San José es una confitería que se recuperó en junio de 2020 por sus trabajadores. Funciona en ese edificio desde hace más de 25 años.

Las y los trabajadores de la cooperativa Don José, se levantaron este último domingo con la noticia de que el Arzobispado de Salta apeló la medida cautelar que ordena la continuidad del contrato de alquiler del inmueble de calle España 714 de la ciudad de Salta.

Dicho local es propiedad de la Iglesia Catedral de Salta, y donde hace más de 25 años funciona la confitería San José. Fue el 26 de noviembre de 2021, que el juez de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 1ª Nominación, Pablo Muiños, aceptó que por tres años más continúen ocupando el lugar para el negocio.

La intervención de la Justicia se debió a que el Arzobispado de Salta, negó desde el año pasado la firma de un nuevo contrato con los cooperativistas. Por lo que, de sostenerse la negativa, y llegado el caso que la Justicia salteña hiciera lugar a la apelación, se daría el desalojo de las personas que trabajan en la confitería.

A este contexto se suma el maltrato reiterado de parte de miembros de la iglesia católica hacia las mujeres de la empresa y la deuda casi impagable que los trabajadores aún tienen con AFIP, heredada de sus antiguos dueños.

Con este accionar «la iglesia hace alusión a un supuesto desalojo», dijo Norma Choqui, presidenta de la cooperativa Don José. Para los trabajadores, la apelación de parte del Arzobispado significó una sorpresa, ya que el año pasado habían logrado obtener la aceptación de la medida cautelar que les permitía seguir ocupando el espacio por tres años más. La confitería está ubicada en pleno centro de la capital y por más de dos décadas forma parte de la cotidianeidad salteña.

La situación entre la Iglesia Católica y la cooperativa empezó a tensionarse dos meses antes que terminara el contrato de locación, dispuesto para el 30 de noviembre de 2021. La tesorera Sonia Oviedo contó a Salta/12 que siempre que el administrador del Arzobispado, Carlos Ortíz, iba a cobrar el alquiler «nos decía que no iba a haber problemas» en la renovación del uso del espacio. Pero «previo a que se termine el contrato, fijaron una posición que no nos iban a renovar».

Oviedo dijo que fueron a tres mediaciones. En la primera no se presentaron los representantes religiosos, pero en las restantes «fueron instransigentes con un rotundo no». En la resolución del juez Muiños, el letrado hace referencia a que en la audiencia del 30/10/21, el cura Javier Romero, en su carácter de “Rector y Vicario episcopal de la Catedral Basílica”, manifestó que “no procederán a renovar el contrato de locación, independientemente de cualquier negociación u oferta económica”.

En ese sentido, la tesorera relató que preguntaron a qué se debía la negativa, y la respuesta sólo fue que a ellos no les incumbía. «Hemos tratado de hablar con (el arzobispo Mario Antonio) Cargnello, hemos presentado 4 o 5 notas porque en el transcurso de los años, siempre quisieron arreglar este tema, pero nunca nos recibió», expresó. Incluso fueron funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a dialogar con los representantes del Arzobispado pero «se lavaron las manos» y «nunca dieron una contestación cierta de cuál es el problema de que nos quieren sacar de acá», contó la mujer.

Fue el 20 de junio de 2020 que los trabajadores recibieron la llave del local y emprendieron el camino cooperativo para sostener su fuente de trabajo. Esto se debió a que, en mayo de ese año, sus ex dueños Silvia Sarmiento y Fernando López, les avisaron que no podían seguir con el negocio y que se iban a declarar en quiebra. Posterior a conformase como cooperativa, y al ser una propiedad de la Iglesia Católica, ambas partes mantuvieron una audiencia el 12/11/2020, donde se dispuso dar continuidad a los contratos de locación, al igual que con los demás prestadores de servicios y proveedores.

En la actualidad son ocho los trabajadores que conforman la cooperativa, donde seis son mujeres jefas de hogar. Su presidenta dijo que tomaron la decisión de hacerse cargo de la confitería porque eso preferible «antes de quedarnos sin la fuente laboral» apenas iniciada la pandemia en el país.

Con la obtención de la matrícula, los cooperativistas asumieron todas las responsabilidades pertinentes sobre lo que significaba llevar adelante una empresa. En ese sentido, aseguraron que cumplieron con el pago del alquiler cada mes, y que una vez que caducó el contrato, iniciaron las negociaciones para una nueva renovación.

Incluso eran conscientes que dicha renovación podría incurrir en un aumento del pago mensual. Como así se dejó visto en la resolución de Muiños, donde se fijó un nuevo valor del alquiler, que pasó de $56.615 a $85 mil durante los primeros doce meses del nuevo contrato. «A partir del mes trece se incrementará un 50% y a partir del mes veinticinco otro 50%», se lee además en lo ordenado por el juez.

