Restituyen tierras a la comunidad diaguita de Las Pailas
La comunidad prepara un pedido de jury contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes. Además, el Senado de Salta anunció el impulso de una ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ancestrales para proteger a los pueblos originarios y evitar nuevos desalojos.
Este jueves, en el Senado de la Provincia se dieron dos situaciones relacionadas a los pueblos originarios. Las mismas, destapan algunas contradicciones por falta de legislaciones claras y permanentes al respecto.
Por un lado, los descendientes de la comunidad Lule pretendían defender su territorio en Las Costas, donde crían animales y viven desde hace décadas. Sin embargo, los legisladores entregaron a la Provincia la posibilidad de dar en comodato las tierras al club Tigres, el que por su parte afirma que no destruirá las viviendas.
Por otro, la situación en Cachi corrió a favor de los diaguitas calchaquí. Aun cuando pasaron dos semanas a la intemperie y se evalúa arremeter judicialmente conta la jueza que los desalojó.
Tras varias reuniones entre las partes y la última en el Senado de la Provincia, la Justicia ordenó la restitución de las viviendas a las familias. No obstante, no hay paz hasta tanto no haya definiciones más concretas y permanentes.
Reclamo social
Las dos semanas de angustia para muchas familias, despojadas de sus viviendas y pertenencias, generó una fuerte movilización social. Hubo reclamos institucionales y cuestionamientos al procedimiento judicial.
La restitución fue confirmada por la abogada de la comunidad, Verónica Huber. Según informó, la magistrada interviniente dispuso la restitución de las viviendas a las familias desalojadas el pasado 12 de junio en el paraje San Gabriel. La resolución se conoció horas después de una reunión plenaria celebrada en el Senado provincial, donde legisladores recibieron a los representantes de la comunidad y analizaron alternativas para revertir la situación.
Según explicó Huber, el operativo afectó a más de 60 personas, entre ellas 18 menores de edad, cuatro adultos mayores de 70 años, una persona con discapacidad y otra bajo tratamiento médico crónico. Además, sostuvo que la orden judicial original hacía referencia al desalojo de un sector de aproximadamente cuatro hectáreas vinculado a un contrato de pastaje. Sin embargo, la ejecución terminó extendiéndose sobre la totalidad del predio ocupado por la comunidad.
Ante el Senado, los integrantes de la comunidad denunciaron que el desproporcionado despliegue policial provocó la pérdida del acceso a viviendas, cultivos, animales de cría y al sistema comunitario de provisión de agua. Además de afectar a personas mayores y menores de edad.
Pronunciamientos
Tras recibir denuncias, llamados y testimonios de integrantes de la comunidad, para el senador por Cachi, Manrique Burgos, quedó en evidencia que el alcance del operativo habría excedido lo que originalmente se interpretaba como objeto de la sentencia judicial. Asimismo, señaló que el proceso debe analizarse a la luz del marco normativo nacional y de los tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas.
También confirmó que impulsarán una iniciativa para establecer la suspensión de desalojos de comunidades originarias. Asimismo, avanzarán en una legislación provincial que reconozca y proteja los derechos territoriales indígenas.
Próximos pasos
Horas después de la reunión legislativa y de una movilización realizada frente a la Legislatura provincial, Huber confirmó que la Justicia había ordenado la restitución de las viviendas a las familias desalojadas. Además, explicó que la medida debía ejecutarse con intervención de los jueces de paz de Seclantás y Cachi.
Para la abogada, se trata de un avance importante. Sin embargo, advirtió que persisten daños materiales y personales ocasionados durante las dos semanas que las familias permanecieron fuera de sus hogares. Debieron soportar temperaturas bajo cero y sin acceso a sus pertenencias.
Asimismo, Huber confirmó que presentarán un pedido de jury contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes por avanzar con acciones por daños y perjuicios derivados del procedimiento.
Fuente: Gente de Salta
