Ley de sociedades: Exigen audiencia pública antes del tratamiento en el Senado
Distintas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta con el pedido. Este miércoles, el oficialismo avanzará para obtener dictamen de comisión para el proyecto de Ley de sociedades.
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil de todo el país enviaron una carta al Senado de la Nación para pedir audiencias públicas previo a avanzar con el dictamen de la reforma a la Ley General de Sociedades. La misma se encuentra en tratamiento, y la última reunión informativa será este miércoles.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa el proyecto. Por primera vez en el derecho argentino, introduce dos figuras. Por un lado, la «Sociedad Automatizada», que puede operar sin ningún trabajador ni administrador humano en su funcionamiento ordinario y, por otro, la «Sociedad Descentralizada Autónoma» (DAO), gobernada por votación distribuida entre miles de titulares de tokens.
La propuesta desató polémica y el proyecto de ley no tiene aun los votos suficientes. El pedido de la audiencia fue firmado por integrantes de movimientos de derechos humanos, asambleas ciudadanas y del ambientalismo local y nacional.
Cambios sin cambios
Ante la controversia, el oficialismo había prometió la semana pasada cambios parciales. Sin embargo, el detalle no fue comunicado al público. El 19 de agosto, ante la Comisión de Legislación General del Senado, la senadora Patricia Bullrich anunció una modificación en el proyecto para exigir que las sociedades automatizadas cuenten con al menos una persona física o jurídica responsable.
De esta forma, se descartaba que las sociedades operen sin ningún ser humano identificable detrás. Las ONGs habían recibido el anuncio de Bullrich con cautela.
El mismo había recogido de manera directa la objeción de la sociedad civil. Particularmente, tomó las críticas por la ausencia de mecanismos claros para atribuir responsabilidad personal cuando una sociedad opera con sistemas autónomos. Pero, para las ONGs, el tweet del presidente Javier Milei en X/Twitter el pasado domingo reveló que «esa cesión, en el plano de las convicciones que él mismo expresa públicamente, no fue acompañada de un cambio de fondo».
Cuestionamientos
Para las ONGs, «una promesa hecha en comisión no alcanza si, en simultáneo, el Jefe de Estado sigue impulsando públicamente lo contrario». Solicitan al gobierno «una sola posición». Piden que se aclare «si el criterio es el que anunció la Senadora» y que «lo sostenga también el Presidente, en el mismo tono y con el mismo compromiso público».
La carta fue firmada por más de 30 organizaciones provenientes de distintos sectores. Entre ellos, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina (AAdeAA), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Asociación Civil Géneras, la Fundación Biodiversidad Argentina, y los capítulos argentinos de The Common Initiative y la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles.
Las firmas de ONGs y movimientos provinciales provienen principalmente de las asambleas por el agua, multisectoriales de derechos humanos, movimientos indígenas y campesinos. También de organizaciones ambientalistas, coaliciones de defensa de los derechos territoriales de comunidades locales y asociaciones católicas civiles independientes.
Según el documento, la reforma no aclara cómo se aplicaría la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Especialmente cuando el acto ilícito fue ejecutado por un algoritmo autónomo, sin una decisión humana individual identificable.
Además, las ONGs señalaron que el proyecto de ley «tampoco exige trazabilidad ni explicabilidad mínima para las Sociedades Automatizadas, a diferencia de las DAO».
El portal político Análisis Digital indicó que las organizaciones no se oponen a la innovación tecnológica. Piden que el Senado garantice, antes de dar media sanción a la ley, administraciones humanas con deberes efectivos, trazabilidad y auditoría obligatoria de los sistemas. Así también, exigen seguros frente a daños masivos, y reglas claras de imputación penal y civil.
Las ONGs también advierten que «la iniciativa avanza en paralelo al régimen de beneficios fiscales conocido como ‘Súper RIGI’, orientado a atraer inversiones en economía digital e IA». Subrayaron que su costo fiscal proyectado «equivaldría a más de 8.600 millones de dólares anuales durante treinta años, más del doble de lo que el Estado invierte en ciencia, tecnología y educación universitaria”. El proyecto de ley también será tratado en comisiones este miércoles.
El reclamo de las ONGs llega en un contexto de debate internacional. El escritor Yuval Noah Harari cuestionó públicamente en el Financial Times la posibilidad de otorgar personería jurídica a agentes de inteligencia artificial. Fue en respuesta a una columna de Javier Milei, que defiende nuevas figuras legales para empresas operadas por IA.
La semana pasada, el medio británico The Economist, indicó en una nota que «el peligro es evidente» en la propuesta de Milei. Consideró que «sería muy peligroso» que las inteligencias artificiales tengan «incluso derechos limitados». El tweet de Milei de la semana pasada justamente publicó esa nota de la prestigiosa publicación semanal londinense.
Fuente: Noticias Ambientales
