El 18 de enero último, el Tribunal de Impugnación Sala III resolvió un amparo constitucional presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a la comisión directiva wichí Misión La Loma, representados por el abogado Martín Plaza. Intimó a la Provincia a designar facilitadores culturales tanto en los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia como en Salta capital, además de poner en funcionamiento albergues en las cercanías de los nosocomios a fin de brindar contención a familiares de cada paciente.
Pasaron casi dos años desde que, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, se declaró el Estado de Emergencia Sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, explicó que esta primera medida, impuesta por el juez Eduardo Barrionuevo, establecía un plazo de 5 días para su cumplimiento. Sin embargo, aseguró que “la realidad es que, a la fecha, la Provincia no ha tomado ninguna medida en ese sentido”.
Fue noticia, días atrás, la confirmación de la medida por parte de la Corte de Justicia salteña ante la apelación que la Provincia presentó en su momento. “La realidad es que han incumplido 8 años la Ley de Salud Intercultural y, por otra parte, vienen incumpliendo en forma injustificada la medida cautelar impuesta por el juez Barrionuevo en primera instancia, y ahora por la Corte de Justicia”, aseveró el abogado.
El coordinador general de Fiscalía de Estado, Pablo Buccianti, sin embargo, aseguró que se está trabajando en el cumplimiento del fallo que, hasta tanto resuelva la Corte de Justicia, debe cumplirse.
Asimismo, desde la Asociación se denunció el incumplimiento de la medida cautelar, pero la Fiscalía de Estado, aseguró Rodríguez, no contestó los oficios que se enviaron. “Han incumplido la ley, han incumplido la medida cautelar y los oficios de la Corte. Todo eso en un contexto en el que los fallecimientos en niños y niñas de comunidades originarias, no paran de sucederse en la Provincia”, subrayó.
Y enfatizó: “El sistema es discriminatorio, eso genera mucha fricción con las comunidades y contribuye de una manera grave a los casos más trágicos. Esperamos que la Gobernación tome una decisión política. Sabemos que no se han puesto facilitadores, hogares, y lo que estamos haciendo es que en todos aquellos casos en que no se acceda, estamos a disposición para presentar esa denuncia del incumplimiento de la medida”.
Pidió que la Corte exija el cumplimiento del fallo “con las herramientas que tenga”, lo que podría incluir que se considere la existencia de un incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Las autoridades sanitarias, evidentemente, no tienen intenciones de que las comunidades accedan al sistema de salud. Sino, se hubieran implementado estas y otras medidas para garantizarlo”, cuestionó el abogado integrante de ACIJ.
