Una carta pública reúne firmas en rechazo a la designación de Antonio Aracre como Jefe de Asesores de Alberto Fernández.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas convocan a acompañar una carta pública en rechazo a la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. El documento, que ya cuenta con más de 4400 firmas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmgy5-_m3Sjgk8dyEjeleIXx5fjdaU8S7RZyopNbSgF2YK1w/viewform) y exige la renuncia del funcionario, expresa el repudio de referentes de la academia, del ambientalismo, de movimientos sociales y de la cultura.
Según indican, Aracre fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio, y en los últimos 12 años se desempeñó como CEO de esa compañía para Latinoamérica Sur. Fue a fines del año pasado que decidió dejar el sector privado y pasar a la función pública, generando el mecanismo conocido como de “puertas giratorias”. Consiste en que funcionarios de altos cargos en empresas privadas pasan a la función pública, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones.
De acuerdo a lo que expresa la carta, esta práctica se encuentra limitada e incluso prohibida en muchos países, considerada directamente un delito. De hecho, la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ratificada en Argentina por la Ley 26.907 en el año 2006, establece la obligación de “prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas”.
Además, en Argentina la problemática se encuentra prevista por la Ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública. La misma establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado.
“Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más”, señalan en el escrito público.
El hecho pone el acento en las posibilidades que el ex CEO de Syngenta tendría para intervenir en cuestiones como la regulación de agrotóxicos en el país o la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio. Se trata de áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país, a las que se suman temáticas como la propia cotización del dólar, las políticas relacionadas con la importación o exportación, o una eventual regulación del comercio nacional de granos.
“En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, advierten quienes firmantes el comunicado sobre lo que entienden como un grave retroceso en la región.
El caso recuerda el de Juan José Aranguren, CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, cuando fue nombrado Ministro de Energía de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri hasta junio de 2018.
Asimismo, remarcan que Antonio Aracre “tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la ‘grieta’-”. Dicha situación, afirman, “le garantizó una cantidad insólita de amables ‘entrevistas’ en radio, televisión y medios digitales”.
Qué es Syngenta
Syngenta fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) está registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en más de cien países. Con su casa matriz en Suiza, Syngenta Group tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group China. En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas.
Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior. En 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas. El crecimiento no fue producto del azar: con un perfil cuidadosamente más bajo que la empresa Monsanto, Syngenta fue clave en la consolidación de la sojización transgénica de América del Sur, bajo un proyecto que se dio a conocer en el año 2003 como “La República Unida de la Soja”, pasando así por encima de las fronteras y los intereses nacionales.
Hoy, las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato.
Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea.
Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros.
Glifosato: Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico.
Fuente: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas