Crece la preocupación por los Glaciares en Argentina
La reforma de la Ley de Glaciares recientemente aprobada en Argentina abrió la puerta a la actividad minera en zonas antes protegidas. Genera alarma en sectores científicos, ambientales y sociales el posible impacto sobre las reservas estratégicas de agua.
La modificación de la ley 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial—sancionada originalmente en 2010— redefine los criterios de protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.
Hasta ahora, la normativa prohibía actividades como la minería en zonas consideradas reservas clave de agua dulce.
Con la reforma, el esquema cambia de manera estructural. Ya no todos los glaciares estarán protegidos, solo se conservarán aquellos con “función hídrica relevante”, y las provincias pasan a definir qué áreas se resguardan y cuáles pueden habilitarse.
Este giro implica que zonas antes intangibles podrían quedar disponibles para proyectos extractivos.
El trasfondo: minerales y geopolítica
El avance de la minería en estas regiones se vincula con un contexto global: la creciente demanda de minerales críticos como litio, cobre, oro y plata.
Argentina forma parte del llamado “triángulo del litio” y posee un alto potencial minero en la Cordillera de los Andes, lo que la posiciona como un actor estratégico en la transición energética.
Desde el gobierno defienden la medida como una oportunidad para atraer inversiones y aumentar exportaciones.
No obstante, el punto más crítico señalado por especialistas es el impacto sobre el recurso hídrico.
Y es que los glaciares cumplen una función central: almacenan agua en forma de hielo, la liberan de manera gradual y regulan cuencas en zonas áridas.
En Argentina, se identificaron casi 17.000 cuerpos de hielo que cumplen este rol estratégico. Organizaciones ambientales advierten que flexibilizar su protección podría poner en riesgo el abastecimiento de agua para unas 7 millones de personas.
Una ley que cambia de lógica
Uno de los cambios más cuestionados es el pasaje de un principio precautorio a uno condicionado. Antes se protegía el glaciar por definición. Ahora hay que demostrar que cumple una función hídrica para que sea protegido.
Este cambio, señalan especialistas, puede dejar fuera del resguardo a cuerpos de hielo que cumplen funciones ecosistémicas más amplias, no siempre visibles de forma inmediata.
Impactos posibles
El avance de la minería en zonas de alta montaña implica riesgos como contaminación de fuentes de agua, alteración de ecosistemas frágiles, afectación de biodiversidad y conflictos con comunidades locales.
Además, en un contexto de crisis climática, los glaciares ya están en retroceso, lo que amplifica la vulnerabilidad de estos sistemas.
La reforma no solo abre un frente ambiental, sino también político y social. El eje de la discusión vuelve a ser estructural: qué modelo de desarrollo se impulsa y quién asume sus costos.
Fuente: Mongabay Latam
