En medio de advertencias ambientales y técnicas, la Ley de bosques vuelve a verse amenazada. La posible limitación del monitoreo ciudadano y la reducción de controles estatales sobre los desmontes enciente las alarmas.
Un proyecto impulsado a nivel nacional propone modificar la Ley de bosques, el sistema mediante el cual se autorizan los cambios de uso del suelo.
Entre los puntos más cuestionados se destacan la flexibilización de controles en determinadas zonas y los cambios en el sistema de autorizaciones de desmontes. A ello se suman la eliminación de estudios de impacto ambiental y la reducción de la participación ciudadana.
Según se publicó, la iniciativa incluso plantea eliminar instancias clave de evaluación y control previo, lo que debilitaría el sistema de protección vigente.
Menos participación social
Uno de los aspectos más sensibles es el recorte al rol de la ciudadanía.
Actualmente, la ley contempla mecanismos de participación y monitoreo social en temas ambientales. Sin embargo, la reforma buscaría limitar estas instancias, reduciendo la capacidad de organizaciones y comunidades para intervenir en decisiones sobre sus territorios.
Esto implicaría un cambio profundo en la lógica de gobernanza ambiental, alejándose de modelos participativos.
Un sistema que podría perder capacidad de control
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece un ordenamiento territorial que clasifica los bosques en categorías (rojo, amarillo y verde) según su nivel de protección.
Pero las modificaciones en debate apuntan a alterar ese esquema. En zonas verdes, se busca reemplazar autorizaciones por simples avisos; en zonas amarillas, podría habilitarse el cambio de uso del suelo; y se debilita el rol del Estado como órgano de control.
Organizaciones advierten que esto podría traducirse en un aumento significativo de desmontes y pérdida de ecosistemas.
Más presión sobre los bosques
El contexto no es menor. En el norte argentino —especialmente en regiones como Chaco, Santiago del Estero y Formosa— la expansión agropecuaria ya ejerce una fuerte presión sobre los bosques.
Datos recientes indican que solo en el primer semestre de 2024 se deforestaron más de 59 mil hectáreas, lo que refuerza la preocupación ante una posible flexibilización de controles.
Retroceso ambiental
Desde distintos sectores —ambientalistas, técnicos y organizaciones territoriales— las advertencias coinciden respecto a una regresión ambiental, un debilitamiento institucional e impactos en comunidades rurales e indígenas.
Incluso, algunos análisis señalan que las modificaciones podrían poner en riesgo millones de hectáreas de bosque nativo y profundizar la crisis socioambiental.
El conflicto vuelve a poner en evidencia una tensión histórica entre expansión productiva y protección ambiental.
Mientras el gobierno plantea mayor “eficiencia” y autonomía provincial, los sectores críticos advierten que el costo puede ser la pérdida irreversible de ecosistemas clave.
Fuente: La Tinta / Economis / El Auditor
