Diversos líderes indígenas solicitaron mayor participación en el planeamiento de las acciones del Acuerdo. En esta segunda conferencia del tratado regional se eligió al comité de expertos que vigilarán la ejecución en cada territorio.

“Los pueblos indígenas, afros y campesinos estamos aquí con un solo propósito: defender la vida. Y defender la vida es defender la Madre Tierra. Si defendemos la Madre Tierra estamos garantizando el derecho fundamental de la humanidad”, expresó María del Rosario Chicunque, lideresa indígena y defensora del Piedemonte colombiano. Su voz retumbó en el auditorio principal del hotel Libertador en Buenos Aires, sede de la segunda Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú.

A la intervención de la lideresa colombiana le siguieron voces de líderes de la amazonía peruana, del chaco argentino, de la selva hondureña, de la patagonia chilena. Ante el plenario, donde participaron delegaciones de más de 20 países, los defensores ambientales expusieron una misma necesidad: tener participación efectiva en las medidas de protección y justicia ambiental.

La reunión, realizada entre el 19 y 21 de abril, dio continuación a lo iniciado un año atrás en Santiago de Chile. Si bien se había establecido que las conferencias se llevarían a cabo cada dos años, en la capital chilena se decidió realizar una edición extraordinaria en 2023. El objetivo fue no dilatar la toma de decisiones en ciertos puntos de tal manera que la aplicación efectiva del Acuerdo comience lo antes posible.

¿Cuáles fueron los principales acuerdos?

Creación del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento

El Acuerdo de Escazú tiene una relevancia particular ya que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Este acuerdo busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

“Es importante básicamente porque plantea la prevención de un conflicto socioambiental. Y al eliminar un conflicto de este tipo, se protege una vida”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Las delegaciones de los 15 Estados Parte, aquellos países que han ratificado el tratado, se hicieron presentes en la capital argentina: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Asimismo, participaron como observadores, representantes oficiales de Colombia, Brasil, Costa Rica y Haití. Otros países, como Perú, no tuvieron ningún funcionario en la conferencia.

Uno de los puntos abordados fue la elección del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, el órgano que acompañará a los países en la implementación del acuerdo. Los Estados Parte fueron los encargados de elegir a los siete integrantes de esta nueva instancia: Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica), Andrés María Napoli (Argentina), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá).

Para la elección se tomaron en cuenta criterios de experiencia en la temática, distribución geográfica, paridad de género y trayectoria jurídica.

La COP2 fue también oportunidad para que países como Argentina, Chile, México y Ecuador compartieran los avances que vienen realizando en sus territorios. Como se recuerda, este acuerdo entró en vigencia en 2021, por lo que los adelantos exhibidos fueron principalmente de diseño del plan de implementación y diagnóstico de la situación.

Asimismo, se celebró la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias, con los aportes de México y Chile.

Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental, asume con expectativa la elección como parte del flamante comité. “Va a ser el día a día del Acuerdo”, comenta. El experto explica que, si bien este órgano tomará nota de lo que está pasando y emitirá recomendaciones a cada país, no tiene un carácter punitivo. “No es un tribunal”, apunta.

Entre las prioridades, Napoli pone a la consolidación del Plan de Acción de los defensores como el primer punto a abordar.

El Plan de Acción de Defensores Ambientales

Las intervenciones más potentes aparecieron cuando tocó abordar el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales. Se trata del instrumento que permitirá avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo, el cual establece que cada estado parte deberá garantizar un entorno seguro a las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales.

Este mecanismo tiene especial importancia, considerando que América Latina es la región más peligrosa para activistas ambientales, según Global Witness, organización que desde 2012 documenta este tipo de violencias.

En este punto del programa, las voces de los líderes y las lideresas indígenas presentes asumieron el protagonismo.

Como primer paso, el grupo de trabajo encargado de elaborar el Plan de Acción de Defensores Ambientales, anunció que durante dos meses (hasta el 21 de junio), la sociedad civil podrá revisar y observar el índice del Plan de Acción a través de la web PublicoEscazu.

Los defensores, sin embargo, cuestionaron los tiempos y la modalidad de esta consulta pública. Vanessa Torres, de Ambiente y Sociedad de Colombia, considera que es difícil que la consulta tenga un alcance efectivo si es que solo está disponible dos meses. Además, se hizo hincapié en que la baja conectividad de internet en zonas rurales, puede limitar una participación verdaderamente representativa. “El mecanismo público por el cual quieren consultar su plan de acción no permite la participación activa, efectiva y vinculante de los pueblos originarios”, expresó la abogada huilliche mapuche Orietta Llauca Huala.