«Estamos dispuestos a pagar un poco más, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, ya que nosotros trabajamos y vivimos del día a día, pero tenemos como prioridad primera pagar el alquiler», dijo Choqui. Por lo que, pretendiendo llevar adelante un correcto proceso, los cooperativistas consultaron a cuatro inmobiliarias para que les presupuestaran el valor que correspondía al lugar, que quedó signado en un monto superior a los $100 mil mensual.

Las suposiciones

Todos los socios de la cooperativa no saben a ciencia cierta por qué existe tal negativa por renovar el alquiler, ya que en las audiencias compartidas se les dejó en claro que no era un problema económico. Pero en las últimas horas de ayer, una de las suposiciones apuntaba a que el lugar era completamente apto para que la confitería Encanto, que está en la misma manzana de la Catedral Basílica, sea traslada al lugar.

«No sabemos, estamos escuchando tras bambalinas, y no sabemos nada a ciencia cierta», precisó Oviedo. Pero llegado el caso que esa suposición sea verdadera, aseguraron que le parece «muy injusto» porque «nos quieren desalojar para poner familiares y conocidos de ellos. Nos resulta muy injusto», expresó la mujer.

Las cooperativas no descartan dicha suposición por la ubicación propia de la confitería y por la clientela que supieron ganar en más de 25 años de funcionamiento. En toda la provincia, el Arzobispado de Salta tiene 525 propiedades, que están catalogadas como establecimientos educativos, locales comerciales, templos, residencias, oficinas privadas y públicas, baldíos, entre otras.

Las mujeres recordaron que cuando asumieron la administración de la confitería contaron con el apoyo del Sindicato de Pasteleros de Salta que, a través de su titular Fabían Guerrero, les propiciaron los fondos para comprar los insumos y así, poner en marcha el negocio. Además, que sus familias y los propios clientes -a quienes describieron como incondicionales- también les ayudaron económicamente en los primeros meses, donde todo el país estaba sumergido en el Aislamiento Social (ASPO).

No es un capricho

Ambas mujeres se encontraban sentadas en una de las mesas de la confitería, desde donde podían mirar detenidamente la imagen de la Catedral Basílica de Salta, que ocupa toda una pared del lugar y que fue colocada por sus antiguos dueños. Oviedo miró la imagen y afirmó que toda la «situación es muy triste», sin dejar de lado que seguirán firmes en su reclamo, a sabiendas que se encuentran «en una lucha muy desigual».

«No es un capricho que queremos estar acá», manifestó. Y en ese sentido, aclaró que todos las maquinarias, muebles y demás artefactos que se encuentran en el negocio están embargados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a causa de la deuda de sus antiguos dueños. «Quedó una deuda importante en AFIP», que tiene que ver con impuestos, proveedores, servicios y alquileres.

Desde que empezaron a hacerse cargo de la empresa, han logrado pagar todos los gastos que ellos iban generando, pero aún mantienen una deuda anterior de más de 8 millones, hasta lo que sabían meses atrás. «Si nos sacan de acá, no tenemos nada para irnos a trabajar a otro lado», lo que significa que «nos quedaremos sin trabajo porque no tenemos la solvencia para empezar de nuevo», expresaron las mujeres.

Choqui dijo, además, que el Arzobispado nunca le dio la posibilidad de que los conozcan, y «de que sepan quienes somos y cuáles son nuestras ideas». «Lo que nosotras pretendemos es sólo trabajar y cumplir», expresó, por lo que recordó que al estar en un proceso judicial y con la supervisión del síndico, hicieron todo lo que se les pidió. En la confitería está «todo nuestro sacrificio, nuestro trabajo y lo mejor de nosotros, pero nunca nos dieron la posibilidad que nos conozcan», reiteró la presidenta.

Lo que sí destacó la mujer fue el trato que recibieron por parte de los representantes religiosos con los que mantuvieron contacto durante los meses de cobro del alquiler y las audiencias establecidas. «Hemos recibido cierto maltrato y enojo, lo veíamos ofuscados con nosotras y esa reacción no la entendemos», remarcó.

A modo de ejemplo, recordó que una de sus compañeras manifestó su tristeza ante los religiosos y les dijo que era creyente, y que, por lo tanto, no entendía el proceder del Arzobispado. «El administrador le dijo que entonces se cambie de religión», contó Choqui. «Yo soy creyente y creo en Dios, pero me da mucha pena que la Iglesia en que yo creo, donde fui educada, se tenga que ver manchada por la gente que la administra», expresó.

La presidenta prosiguió: «la Iglesia se ve manchada por gente que no sabe dar el culto, que profesa los valores de solidaridad, de cooperación, que critica a los gobernantes porque hacen sufrir a los pobres, pero ellos, ¿qué hacen? Nos hacen lo mismo», cuestionó. «No entiendo esa disparidad» cuando «en un momento dicen una cosa para quedar bien, pero después hacen todo lo contrario», manifestó. En octubre del año pasado, enviaron una carta al Papa Francisco, contando la lamentable situación.

Fuente: Salta/12