Contaminación en la cuenca Arias-Arenales

Pese a las resoluciones judiciales y las acciones que surgen de Ciudad Judicial, las aguas son castigadas por incumplimientos públicos y privados. El saneamiento en manos del Ejecutivo sigue inconcluso.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales. El objetivo de la Unidad es la “protección y recomposición hídrica integral del área geográfica abarcada por la subcuenca» de estos ríos, en todo lo que tenga que ver con responsabilidad en lo civil, contravencional y penal.

La Unidad será acompañada en la parte técnica por expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), y se prevé la convocatoria para firmar convenios institucionales con las dos casas de altos estudios de la provincia, instituciones nacionales a cargo de la investigación química y del suelo, además del mismo CONICET.

“Es imposible saber qué puede cambiar a partir de esto y si puede tener un impacto en el saneamiento integral de la cuenca Arias-Arenales”, opinó el abogado Pedro Arancibia, quien representa a vecinos y vecinas del barrio Ceferino y otros aledaños a la ribera del río Arenales. Dicho grupo presentó en 2011 un recurso de amparo ante las pérdidas de sus pertenencias por una inundación sufrida aquel año.

Las aguas habían crecido no solamente por la falta de acondicionamiento de las canalizaciones, sino además por obras de una empresa privada que para tener más terreno privado decidió desviar el cauce natural. A ello sumaron denuncias de falencias en las acciones de la empresa Aguas del Norte, que terminaron por contaminar las aguas del río Arenales, que atraviesa la ciudad de Salta Capital.

En 2018, el entonces juez de Cámara Marcelo Domínguez (actual ministro de Seguridad de la provincia), resolvió un plan a corto, mediano y largo plazo con diversas acciones que debían establecerse. Y se conminaba a llevarlas a cabo a responsables de los ejecutivos provincial y municipal, Aguas del Norte, y a la empresa Marozzi, una de las señaladas por los vecinos en el proceso judicial.

Aunque Arancibia destacó como positivo la creación de esta Unidad Fiscal que tome las causas que involucran a la subcuenca, entendió que este espacio es diferente al de la Unidad Ejecutora que debía conformarse dentro del ámbito del Poder Ejecutivo para sanear el Arenales. Si bien por algunos momentos se vio alguna que otra acción, nunca fue sustentada en el tiempo y el río continúa con problemas a 13 años de presentado ese amparo, y a cinco de la resolución judicial que establecía los trabajos para hacer un manejo más sustentable de la subcuenca.

Arancibia recordó que actualmente hay una causa para impulsar la ejecución de la sentencia de 2018 que siempre se incumplió. No hay respuestas, incluso al pedido que elevaron él y otros abogados de los vecinos y vecinas con el fin de que las sanciones económicas por los incumplimientos se impongan directamente a los funcionarios que están a cargo de cumplir la sentencia y no lo hacen.

Una Unidad Ejecutora con 13 años

Ya en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, se había creado a través del decreto N° 3249 la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, que debía funcionar en el ámbito del desaparecido Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy convertido en una Secretaría bajo el ámbito del Ministerio de la Producción.

Además de poner un responsable de cada uno de los Ministerios de aquel año en esta Unidad, quienes conformaban el espacio debían realizar un diagnóstico de la situación ambiental y socioeconómica de la subcuenca, proponiendo acciones planificadas y elaborando proyectos piloto cuando fuera necesario; también estaba a su cargo elaborar el plan maestro de acción; implementar un programa de operaciones y mantenimiento de las obras e Infraestructura que se construyan; asesorar y proponer al Poder Ejecutivo todo tipo de acción vinculada con el fin de su creación, y elaborar un informe anual sobre el estado ambiental del Río Arenales y su cuenca, sugiriendo las estrategias de intervención diseñadas para mitigar o eliminar el daño ambiental y las actividades desarrolladas.

En línea similar a la Unidad Fiscal creada por García Castiella, esta Unidad Ejecutora podía solicitar “la colaboración y/o participación de universidades, organizaciones no gubernamentales y demás entidades de la sociedad civil de reconocida experiencia en la materia”.

No se conoce en qué quedó esa Unidad Ejecutora de la provincia y qué fue de los trabajos que debían realizar.

Mientras, abogados especialistas consultados por este medio indicaron que la Unidad Fiscal creada por la Procuración solo podría involucrar una prolijidad administrativa al interior del Ministerio Público Fiscal, dado que son diversas las causas judiciales que involucran a la subcuenca Arias-Arenales, que se encuentran dispersas.

Convenios institucionales

Los funcionarios judiciales que integrarán esta Unidad serán Federico Jovanovics, fiscal penal Nº 5, en la competencia penal y contravencional, y Rodrigo Erazo Schmidt, fiscal en lo Civil y Comercial Nº 1, en la competencia Constitucional, Civil y Contencioso-Administrativa. También se instruyó al secretario relator de Medio Ambiente e Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, a extender su ejercicio funcional actuando también como auxiliar fiscal y secretario letrado. Se instruyó a la técnica forense del Servicio Medio Ambiente, del Departamento Técnico Científico del CIF, Leonor Barrenechea, a actuar como asesora técnica directa de esta Unidad Fiscal, en las causas que resulten de sus competencias.

Se solicitó en el marco de los convenios de colaboración institucionales vigentes, la cooperación y asistencia técnica con la Unidad Fiscal Ambiental al Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), al Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), al Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña (CECRIM), estos tres de la Universidad Nacional de Salta. Se suma la gestión con el Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT) de la Universidad Católica de Salta.

También se solicitó su cooperación al «Programa Ciencia y Justicia» del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Salta/12