“La consulta debe hacerse en forma presencial, no solo virtual. Que en las hojas de ruta se nos incluya a los pueblos indígenas, porque no venimos participando en la implementación”, agregó  Ariel Araujo, representante del Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano.

Agilio Semperi, líder del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) de Perú, enfatiza que la criminalización sufrida por los defensores lo impulsó a asistir a la conferencia. “Queremos que en este plan se considere una alerta temprana a los defensores, así como monitoreo y seguimiento para evitar los asesinatos”, señala. Otras sugerencias planteadas fueron medidas de prevención y reparación para las afectaciones de los defensores.

El borrador del Plan de Acción de Defensores Ambientales se armó teniendo como insumos el texto del Acuerdo y el primer Foro Anual de Defensores y Defensoras Ambientales realizado en noviembre en Quito. En su índice se establecen los ejes y acciones estratégicas que tendrá el plan. La consulta servirá para incorporar nuevas propuestas, como las expresadas por los representantes indígenas en esta cita.

En ese sentido, Torres instó que los Estados se unan en una campaña de promoción de las consultas del Índice del Plan de Acción de Defensores y Defensoras del Ambiente dado el corto plazo.

Por otro lado, en el plenario de la COP2, las defensoras pusieron sobre la mesa la necesidad de que el Acuerdo contenga una perspectiva de género.

Para Elaine Shajian, representante de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) en Perú, hace falta visibilizar los riesgos diferenciados que tienen las mujeres defensoras. “En los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres defendemos nuestro territorio. Por mucho tiempo nuestro trabajo no ha sido visibilizado”, sostiene.

En similar tono se pronunció la lideresa colombiana María del Rosario Chicunque, quien dijo que es necesario “reivindicar el rol de la mujer como defensora de la vida”.

Esta demanda encontró eco entre los seis Representantes Electos del Público y la delegación oficial de México, quienes elevaron la solicitud para que se aborde un Plan de Género en la agenda de la COP3, la cual se realizará en abril del 2024 en Santiago.

Desafíos para fortalecer la participación pública

En el inicio de la COP2, diversas organizaciones solicitaron ampliar la presencia de la sociedad civil en las mesas y el plenario. La brasileña Johara Marchezini, Representante del Público en el Acuerdo de Escazú, refiere que la acreditación a la conferencia fue difícil debido a la alta demanda. “Los cupos se terminaron en dos días”, cuenta.

Este hecho lo toma como un aprendizaje para la logística del próximo evento, pero a su vez subraya la necesidad de que se generen otros espacios de participación. “Porque la gente ve que la COP parece ser el único momento donde puede incidir sobre Escazú, y eso acaba generando una expectativa muy alta sobre la agenda”, apunta. Por ello, considera necesario que los países realicen mesas de diálogo con mayor frecuencia.

Dentro de los logros de la cita, Marchezini destaca la importancia de la elección del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo. La representante explica que este órgano no solo ayudará a los países en la implementación, sino que tendrá una relación estrecha con el público. “Cualquier denuncia, duda, consulta, la gente debe hacerla al comité”, precisó.

Para Napoli, miembro electo del Comité, los avances de la implementación del acuerdo en cada país deberán seguir una misma hoja de ruta establecida por la Secretaría Técnica del Acuerdo. “Escazú tiene que ser un proceso armónico, no una orquesta desafinada. Obviamente, hay países que tienen más violencia y habrá que atenderlos primero”, explica.

Los jóvenes también tienen demandas

Rostros jóvenes también poblaron las sesiones realizadas en el hotel Libertador, sede de la COP2. Representantes de distintos movimientos ambientales buscaron hacer sentir su voz. Para Federico Pellegrino, joven activista argentino de la asociación EcoHouse, resulta importante incorporar la visión de los jóvenes “por una cuestión democrática. Las decisiones que se están tomando hoy van a afectar principalmente a las generaciones futuras”.

Antes del cierre del plenario, María Campos (Perú) y Gabriel Concha (Chile), miembros de la Red de Juventudes de Escazú, tomaron el micrófono e hicieron llegar algunas propuestas a la Mesa Directiva. Entre ellas se destaca la creación de un Grupo Ad Hoc enfocado en las necesidades particulares de las juventudes para la promoción e implementación del acuerdo.

La participación juvenil tuvo su corolario con una movilización que recorrió el centro de Buenos Aires para visibilizar la importancia del Acuerdo. Una pancarta con el lema “Justicia ambiental es justicia social”, encabezó la marcha.

La Mesa Directiva cerró la conferencia con el deseo de que sumen más delegaciones como Estado parte en la COP3. La cita del 2024 en Santiago asoma con un punto fuerte en la agenda: la aprobación del Plan de Acción de los defensores y defensoras, una herramienta urgente para la región.

Fuente: Mongabay