Familias campesinas del departamento San Martín y Rivadavia iniciaron el 18 de octubre una marcha pacífica desde Fortín Dragones hasta la Capital de la provincia, con un petitorio de siete puntos y en contra de los desalojos.
“Somos víctimas desde hace años de este tipo de sentencia, de desalojo judicial y extrajudicial. Ya estamos cansados, porque ya somos muchas familias campesinas de San Martín y Rivadavia que tienen este conflicto con familias empresarias que se reclaman como poseedores del territorio que ancestralmente ocupamos”, manifestó Viviana Segovia, una de las manifestantes.
Segovia informó que en todo el Chaco Salteño hay cerca de 300 familias que están en el lugar hace cuatro generaciones. Ayer fueron recibidos por el ministro Martín de los Ríos, quien se comprometió a darles noticias en el día de hoy.
La familia Segovia se encuentra en una pelea judicial por su tierra con la familia Macri. Actualmente, tienen una sentencia de desalojo por parte de la doctora Griselda Beatriz Nieto. “Nuestra permanencia data desde la década del 30, y en 2006 Gianfranco Macri compró esa porción de tierra a través de la firma Casabú S.A. Lo compró en 532 mil dólares si mal no recuerdo, pagadero en 12 cuotas consecutivas e iguales. Más de 10 mil hectáreas”, expresó. Otros nombres que suena son el de Marcos Peña y del ex presidente Mauricio Macri, quien además siempre declaró menos que las tierras que ocupó. Como presidente, fue hasta Pluma de Pato a inaugurar un jardín de infantes, pero en realidad fue a controlar la compra de las tierras.
“Tuvimos diversos abogados desde que empezó el juicio. Nos sentimos poco representados, la justicia que nos obliga a cumplimentar con tiempos y pactos judiciales pero nunca falló a favor de un campesino y los abogados es un tema escabrosos, deberían defenderte y no es así. En la actualidad, tenemos a Silvina Suárez de Tartagal. Anteriormente, tuvimos a Rebeca Russo, de Embarcación, y Fleming de Salta. También hablo por los casos de las otras familias”, manifestó.
Hasta ahora, lo único que frena los desalojos es la prórroga del artículo 9 de la Ley Provincial 7658, Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. “Hace años venimos en prórrogas, y la solución definitiva nunca está. Hace años que estamos con esto, necesitamos la voluntad política del gobernador de la provincia de Salta, que intervenga, que haya voluntad de su parte para que se sumen y hagan una ley que realmente favorezca al campesino”, dijo.
Segovia indicó que el 9 de octubre se celebró una asamblea campesina, donde se expusieron los puntos que hoy traen a Salta. Se invitó a todos los campesinos y a las autoridades locales, departamentales y provinciales. Asistieron Manuel Pailler, senador; Moisés Balderrama, diputado provincial electo; Valeria Fernández, diputada provincial y Ramón Villa, diputado provincial. Consultada sobre el senador Mashur Lapad, indicó que “brilla por su ausencia”.
Los siete puntos del petitorio son:
1. Fin de los desalojos judiciales y extrajudiciales;
2. Mensuras y titularización de las tierras campesinas;
3. Obras de acceso al agua para la producción y para uso domestico;
4. Infraestructuras intraprediales para el mejoramiento de la producción;
5. Apoyo a la juventud campesina para favorecer el arraigo rural;
6. Innovación tecnológica para la producción campesina.
7. Acceso a la vivienda digna, energía eléctrica y conectividad.
Fuente: Todas las voces todas – FM Noticias 88.1 MHz.
