Apuntan a intereses económicos detrás de los cambios que podrían habilitar la explotación en zonas protegidas.
En medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, crecen las denuncias sobre la influencia de grandes empresas mineras en el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Congreso.
Según un informe reciente, distintos sectores ambientalistas advierten que detrás de la iniciativa existen intereses de multinacionales que buscan avanzar sobre territorios actualmente protegidos por la legislación vigente.
“Las empresas escribieron la reforma”
El abogado ambientalista Enrique Viale fue uno de los principales críticos del proyecto y aseguró que el texto responde directamente a intereses del sector extractivo.
Según planteó, las modificaciones permitirían flexibilizar las restricciones actuales, abriendo la puerta a actividades mineras en zonas periglaciares que hoy están protegidas.
Este punto es clave: la ley vigente prohíbe expresamente la actividad minera en glaciares y áreas asociadas, justamente por su rol como reservas estratégicas de agua.
Qué cambia con la reforma
El proyecto impulsado a nivel nacional propone redefinir qué zonas deben ser protegidas, limitando la cobertura únicamente a aquellas que cumplan una “función hídrica específica”.
Esto implicaría reducir el alcance de las áreas protegida, dar mayor poder a las provincias para decidir sobre los territorio y habilitar actividades productivas en zonas antes restringidas.
Organizaciones ambientales advierten que estos cambios podrían debilitar los presupuestos mínimos de protección y poner en riesgo fuentes de agua dulce.
Las empresas en la mira
Entre las compañías señaladas aparece Barrick Gold, una de las mayores mineras del mundo, históricamente vinculada a proyectos en zonas cordilleranas.
Según denuncias, este tipo de empresas tiene interés directo en modificar la ley para avanzar sobre áreas donde hoy no pueden operar.
El trasfondo económico es claro: la expansión de la minería —especialmente de oro, cobre y litio— en territorios de alto valor ambiental.
Un debate que excede lo técnico
La discusión ya no es solo jurídica o ambiental. Se trata de un conflicto más profundo que pone en debate, nada menos, que la concepción del agua como derecho o como recurso productivo.
Esto es, pensar a los recursos naturales principalmente desde la perspectiva de la explotación económica enfrentando la soberanía territorial a los intereses corporativos.
En este escenario, se cuestionó también las limitaciones a la participación ciudadana en las audiencias públicas convocadas como parte del debate de la reforma.
El agua en el centro de la disputa
Los glaciares no son solo paisajes: son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen cuencas enteras en Argentina.
La ley vigente —sancionada en 2010— los protege justamente por ese rol clave para el consumo humano, la producción y los ecosistemas.
Por eso, cualquier modificación genera un fuerte rechazo en sectores científicos, ambientales y sociales.
Una reforma que redefine el modelo
El debate por la Ley de Glaciares se inscribe en una discusión mayor sobre el modelo de desarrollo en Argentina.
Mientras el gobierno impulsa la minería como motor económico, crecen las voces que advierten sobre los límites ambientales y sociales de ese camino.
Fuente: Página/12 – Radio 750
