salido en todos los diarios, que debe ser cierto. No puedo creer que sea mentira que la amenaza a una mujer, a otra mujer, a otra mujer, que es un empleado de cosas importantes, y después parece que es verdad porque la termina matando. Es de todos los sectores. Me planteo esta mirada tergiversada de la sociedad que tenemos. Cuando discutís estas cosas que discuten, yo creo que hay que aprobar esta ley porque visibiliza más la existencia de la violencia de género”.

Recordó que la permanencia de una consigna policial aporta a la revictimización de la denunciante y expresó molesto: “¡No se puede permitir que alguien dude! ¡No puedo creer que alguien piense que el 30% de las mujeres miente! ¡y que esté sentado aquí!

Reiteró que la medida de otorgar consigna policial al agresor “ya está contemplada en la ley vigente”, aunque dijo que “no lo hacen porque los jueces también son machistas”. “Tomemos 1500 policías más, pero que no muera una mujer más, si ese va a ser el procedimiento, o busquemos una manera. Para mí, sería más lindo si los meten presos”, subrayó.

Consigna femenina

El diputado Franco Hernández se sumó al debate y coincidió respecto a la revictimización que significa tener consigna policial en el hogar. Además, planteó la posibilidad de que mujeres policías sean designadas como consigna.

Destacó también la necesidad de avanzar también en “la concientización de la Policía de la Provincia”. “Pero tampoco podemos llevar toda la carga a una institución que tiene que actuar cuando ya el hecho se cometió, por una persona inadaptada”, agregó. No es un dato menor que, de acuerdo con las cifras que proporciona la CORREPI, el 20% de los hechos de violencia de género son cometidos por personal de la fuerza de seguridad.