Hace poco más de un mes, el docente Alejandro Benítez sufrió un accidente por el que perdió la vida. El lamentable hecho, ocurrido en territorio boliviano, generó debates en distintos sectores, Poder Legislativo incluido. Entre análisis sobre el cumplimiento o no de convenios de reciprocidad, surgieron expresiones lamentables de legisladores oficialistas que aprovecharon la ocasión para llevar agua bajo su molino y, de paso, alimentar los siempre innecesarios discursos de odio. Claro, hubo excepciones.
Al referirse al proyecto de declaración ante sus pares, la diputada oficialista Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro), cuestionó: “Habiendo pasado un mes, seguimos sin tener respuesta de las autoridades de Bolivia”. Explicó que la iniciativa busca, efectivamente, “que Cancillería realice las actuaciones necesarias para lograr conocer quiénes son las personas y funcionarios que intervinieron y que tienen responsabilidad, y cuál es la responsabilidad”, en el fallecimiento de Benítez.
En medio de su alocución, en la que destacó el último informe presentado por autoridades bolivianas reconociendo “que existieron cobros indebidos”, hizo mención al caso de una mujer rionegrina que sufrió un ACV estando en Bolivia y que, afirmó, “fue una argentina más que fue discriminada frente a la prestación del servicio de salud en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Llama la atención la insistencia en referenciar las desigualdades en el acceso a la salud apuntando al vecino país, cuyas ciudadanas y ciudadanos forman parte de una comunidad de migrantes históricamente discriminada en este suelo.
Son los oportunistas
No menos llamativa resulta la mención a la situación de Los Toldos, cuyos habitantes deben transitar por Bolivia al salir de la localidad dado que las promesas de Gustavo Sáenz de construir un acceso vial no han sido cumplidas. “¿Cómo puede ser que tengan que pagar impuestos? ¿Cómo puede ser que una ambulancia tenga que pagar impuestos?”, cuestionó Villamayor, como si realmente desconociera el origen de la realidad de los vecinos del lugar, la falta de una ruta.
Más aún, se refirió también a la situación del río Pilcomayo (ver), que mantiene en vilo a las comunidades indígenas costeras, ya golpeadas por la pobreza, el hambre y la desidia estatal. “Si el Pilcomayo afecta nuestras aguas, nosotros debemos cubrirlas”, atinó a decir. Cabe señalar que, pese a los comunicados del Gobierno provincial sobre reforzar la asistencia a pobladores de la zona, integrantes de las comunidades indígenas afirman que llevan meses sin recibir los módulos alimentarios (Ver). “Convivimos, muchísimos habitantes bolivianos vienen a atenderse en Salta”, remarcó la Diputada.
A su turno, el diputado por la Unión Cívica Radical, Santiago Vargas, consideró que Gustavo Sáenz “tiene que hacer un reclamo más fuerte”, y cuestionó el uso del servicio de salud por parte de extranjeros, uso que pretende regular con un proyecto que, finalmente, no tuvo dictamen. “Lamentablemente, no se pudo debatir, y me parece que hubiera sido muy importante ya que contaba con el apoyo popular de muchos ciudadanos salteños”, dijo sobre la licencia social que otorgan la xenofobia y los discursos de odio generalizados, en apoyo a medidas que pretenden igualar hacia abajo, generando restricciones para extranjeros, contrarias incluso a lo que establece nuestra propia Constitución Nacional.
Sin una sentencia judicial que se conozca, aseguró que Benítez “ha muerto por la desidia y el abandono del sistema de salud boliviano”, y subrayó: “Obviamente, no existe la reciprocidad y el Gobierno argentino tendrá que ver de qué herramienta provee a los ciudadanos para que no vuelva a suceder esto que sucede en Bolivia”.
Faro de luz
Por su parte, el diputado Gustavo Dantur (Más Salta) manifestó con acierto: “Argentina es un faro donde se reflejan muchos países y muchas veces queremos medir a los demás cuando la salud pública de Bolivia no es la misma que tenemos nosotros. No quiero que esto sea acrecentar el odio, el discurso de odio hacia una comunidad boliviana que nada tiene que ver”.
Roque Cornejo (Ahora Salta), en tanto, citó la normativa que regula el acceso Sistema Único de Salud del vecino país, garantizando el mismo a personas mayores de 60 años, como era el caso de Benítez, entre otros grupos poblacionales. Por su parte, Germán Rallé enfatizó: “No debemos imitar las malas acciones, y no tenemos que negar lo que le negaron a nuestro hermano salteño”.
Un hecho político
“Qué feo que convirtamos esta realidad en un hecho político”, se dirigió Villamayor a sus pares, previo a la votación. “Que diputados preopinantes planteen que nada ha hecho el Gobernador, tengo que decir de manera clara que el Gobernador no solo manifestó su preocupación, sino que ha contactado a la familia con la Defensoría General para que puedan salir adelante. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, al que sí le faltan los pantalones es al Canciller”, sostuvo.
La diputada Julieta Perdigón (Ahora Salta), quien anteriormente había señalado que “la familia de Benítez dijo que nadie se acercó, ni desde Bolivia, ni desde el Gobierno provincial”, pidió que “no deslinden responsabilidades” y afirmó que “el caso del profesor Benítez es completamente político” dado que la dirigencia salteña debe dar respuestas a la familia “de un ciudadano que perdió la vida en otro país”.
