El Gobierno provincial, instituciones académicas y organizaciones sociales, presentaron un amparo colectivo ambiental para frenar la aplicación de la modificación de la norma recientemente aprobada.
Desde el Gobierno de La Pampa presentaron un amparo colectivo ambiental. El objetivo de la acción judicial conjunta con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos para frenar la reforma a la Ley de Glaciares.
Según trascendió, el planteo busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma. Asimismo, que suspenda su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Desde la provincia advierten que los cambios en la ley afectan directamente el acceso al agua, un recurso estratégico incluso para territorios sin glaciares.
En ese sentido, el gobernador Sergio Ziliotto remarcó que la medida “lesiona derechos ambientales colectivos”. También advirtió que podría tener consecuencias concretas sobre los ríos que abastecen a la población.
Recurso en riesgo
Uno de los puntos más cuestionados es que la reforma reduce las áreas protegidas. Además, otorga mayor poder a las provincias para decidir sobre la explotación de esos territorios. Afirman que ello podría habilitar actividades como la minería en zonas antes restringidas.
Además, la presentación judicial incluye una medida cautelar que busca frenar de inmediato la aplicación de la ley argumentando que su implementación podría generar daños ambientales irreversibles.
El caso de La Pampa se suma a un creciente rechazo social, político y ambiental en distintas regiones del país, donde organizaciones y especialistas advierten sobre el impacto que estos cambios podrían tener en la disponibilidad de agua.
La disputa por la Ley de Glaciares ya no se limita al Congreso: ahora se traslada a la Justicia. En el centro del debate, vuelve a aparecer una discusión clave para el presente y el futuro del país: la protección del agua frente a los intereses productivos.
Fuente: Página/12
