La inminente llegada de un buque para iniciar la prospección sísmica en busca de petróleo reavivó el conflicto ambiental. Organizaciones sociales advierten sobre los impactos ecológicos y cuestionan un modelo de desarrollo basado en la extracción de bienes comunes para sostener la lógica del capital global.
Uruguay vuelve a quedar en el centro de una disputa que atraviesa a toda la región: la exploración de hidrocarburos en el mar y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. En las últimas semanas, la llegada de un buque que iniciaría tareas de prospección sísmica offshore activó nuevas movilizaciones y profundizó el debate público sobre el rumbo productivo del país.
En ese contexto, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, conformada en 2025, se consolidó como uno de los espacios de referencia en la resistencia a estos proyectos. Desde una lógica asamblearia, horizontal y territorial, el colectivo denuncia que la búsqueda de petróleo forma parte de un modelo extractivista sostenido por gobiernos de distinto signo político, con escaso control social y fuertes impactos sobre los ecosistemas marinos.
Una asamblea nacida frente al avance petrolero
La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras se conformó en febrero de 2025, a partir del llamado del Ministerio de Ambiente a instancias formales de participación ciudadana vinculadas a proyectos de exploración offshore. Lo que comenzó como una organización para intervenir en audiencias públicas, rápidamente se transformó en un espacio amplio y diverso, con integrantes de distintos departamentos del país y vínculos con organizaciones de Argentina que atravesaron conflictos similares.
Desde sus inicios, la asamblea reunió a personas y colectivos con trayectoria en luchas ecoterritoriales y antiextractivistas, apostando a una construcción colectiva basada en la horizontalidad y la toma de decisiones compartida.
Articulaciones regionales y sectoriales
El rechazo a la exploración petrolera en el mar no se limita a un solo colectivo. La asamblea mantiene vínculos con sindicatos del sector pesquero, uno de los más directamente afectados por la prospección sísmica, así como con otros gremios que brindaron apoyo logístico y material.
A nivel regional, el entramado incluye organizaciones como el Observatorio Petrolero Sur, la Asociación de Abogades Ambientalistas, Mirá Socioambiental y redes internacionales como el Tratado por el Fin de los Combustibles Fósiles. En Uruguay, la asamblea integra la Red Unión de la Costa (RUC) y articula acciones legales junto a organizaciones especializadas en biodiversidad y derechos animales.
Movilización, firmas y acciones judiciales
Desde mediados de 2025, las acciones se multiplicaron. Una de las más visibles fue la campaña de recolección de firmas, que superó las veinte mil adhesiones y culminó con una masiva movilización frente al Ministerio de Ambiente el 15 de diciembre pasado.
Además de participar en todas las audiencias públicas, la asamblea organizó cadenas humanas en playas de Montevideo, Rocha, Colonia y Melo, giras informativas, intervenciones urbanas y actividades culturales. A nivel judicial, presentó una medida cautelar de no innovar, solicitando que se suspendan las operaciones y avanzó en un proceso principal para lograr la nulidad de los contratos firmados con las petroleras.
Gobiernos distintos, misma lógica extractiva
Desde la asamblea sostienen una posición política clara: no existen diferencias sustanciales entre el actual gobierno y el anterior en relación con la búsqueda de hidrocarburos. Señalan que los contratos fueron firmados por la gestión previa y que el actual Ejecutivo habilitó el inicio de las actividades, amparándose en el argumento del “respeto a los compromisos”, aun cuando esos acuerdos están sujetos a la aprobación ambiental.
En ese marco, cuestionan duramente el rol del Ministerio de Ambiente, al que consideran un garante de los intereses corporativos antes que un organismo de protección de los bienes comunes.
Un país atravesado por conflictos ambientales
La prospección petrolera no es un hecho aislado. Desde la asamblea advierten sobre un panorama general de entrega ambiental, que incluye megaproyectos de hidrógeno verde, intentos de utilización del acuífero Guaraní, expansión de la frontera sojera y forestal y el avance de grandes pasteras.
Para el colectivo, todas estas iniciativas responden a un mismo patrón: la exportación de naturaleza en forma de commodities para sostener la acumulación de capital, una lógica que —afirman— atraviesa tanto a gobiernos progresistas como a administraciones de derecha en toda la región.
El rol de las comunidades frente al extractivismo
Uno de los ejes centrales del planteo es la democratización de la gestión territorial. Desde Mar Libre de Petroleras sostienen que la planificación, el control y el uso de los territorios y los bienes hídricos deberían estar en manos de las comunidades que habitan esos espacios, articulando saberes científicos y conocimientos populares.
Ante la inminente llegada de los buques —no solo los prospectores, sino también naves de apoyo que incrementan el impacto ambiental—, la asamblea ya se encuentra organizando nuevas movilizaciones y acciones de visibilización.
El conflicto por el mar uruguayo vuelve así a poner sobre la mesa una pregunta que resuena en toda América Latina: ¿desarrollo para quién y a costa de qué territorios?
Fuente: La Izquierda Diario
