La justicia avanza sobre la responsabilidad empresarial en la acumulación de residuos petroleros en la región de Vaca Muerta.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó recientemente un allanamiento en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén. La acción, autorizada por la jueza de garantías Natalia Peloso, fue realizada en el marco de la causa denunciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conocida como Basureros Petroleros.
El objetivo fue tomar muestras de suelo en zonas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, además de incautar documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. Se busca también constatar el cumplimiento efectivo del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que implicaba el traslado de los residuos acumulados a un relleno de seguridad.
Cabe señalar que ya fueron imputados tres responsables de la empresa, dos directivos y un empleado. Los delitos son contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. Lo que se investiga es si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control, y emitió certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. Asimismo, se analiza la posible utilización irregular de tierras fiscales, así como la sobreocupación de capacidad autorizada.
La causa fue impulsada desde 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Advertimos tempranamente que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin tratamiento real, con alta concentración de hidrocarburos y metales pesados, exponiendo a las comunidades cercanas a un riesgo sanitario inaceptable”, señalaron desde la Asociación.
Además, remarcaron que las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 constataron que gran parte del predio estaba completamente ocupado por residuos, impidiendo incluso verificar el daño real al suelo natural. “Recién cuando comenzó el retiro parcial de residuos en 2024 se pudo acceder a nuevas zonas clave para la investigación”, advirtieron.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció los embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como garantía ante la magnitud del daño ambiental ocasionado. Se espera que a partir del allanamiento, se facilite la producción de pruebas y se llegue a nuevas imputaciones o medidas cautelares.
Desde la Asociación destacan que este caso paradigmático “muestra cómo el fracking, lejos de ser una solución energética, genera pasivos ambientales de altísimo riesgo”.
En un llamado a todas las organizaciones sociales, dependencias estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental, exigen al Poder Judicial que se avance con firmeza, se impongan sanciones ejemplares. “Que los costos de remediación no sean trasladados a las comunidades ni al erario público. No se trata solo de castigar delitos pasados, sino de impedir que se repitan bajo nuevas formas”, finalizaron.
Fuente: Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
