Después de recibir los aportes del Ejecutivo y de sectores de la producción, senadores se reunieron con referentes de comunidades originarias, organizaciones de la sociedad y del sector académico para analizar la propuesta. “Es una ley que nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Esperemos que tengamos el tiempo de estudiarla bien y perfeccionarla en el articulado que se pueda perfeccionar”, expresó Wayar.
Continuando con la ronda de análisis del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el Senado recibió este miércoles en reunión ampliada de las comisiones de Agricultura, Transporte y Ganadería y la de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, a referentes de comunidades originarias, organizaciones de la sociedad y de la facultad de humanidades de la Universidad Nacional de Salta.
La reunión fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Walter Wayar y Miguel Calabró, respectivamente, contando con la participación de los senadores, Mashur Lapad, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Dani Nolasco, Gustavo Carrizo, Alejandra Navarro, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Gonzalo Caro Dávalos, Carlos López, Luis Altamirano, Leopoldo Salva, Manuel Pailler, Sonia Magno y Leonor Minetti.
Asistieron, David Torres, de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina; Verónica Caliva, de Fundación entre Mujeres; Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades; Susana Aramayo, Abogada; Liliana López, cacique de la comunidad La Loma de Aguaray; Lucía Ibáñez y Amelia Zurita, de comunidades originarias de Salvador Mazza; Marianela Mena, abogada indígena del pueblo Ava Guaraní de Orán; Juan Barboza, docente de historia de la UNSa; Mónica Flores y Norma Naharro, de la facultad de Humanidades de la UNSa; Álvaro Arias Camacho, de A.L.F.A. (Asistencia Legal Formación y Alfabetización Jurídica); Luz Yáñez y Verónica Ardanáz, de Fundación Cebil.
Durante el encuentro, Caliva, Torres, Cari y Aramayo, coincidieron en requerir mayor participación de los pueblos originarios en los procesos de consulta. También se refirieron al cuidado del medio ambiente y dieron sus posturas en torno al impacto del OTBN en las comunidades. Mena puso de relieve las dificultades que se les presentan a los pueblos indígenas para acceder a información.
Los abogados Camacho y Yáñez se refirieron a la identidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas y dieron detalles de la judicialización en provincias como Chaco.
Desde la Facultad de Humanidades de la UNSa, los académicos, Barboza, Flores y Naharro, reflejaron el desacuerdo con sus pares técnicos que elaboraron el informe que llevó a la elaboración del nuevo mapa de OTBN, al considerar que la casa de altos estudios posee una heterogeneidad de pensamientos, prevaleciendo la perspectiva social en el sector que representan.
Aclararon que no buscan caer en la dualidad de conservación vs. producción, por entender que hay alternativas de producción, con el consentimiento de las comunidades.
A su turno el senador Cruz sostuvo que la consulta a la sociedad en general y a las comunidades originarias, en particular, es una práctica habitual de trabajo en el Senado y Wayar aclaró que el cuerpo tomará más tiempo para el análisis del proyecto. “Les dimos todo el tiempo que quisieron, creo que se fueron contentos. Es una ley que nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Esperemos que tengamos el tiempo de estudiarla bien y perfeccionarla en el articulado que se pueda perfeccionar”, manifestó.
Suspensión de desalojos
Otro de los temas puestos de manifiesto por las comunidades originarias tiene que ver con una decisión del gobierno nacional que atenta contra el sector.
Al respecto, López, Ibáñez y Zurita se refirieron al decreto 1083/24. Mediante el mismo, el presidente Javier Milei declaró el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160. Calificaron esta decisión como un avasallamiento puesto que habilita la posibilidad de desalojos, que hasta ahora estaban suspendidos.
En ese sentido, el senador Calabró anticipó la decisión del cuerpo de tratar a la brevedad una nueva prórroga, hasta diciembre de 2025, del artículo 9 de la Ley provincial 7.658, sobre suspensión de las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y disposiciones judiciales relacionadas con el desalojo, desocupación o modificación del estado de tierras ocupadas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.
